La policía jujeña allanó hoy viviendas y comederos de distintas organizaciones sociales de esa provincia. El fiscal actuante las acusa de «asociación ilícita». Hubo acciones similares en otros puntos del país.
El fiscal Diego Ignacio Funes, de la fiscalía especializada en delitos económicos y contra la administración pública N°2, ordenó el allanamiento de las viviendas de más de una docena de referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, el MTR 12 de Abril y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. La misma medida fue dispuesta contra merenderos y cooperativas de los mismos colectivos.
Las organizaciones afectadas abarcan un abanico político muy amplio, algunas vinculadas al oficialismo nacional y otras de perfil fuertemente opositor. No obstante, todas ellas han participado en numerosas actividades de protesta contra el gobierno provincial que encabeza Gerardo Morales.
Funes ordenó la requisa de los teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de memoria y demás recursos que estuvieran en uso por cualquiera de las personas que imputó en los que pudiera haber documentación referida a los planes «Potenciar Trabajo». El funcionario fundó sus decisiones en que las personas imputadas habrían amedrentado a otras «en horarios y fechas a establecer» para que participaran en marchas y abonaran una cuota periódica.
La vaguedad de los hechos relatados no fue óbice para que el fiscal las caratulara como parte de una hipotética asociación ilícita. Cabe señalar esta última es una figura penal que en muchas oportunidades sirvió de cobertura para la persecución política. En ese sentido puede mencionarse lo señalado en su momento por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, en referencia a su ). También la abogada y legisladora del FIT-U, Miriam Bregman, que la «asociación ilícita» es una figura creada a comienzos del s. XX «para perseguir a las organizaciones de trabajadores».
No es un caso aislado
Los numerosos allanamientos ordenados en Jujuy ocurrieron apenas horas después de que un comedero y varias viviendas de militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fueran allanados en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el diputado nacional y referente de ese sector, Juan Carlos Alderete, vinculó las medidas con la campaña desatada por «sectores reaccionarios de la derecha macrista» intentando demonizar a las Organizaciones Sociales.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que se está ante «un contexto de persecución hacia los movimientos populares», por lo que se declararon en «estado de alerta».
Por su parte, el referente del MTE Juan Grabois a los allanamientos en CABA, provincia de Buenos Aires y Jujuy como «lawfare contra los pobres».