Denunciaron penalmente al grupo armado que agredió a manifestantes por la soberanía

Un grupo de abogados denunció al grupo armado que agredió a los manifestantes por la soberanía que se dirigían hacia el Lago Escondido. Los acusan de por Privación Ilegal de la Libertad y Atentados contra la Soberanía.

La presentación apunta a los individuos que ayer intimidaron con armas a los participantes de la 6° Marcha por la Soberanía, que coordina la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), amenazándolos de muerte y obligándolos a retroceder. Los manifestantes se vieron obligados a acampar en la cabecera sur del lago, en condiciones precarias que pusieron en riesgo la salud de algunos, entre ellos el conocido médico sanitarista Jorge Rachid. Rachid tuvo que se rescatado en un helicóptero privado, luego de que el juez Laurence denegara el habeas corpus presentado ante la justicia local para proteger la integridad de los manifestantes.

Los abogados Daniel Llermanos, Mario Filozof, Jorge Chueco, Rafael Resnick Brenner, Carlos Roble, José Salvatierra, Daniel Trava y Héctor José Rodriguez solicitaron que se investigue la comisión de los delitos mencionados arriba por parte de un grupo de «aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados» encabezados por Nicolás Van Ditmar, administrador de la empresa Hidden Lake perteneciente al magnate inglés Joe Lewis. Los letrados integran el Grupo de Abogados Solidarios.

El abogado de FIPCA, Sergio Cuestas, relató que el grupo de manifestantes se trasladaba por el camino de montaña que la propia empresa constituyó como servidumbre pública, por lo que la agresión se produjo en territorio de la provincia y no en propiedad privada. Cuestas también contó que los agresores amenazaron con hundirlos en el lago y comérselos a la parrilla. Estas amenazas fueron destacadas por la presentación de los letrados, quienes consideraron que «el maltrato y humillación que tuvieran que soportar los peregrinos, sobrepasó hasta la mente más perversa del nacionalsocialismo», según informó la agencia Télam.

En un artículo en el sitio Web de la Asociación Pensamiento Penal,  explica Paulo Pereira que la figura de privación ilegítima de la libertad puede constituirse sólo «con impedir, restringir o condicionar la facultad de movimiento o traslación de una persona, dentro de lo que se llama radio de acción deseado y derivado de la propia voluntad,aunque quede a disposición de la victima cierto grado de libertad ambulatoria».

La presentación del Grupo de Abogados también señala que los agresores estarían vinculados a las empresas del magnate inglés, cuyo poderío económico «no lo autoriza a ejercer el dominio sobre caminos y rutas públicas y mucho menos a emplear patotas de guardianes para tareas de carácter policial».

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