A un año del asesinato de Rafael Nahuel, el juez vuelve a atacar a los mapuches

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No hay detenidos por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido hace un año. En cambio, el juez pidió la captura de dos jóvenes mapuches.

Rafael Nahuel
Hace un año asesinaban a Rafael Nahuel

Se cumple hoy un año del asesinato de Rafael Nahuel, quien murió por un disparo de un arma de 9mm durante la represión efectuada por efectivos de Prefectura. No hay ningún detenido por ese crimen; en cambio, el juez Leónidas Moldes pidió la captura internacional de Fausto Jones Huala y Lautaro González, los mapuches que trasladaron a Rafael cuando ya estaba herido para pedir que lo auxiliaran.

En noviembre del año pasado, la Lof Lafken Winkul Mapu ocupó un terreno ubicado sobre el lago Mascardi, el cual reclaman como parte de sus territorios ancestrales. El juez Gustavo Villanueva, subrogante en el Juzgado Federal de Bariloche,  ordenó el desalojo de la comunidad, operativo que estuvo a cargo de la Policía Federal y del grupo Albatros de la Prefectura Naval.

El 23 de noviembre los efectivos reprimieron a la comunidad, llevándose detenidos a varios comuneros, e incluso trasladando a 5 niños.

Dos días después, en el marco de nuevas operaciones contra la comunidad que aún se encontraba en la zona, Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro por la espalda. Se sabe que hubo seis efectivos de la Prefectura que persiguió a un grupo, disparando con armas de fuego en numerosas oportunidades.

Jones Huala y González fueron detenidos inmediatamente. Fueron liberados unos días después, pero esa decisión fue revocada recientemente a instancias de la fiscal Silvia Little, una funcionaria que siempre actuó en función de la hipótesis oficial.

El gobierno, y los medios que ofician como parte de la campaña de instalación de enemigos internos, sostuvieron desde el principio que el crimen se había producido en el contexto de un enfrentamiento. El lento desarrollo de la causa no aportó elementos contundentes en favor de esa hipótesis; en cambio, hay numerosa evidencia de que los uniformados dispararon en numerosas oportunidades, ya que en la primera inspección ocular hallaron más de 30 vainas de 9mm.  Cinco Albatros tenían restos de pólvora en las manos, lo que no se encontró en Rafael Nahuel. Es cierto que se encontraron sustancias compatibles con disparos en las manos de Jones Huala y González; sin embargo, la cantidad hallada no es concluyente, lo que fue observado por los abogados de parte.  Tampoco se encontraron evidencias de que se hubieran producido disparos desde arriba hacia abajo, concordantes con la ubicación de los mapuches respecto de los prefectos que los perseguían.  Ni siquiera los testimonios de los prefectos fueron contundentes respecto del supuesto enfrentamiento, que sólo fue asegura

Los indicios llevaron hacia el cabo primero Francisco Javier Pinto como autor del disparo mortal, según consignó en junio pasado el periodista Santiago Rey en el portal En Estos Días. Sin embargo, el juez Villanueva nunca ordenó su detención y -en cambio- fue permeable a los pedidos de los abogados del Albatros, por lo que dispuso nuevas pericias sobre la bala que mató a Rafael, tomando en consideración testimonios de otros prefectos.

El martes pasado, Villanueva dejó el cargo que subrogada, ya que Leónidas Moldes retomó su puesto como Juez Federal de Bariloche. Moldes no avanzó en la resolución del crimen del Estado; en cambio, emitió una alerta roja para volver a detener a Fausto Jones Huala y a Lautaro González.

La prensa preparó el terreno

A poco de que la comunidad se asentara en el lugar, comenzó una verdadera campaña de prensa vinculándola a la ubicua RAM y -con ello- sentando las bases para justificar la violencia estatal. La Nación hablaba de un predio «tomado por la RAM», Infobae titulaba que «se extienden las tomas de grupos vinculados a la RAM», mientras que un artículo de Clarín señalaba la supuesta preocupación del gobierno por «nuevos atentados» de parte de la entidad mencionada; en paralelo, numerosas publicaciones replicaron estas miradas, alineadas con la versión del gobierno.

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