Cuarentena de clase

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Violencia institucional en nombre de la cuarentena: la policía salteña reprimió a trabajadorxs de un merendero; en Chubut, obligaron a desnudarse y hacer sentadillas a dos mujeres.

La actuación de las Fuerzas de Seguridad para asegurar el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio continúa amparando numerosos casos de arbitrariedad y violencia institucional; esos abusos se desarrollan principalmente contra sectores menos favorecidos de la sociedad.

Imagen compartida por el MTE Salta

Al sur de la ciudad de Salta, en el barrio 26 de marzo, funciona el merendero «Carita Feliz», impulsado por militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Desde el comienzo de la cuarentena, se tomaron medidas para evitar aglomeraciones que pudieran favorecer la propagación del coronavirus.

El decreto presidencial que estableció la cuarentena detalló una serie de excepciones a las restricciones impuestas en la medida; en particular, en el inciso 8 del artículo 6 se explicita que podrán circular las personas «afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos».

A pesar de la claridad de la norma, la policía de Salta irrumpió en el merendero y golpeó a personas que allí estaban preparando comida; según informó el MTE, el pretexto de los uniformados fue que había «mucha gente».  Una mujer quedó desmayada luego de la intervención de los efectivos, quienes se retiraron sin atenderla ni identificarse.

El comunicado emitido por el MTE señala que es importante «garantizar el alimento a los sectores más excluidos que no pueden trabajar como también garantizar altos niveles aislamiento social. El hambre no espera y las políticas de seguridad represivas del gobierno provincial con los sectores populares no hacen más que empeorar la situación».

En distintos puntos del país

En las redes sociales se difundieron diferentes videos dando cuenta de malos tratos y abusos policiales contra jóvenes de barrios populares; en varios de ellos se observa que los uniformados obligan a realizar «sentadillas» o saltos de rana, medidas completamente ajenas al objetivo que dice perseguir la acción de las fuerzas y que implican abusos sobre las personas.

Por otra parte, en el informe que publica periódicamente la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) destacan varios casos recientes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la cuarentena; entre ellos, mencionan la represión con balas de goma contra personas en situación de calle (ocurrida en Bahía Blanca), donde también detuvieron a un dirigente del MTE que intentó detener la brutalidad; en La Pampa, en tanto

En Chubut, dos mujeres denunciaron que fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas, lo que constituye un castigo ilegal y un acto de violencia sexual. Cabe señalar que ese tipo de abusos son moneda corriente en la represión que ejerce Carabineros en Chile, en el marco de las protestas populares iniciadas el 18 de octubre pasado. El hecho ocurrió en la Comisaría Tercera de Puerto Madryn.

La situación contrasta con la de empresarios que violaron la cuarentena, como el caso de Gustavo Nardelli, quien fue encontrado dos veces -primero en un yate y luego en un vehículo de alta gama- ignorando las restricciones establecidas por el gobierno para mitigar los efectos de la expansión de la pandemia. Existen, además, numerosas denuncias de empresas que obligan a sus empleadxs a prestar servicios, pese a no estar encuadradas en las excepciones previstas y sin brindar las condiciones que se requiere para proteger la salud de lxs empleadxs.

En los sectores populares, existen muchas circunstancias que tornan inviable el cumplimiento de las restricciones, sea por las condiciones habitacionales o por la imperiosa necesidad de trabajar para obtener recursos para alimentar a sus familias.

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