Advertencia de la ONU al gobierno por manipulación del poder judicial

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El oficialismo macrista siempre presumió de respetar las instituciones y de valorar la independencia judicial. A la luz de una carta de la ONU, repasamos las acciones del gobierno saliente para formatear al Poder Judicial de acuerdo con sus necesidades.

Un órgano de las Naciones Unidas envió una carta al gobierno de Macri pidiendo respuestas ante las informaciones que sugieren que en su mandato hubo un plan sistemático «de Amedrentamiento del Poder Judicial en la República Argentina».

La ONU advirtió a Macri

El texto lleva la firma del peruano Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogado; allí se enumeran diversos hechos que fueron denunciados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que ponen en tela de juicio la declamada independencia del poder judicial: la conformación de una mayoría política del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, la designación por decreto de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la persecución sobre la ex Procuradora General de la Nación -Alejandra Gils Carbó- y el polémico traslado de jueces favorables al gobierno a posiciones clave, son algunos de los hechos mencionados en la misiva.

Justicia a medida

La conformación en el Consejo de la Magistratura de una mayoría afín al gobierno le permitió que ese órgano formateara la estructura de la Justicia Federal, ubicando en posiciones claves a magistrados cercanos al oficialismo y activando recursos en contra de los jueces que hubieran emitido fallos contrarios a los intereses de la gestión macrista.

Gracias a los oficios del Consejo, Juan Manuel Culotta quedó a cargo de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Fue designado directamente por el cuerpo para reemplazar a Servini de Cubría. Culotta es un egresado del colegio Cardenal Newman, al igual que Macri, Frigerio, Prat Gay y otros funcionarios y referentes afines al oficialismo; además, se lo sindica como amigo personal de Juan Pablo Cusellas, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia (y él mismo egresado de la misma institución educativa).

Una justicia a la carta

Carlos Mahiques pasó de ser Juez de Cámara Nacional, a integrar el gabinete de María Eugenia Vidal, para luego terminar en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo órgano judicial penal del país. De esta forma, un magistrado claramente alineado con el gobierno saltó a una posición clave del Poder Judicial sin necesidad de haber concursado para el mismo, ni contar con la aprobación del Senado, y obviando las diferencias en las competencias entre su cargo anterior y el nuevo.

Los vínculos de Mahiques con el macrismo no termina en su rol como funcionario: sus hijos Juan Bautista y Esteban también están fuertemente relacionados con el oficialismo: el primero integró el Consejo de la Magistratura en representación del gobierno y ahora es Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, y el segundo se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial (Ministerio de Justicia de la Nación).

Otro caso mencionado en la carta de García-Sayán es el de Leopoldo Bruglia, quien llegó a la Cámara Federal de la Capital Federal mediante el mecanismo de traslado, obviando el concurso y la aprobación del Senado. Aunque no está mencionado en el texto del Relator, a esa Cámara también llegó -por idéntico procedimiento- Pablo Bertuzzi. De esa forma, la Sala I del alto Tribunal quedó con dos de tres miembros designados a gusto del oficialismo actual. No puede dejar de señalarse que en manos de estos magistrados están causas de gran interés político, como la de la llamada «Cuadernos».

Castigo por fallos molestos

Según las informaciones recibidas por el Relator, el gobierno habría actuado contra magistrados del fuero laboral cuyos fallos contrariaron a las intenciones oficiales.

Luís Arias, entonces Juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, resolvió en contra del dictado de conciliación obligatoria dispuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal para forzar a los sindicatos docentes a levantar una medida de fuerza. El mismo magistrado se había pronunciado contra la aplicación de los tarifazos en toda la provincia. Finalmente, fue destituido mediante un Jury de enjuiciamiento impulsado por las autoridades bonaerenses. Según manifestó la Comisión Provincial de la Memoria, los hechos por los que fue enjuiciado «no constituyen causales previstas para el proceso de enjuiciamiento de magistrados».

La Jueza Nacional del Trabajo Dora Temis fue acusada por funcionarios del gobierno de tener «intencionalidad política» por haber hecho lugar a una presentación de un sindicato docente de CABA exigiendo la convocatoria a negociaciones paritarias.

Al gobierno no le gustó que los jueces Enrique Arias GIbert y Graciela Marini hubieran resuelto que los bancos extranjeros debían cumplir con el acuerdo salarial firmado entre la Asociación Bancaria y dos de las cámaras del sector (Bancos públicos y bancos nacionales). En consecuencia, el Ministerio de Trabajo solicitó la destitución de los magistrados.

Algo similar ocurrió con los integrantes de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Luis Raffaghelli y Diana Cañal, quienes habían hecho lugar a la presentación de trabajadorxs de la AFSCA (reconvertida en ENACOM por decreto) que denunciaron haber sido despedidos por su filiación política.

También sufrieron hostigamientos mediáticos y denuncias ante el Consejo de la Magistratura los magistrados Martina Forns y Carlos Rozansky.

Los fiscales tampoco se salvan

La fiscal Gabriela Boquín frenó el acuerdo entre el Grupo Macri y el Estado por la deuda del primero por la gestión del Correo Argentino; la funcionaria consideró que la propuesta empresarial era «abusiva». Por el mismo hecho, el fiscal Juan Pedro Zoni imputó al propio presidente Macri y a otros funcionarios del gobierno nacional por la posible comisión de un delito en la tramitación del acuerdo.

El gobierno intentó desplazar a Boquín de su función, para lo cual contó con una campaña de prensa desprestigiándola, incluyendo manifestaciones descalificatorias de parte de Pablo Tonelli, quien integra el Consejo de la Magistratura en representación del oficialismo.

En el caso de Zoni, el Procurador General Interino, Eduardo Casal, lo desplazó a otro cargo, lo que permitió que la tarea de investigar al presidente cayera en Gerardo Pollicita… quien fue parte de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors cuando Mauricio Macri presidía ese club. El traslado quedó en suspenso por decisión del juez Lavié Pico.

Aunque no figuran en el documento de la ONU, podrían contabilizarse también los intentos de desplazar a Federico Delgado y Sergio Rodríguez, contra quienes se inició una causa luego de que tomaran declaración a un arrepentido en la causa Odebrecht, cuyo testimonio podía poner en la mira al titular de la AFI, Gustavo Arribas.

La embestida contra Ramos Padilla

Uno de los casos más evidentes del mecanismo de presión del gobierno macrista sobre los jueces es el de Alejo Ramos Padilla. El Juez Federal de Dolores investiga un entramado de espionaje ilegal, extorsiones y operaciones mediático-judiciales que puso en la mira a funcionarios judiciales, periodistas, espías y salpica a altos referentes politicos. El propio Macri descalificó al magistrado en entrevistas televisivas, al tiempo que impulsó (de la mano de Juan Bautista Mahiques) un intento de remoción a través del Consejo de la Magistratura.

El pedido de la ONU

El Relator considera que «las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata»; en consecuencia, instó al gobierno argentino a dar respuesta -entre otros temas- acerca de las medidas que hubiera adoptado para asegurar la independencia de los jueces y del Consejo de la Magistratura, y para evitar que la Comisión de Disciplina de ese órgano funcione «como una instancia para sancionar a magistrados y magistradas en razón de las sentencias que hayan dictado».

La respuesta oficial debe darse dentro de los 60 días, plazo en el cual se producirá el cambio de gobierno. Habrá que ver si la gestión de Alberto Fernández toma las observaciones del Relator y adopta medidas que verdaderamente apunten hacia la independencia y democratización de la Justicia Argentina.

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