Colombia: masacres al amparo de la indiferencia internacional

En Colombia continúan los crímenes contra defensorxs de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y firmantes de la paz, ante la inacción de los organismos internacionales y la escasa cobertura mediática.

El 28 de marzo último 11 personas fueron asesinadas por el ejército colombiano en Bajo Remanso, en Puerto Leguizamo, municipio ubicado junto al río Putumayo y cercano a la frontera tripartita con Perú y Ecuador. 

La versión oficial fue que habían “neutralizado a 11 disidencias de las FARC”, en alusión a los grupos de ex integrantes de dicha organización que conformaron otros grupos armados; el propio presidente Iván Duque defendió el operativo, asegurando que se habían cumplido con los protocolos de uso de la fuerza . En la misma declaración el mandatario aseguró que se habían capturado a 4 personas. Ni siquiera esa afirmación resultó real, ya que la fiscalía informó que no hubo detenciones.

Un grupo de periodistas de diversos medios (El Espectador, Vorágine y Cambio) recogió diversos testimonios en el lugar que dejaron en claro que la escena del ataque había sido contaminada y que los disparos cayeron sobre pobladores civiles que participaban de un evento para recaudar fondos. Respecto del comienzo de la balacera, varios testigos coincidieron en que hubo presencia de militares disfrazados de guerrilleros. Entre las personas asesinadas está el presidente de la Junta de Acción Comunal de Remanso, Divier Hernández Rojas, y su pareja Ana María Sarrías, quien estaba embarazada de 2 meses; un joven de 16 años cuyo cadáver fue luego manipulado, al que habrían colocado un fusil para simular que era un combatiente;  y el gobernador indígena del resguardo de El Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche.

El medio Mongabay publicó una carta escrita a mano por integrantes de la comunidad en la que denuncian que el ataque fue realizado por el Ejército colombiano.

El asesinato de Panduro se suma a decenas de otros crímenes de defensorxs de derechos humanos, líderes y lideresas sociales perpetrados en los últimos meses y que, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia han sido 43 personas entre el 28 de diciembre de 2021 y el 25 de marzo de este año.

 

Infografía de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas

La masacre de Bajo Remanso no es un hecho aislado. Los asesinatos de civiles presentados como si fueran combatientes guerrilleros ya suman más de 6400 desde el año 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz que posibilitaron el fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos hechos se encuentran bajo investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo judicial creado en el marco de los acuerdos de paz y que entiende en la administración de justicia respecto de delitos cometidos en el marco del enfrentamiento armado.

Lejos de aplacarse, la acción criminal de agentes del Estado se ha ido incrementando.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en los primeros 3 meses del año se produjeron en Colombia 48 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y hubo 94 muertes en masacres. Esas cifras superan a las registradas en igual período del año pasado (42 y 84 respectivamente).

Los crímenes a manos de agentes del Estado apuntan particularmente contra el proceso de paz, lo que se revela en los numerosos asesinatos de ex combatientes que firmaron el acuerdo en cuestión.

El 8 de abril apareció muerto Yorleys Antonio Beltrán Ramos, de 31 años. Con él ya son al menos 12 los ex integrantes de la guerrilla asesinados en lo que va del año.

Según el reporte de la Misión de la ONU referido más arriba, desde la firma del tratado hasta marzo de este año hubo 315 asesinatos de firmantes, 89 intentos de homicidio y 27 desapariciones.

Estos crímenes de Estado se produjeron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde son frecuentes la represión a las protestas sociales, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas en el marco de esa represión, las torturas y tratos crueles en operativos policiales. El informe anual de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, publicada el 22 de febrero último, revela que el organismo recibió 100 denuncias de “privaciones arbitrarias de la vida” en las en las que participaron agentes de la fuerza pública; en el mismo documento, la entidad también recibió 202 denuncias de asesinatos y 1.116 alegaciones de amenazas y agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos.

A pesar de estos hechos, ni los Estados Unidos ni los órganos supranacionales han pedido sanciones contra Colombia.

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