Caso Rafael Nahuel: Un tribunal al servicio de la mirada oficial

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La Sala III de la Casación anuló el fallo de la Cámara Federal de Roca que había dispuesto la prisión preventiva del efectivo sindicado como autor material del asesinato de Rafael Nahuel.

El tribunal formado por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani calificó de «arbitrario» al fallo que había ordenado la prisión preventiva del cabo de Prefectura (PSA) Francisco Javier Pintos como acusado por homicidio agravado. Los jueces cuesitonó que la Cámara Federal de General Roca hubiera descartado las conclusiones de la pericia realizada por Gendarmería Nacional que sostenía la duda sobre el origen del disparo que mató por la espalda al joven Rafael Nahuel.

Con la decisión de Casación, queda en firme el fallo dictado por el Juez Leónidas Moldes, que procesó a Pintos y otros integrantes del Grupo Albatros de la PSA por «exceso en el ejercicio de legítima defensa». En ese sentido, el tribunal adhirió a la hipótesis del «enfrentamiento» con grupos mapuches, mencionando las comunicaciones por WhatsApp entre los uniformados y sin considerar la ausencia de pruebas materiales. En definitiva, los jueces adhirieron al mandato del Ministerio de Seguridad de dar «carácter de verdad» a la versión de los efectivos.

Precisamente, la decisión anulada había sopesado la existencia de otra pericia realizada por expertos de renombre y que había concluido que la bala que causó la muerte de Nahuel partió del subfusil modelo MP5 asignado a Pintos, descartando los resultados del estudio de Gendarmería por tratarse de una fuerza bajo el control del mismo Ministerio que había tomado partido en el caso; ese argumento fue desestimado por Casación. Cabe señalar que se han planteado serias objeciones al informe que relativizó la responsabilidad del cabo de la PSA, ya que habría omitido pasos técnicos básicos que hubieran conducido a similares resultados que el dictamen de los expertos civiles.

Algunos antecedentes del tribunal

La misma Sala, con la misma composición, había favorecido parcialmente con el «2×1» al represor Antonio Vañek, condenado por robo de bebés durante la dictadura. El fallo fue dictado en noviembre de 2016.

Catucci y Riggi formaron, junto a Juan Carlos Mahiques, el tribunal que absolvió a Carlos Menem en la causa que se le seguía por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia; el argumento de los magistrados fue la demora en que se dictara sentencia firma. Esa misma formación fue la que ordenó que Luís D’Elía volviera a la cárcel por la ocupación de una comisaría en 2004, hecho ocurrido en el marco de una protesta por el asesinato de un militante social.

El medio En Estos Días repasó los antecedentes de Riggi: fue nombrado Juez en 1978, en plena dictadura militar; anteriormente había tenido un cargo en la Cámara creada por el dictador Lanusse en 1971. Llegó a integrar la Cámara de Casación de la mano, casualmente, de Carlos Menem. Estuvo acusado por su rol en el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra.

Gemignani tuvo traspiés de otro tipo en el pasado reciente: fue sancionado por haber retenido contra su voluntad y maltratado a la Secretaria de Tribunal Amelia Expucci. El Consejo de la Magistratura le aplicó un descuento de su sueldo del 35%, a modo de multa, como única sanción ante ese grave hecho.

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