Continuidad represiva

Download PDF

El testimonio de dos militares fue clave para fortalecer la versión de que al menos dos participantes de la toma del cuartel de La Tablada fueron detenidos con vida y luego desaparecidos por las fuerzas de seguridad. Las declaraciones se realizaron en el marco del juicio que investiga la desaparición y el asesinato de José Díaz, uno de los militantes que intervino en la toma mencionada.

Un ex general condenado por delitos de lesa humanidad, un involucrado en los asesinatos de diciembre de 2001 y Alberto Nisman, aparecen implicados en las desapariciones de militantes del MTP ocurridos durante la recuperación del cuartel.

Imputados con antecedentes

El ex General Alfredo Arrillaga fue condenado a prisión perpetua en el año 2016 por haber cometido  privación ilegal de  la libertad y torturas contra perseguidos políticos, entre otros crímenes de lesa humanidad.

Arrillaga y Nisman

El ex teniente coronel Jorge Varando disparó en dirección a los manifestantes que protestaban el 20 de diciembre de 2001 en inmediaciones de la Plaza de Mayo; estuvo procesado por «abuso de armas», pero la causa prescribió. Varando trabajaba en el área de seguridad del banco HSBC en aquel momento.

Estas dos personas, y el fallecido fiscal Alberto Nisman -por entonces Secretario del Juzgado de Morón, quedaron involucrados en la desaparición de al menos dos de los militantes que participaron en el copamiento.

Copamiento, represión y violaciones a los Derechos Humanos

En la madrugada del 23 de enero de 1989,  un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) había tomado mayor parte del cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº3 en La Tablada. En la acción militar para recuperar la unidad mencionada, numerosos testigos denunciaron la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos, en muchos casos con relatos que coinciden con evidencias aportadas por fotos y filmaciones.

La denuncia por dichas violaciones fueron presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que encontró que «el Estado faltó a su obligación de investigar de manera exhaustiva, imparcial y concluyente las graves denuncias de violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana». (Ver CIDH)

Cabe señalar que la CIDH enmarca su investigación teniendo en cuenta que quienes realizaron el copamiento sabían que se exponían a la represión por parte de las fuerzas del Estado y que la misma podía efectivizarse con medios muy superiores a los que contaban los militantes del MTP; sin embargo, esto no exime a las partes de cumplir con convenios internacionales de Derechos Humanos y es independiente de la valoración de las motivaciones del enfrentamiento.

Ruiz y Díaz
Ruiz y Díaz, vivos, detenidos y apuntados en La Tablada

A partir de los elementos que logró reunir, la comisión concluyó que «el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4, (…), respecto de Carlos Alberto Burgos, Roberto Sánchez, Iván Ruiz, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Pablo Martín Ramos, y Ricardo Veiga».

El organismo internacional recabó numerosos elementos para extraer esas conclusiones. Por ejemplo, verificó que la cantidad de heridas comprobadas en varios de los militantes detenidos se incrementó sustancialmente durante el tiempo que estuvieron bajo «control exclusivo de agentes del Estado argentino»; también reunió dictámenes de diversas fuentes que evidenciaron la existencia de «vejaciones» contra los militantes ya detenidos y bajo exclusiva responsabilidad de funcionarios del Estado, pese a lo cual no se realizó ninguna investigación seria ni sobre las denuncias ni sobre las evidencias. En ese sentido, la CIDH señaló que la responsabilidad de esclarecer la situación es del Estado.

Hay una fotografía que se publicó en numerosos medios en la que se ve a Iván Ruiz y José Díaz caminando con las manos en alto, seguidos de un oficial que los apunta con un arma. El ejército explicó esa imagen asegurando que los dos militantes habían logrado escapar en condiciones inverosímiles: en ese relato, Ruíz y Díaz asesinaron al militar que los transportaba y huyeron del cuartel; esa versión fue la que presentó el Estado argentino ante la CIDH.

Fue a instancias del trabajo de la CIDH que la Corte Suprema y la Cámara de Casación Penal resolvieron la reapertura de las causas por fusilamientos en La Tablada y por la comisión de «graves delitos de lesa humanidad».

En el año 2000 se confirmó que uno de los cuerpos sin identificar encontrados en el cuartel correspondía a Iván Ruiz, lo que desacredita el relato militar. Ahora, en primeras jornadas del juicio por las desapariciones, quedó en evidencia que al menos Ruiz y Díaz fueron apresados con vida y luego desaparecidos.

El ex sargento José Almada confirmó declaraciones que ya había realizado en 2004, según las cuales presenció que dos militantes habían sido detenidos en la guardia y luego trasladados al fondo del cuartel, donde fueron interrogados y torturados. Esos militantes eran José Díaz e Iván Ruiz, y quien estaba a cargo del interrogatorio era Jorge Varando.

Pero hubo un testimonio novedoso: el de César Ariel Quiroga -que manejaba una ambulancia que entraba y salía del cuartel durante las acciones-. Quiroga aseguró que fue obligado a firmar una declaración afirmando que había trasladado en el vehículo a dos personas heridas, lo que daba sustento a la versión de la fuga de Ruiz y Díaz; ahora, 30 años después, decidió manifestar que ese testimonio había sido fraguado, escrito por otras personas y sin que tuviera que ver con lo que él realmente vio. El acta en la que Quiroga asumió el relato encubridor se plasmó en sede judicial, ante el entonces secretario Alberto Nisman.

About ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación

View all posts by ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación →

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *