Bolivia: licencia para matar

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El gobierno golpista de Bolivia emitió un decreto declarando «exentos de responsabilidad penal» a militares que actúen en la represión.

El rol de FFAA en el golpe boliviano: una de las primeras fotos luego de la autoproclamación de Añez.

El Decreto Supremo emitido por la autoproclamada presidenta del país consagra la intervención de las Fuerzas Armadas en la «conservación del orden público», y posibilita que las mismas «emplearán todos sus medios y los que puedan ser adquiridos».

El texto establece en su artículo 3 que el personal de las FFAA que participe en los operativos represivos «estará exento de responsabilidad penal cuando actúen en legítima defensa o estado de necesidad». De esta forma, los dirigentes golpistas pretenden otorgar inmunidad a cualquier abuso que -en situaciones normales- significase el procesamiento penal de los efectivos.

La medida fue firmada el mismo día en que la represión causó más de 6 muertos y 115 heridos en Sacaba, Cochabamba.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, advirtió que el decreto firmado por la presidenta autoproclamada de Bolivia y su gabinete «desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH». El organismo calificó de «grave» al contenido del Decreto, señalando que ese tipo de normas contravienen «la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH».

Luego de la masacre de Sacaba, la misma entidad internacional había expresado su condena al «uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cochabamba»; según expresó en su cuenta oficial de Twitter, la CIDH instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), constatando sólo ese día que «hubo por lo menos 22 personas heridas, 5 personas fallecidas atingidas por balas y3 periodistas agredidos en ejercicio de su profesión».

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