Otro ladrillo en la pared

La policía se movilizó contra comunidad wichi
Download PDF

Embarcación, Salta: el Estado ampara hostigamiento y expulsión de comunidad indígena de sus tierras ancestrales.

Como lo denunciaron numerosas organizaciones el año pasado, las comunidades indígenas sufren la agresión cada vez más profunda de parte del Estado. Ese cuadro se expresó recientemente en territorios mapuches, y ahora se evidenció en el norte salteño.

La policía se movilizó contra comunidad wichi

Estudiantes y docentes de la UNSa revelaron el desprecio y la usurpación que sufre una comunidad wichi en el norte de Salta.

En Embarcación, Departamento San Martin de la provincia de Salta,  la comunidad wichi de El Tránsito se topó con una pared que les impide el acceso a tierras que usan ancestral y actualmente.

Una médica, Analia Cinchán, asegura ser propietaria de esas tierras.

Autoridades de la Comunidad se acercaron el viernes pasado a un grupo de docentes y estudiantes que intervienen en un proyecto de extensión de la Universidad de Salta dirigido a realizar “acciones de fortalecimiento” de los pueblos originarios. Les contaron la situación referida, ante lo cual se dirigieron al lugar para verlo por ellos mismos.

Allí constataron los malos tratos de parte de la médica, quien además acusó a los universitarios de “agitar” en el conflicto. En palabras del grupo “sus expresiones de odio y prejuicios, su formas de levantar la voz sostenidamente e increpar con gestos intentaron provocar durante toda la tarde a los hermanos que se mantuvieron pacíficos”.

Las comunidades indígenas deberían contar con protección y debería garantizarse la posesión de las tierras que ocupan ancestralmente; lo prevé la Constitución y la ley 26.160. Sin embargo, el Estado no cumple su parte, y – por el contrario- tiende cada vez más a criminalizar a las comunidades y expulsarlas de las tierras para su explotación privada

En este caso, la fiscal penal Gabriela Souto ordenó verbalmente la detención de comuneros; y la policía se movilizó hacia el lugar para reprimir.

Según informaron los universitarios, se labró un acta entre la comunidad y el comisario para evitar la represión.

El fondo del problema sigue en pie  y tiende a profundizarse, ante la defección del Estado, que no completó el relevamiento encomendado por la Ley, desamparando en ese terreno a las comunidades. Y al mismo tiempo se profundiza la estigmatización, la criminalización y la persecución contra quienes reclaman.

 

Puede interesarle:

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*