Chaco: protesta contra la violencia policial

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Familiares de las personas agredidas por efectivos policiales e integrantes de las comunidades indígenas marcharon hoy hasta la comisaría N°3 de Fontana, localidad vecina a la ciudad de Resistencia.

Imagen compartida por Barranquerasonline.com.ar

La protesta se realizó luego de que los 4 policías imputados por la agresión contra una familia qom fueran liberados por disposición de la jueza Rosalía Zózzoli.

La movilización tuvo como principales consignas “La desigualdad es la pandemia”, “Basta de abuso policial y judicial” y “Justicia para los pibes de Fontana”, desarrollándose de manera pacífica y respetando los protocolos de bioseguridad.

El 31 de mayo pasado, un grupo de efectivos de la Comisaría 3° de Fontana ingresó violentamente a la vivienda de la familia qom Fernández-Saravia, produciendo lesiones y profiriendo amenazas contra  habitantes de la vivienda. Diversos testimonios dan cuenta también de vejaciones y malos tratos en la comisaría .

Por los hechos fueron imputados los policías Cristian Foschiatti, Orlando Cabrera, Cristian Flores y Cristian Benítez, inicialmente acusados por «allanamiento ilegal y vejaciones». Días atrás, la magistrada aceptó el pedido de la defensa, otorgándoles la prisión domiciliaria a todos.

Los acusados habían sido detenidos recién 9 días después del hecho. Posteriormente, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se había solicitado la ampliación de la imputación, al haber observado que se habían realizado maniobras de encubrimiento.

El Comité de Prevención de la Tortura de la provincia se presentó como querellante en el caso. En esa condición, solicitó en su momento que la causa se caratulara como «Allanamiento ilegal en concurso real con privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas físicas, psíquicas y sexuales». Además, pidió que se imputara a otros agentes, ya que de la evidencia recolectada se conoció la participación de más personas y se determinó que se habían producido otros allanamientos.

A pesar de esas presentaciones, la jueza de garantías concedió la prisión domiciliaria de los uniformados, manteniendo la calificación de «allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones».

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