Volver al pasado por decreto

Hacia la esclavitud
El decreto favorece a quienes tienen empleados en negro y posibilita embargos de la cuenta sueldo
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El megadecreto 27/2018 favorece a empleadores con trabajadores en negro y posibilita embargar de la cuenta sueldo.

El decreto 27/2018 firmado por Macri y todo su gabinete modifica 160 normas sin pasar por el Congreso, apelando a la figura de Necesidad y Urgencia prevista en la Constitución.

La magnitud y gravedad de las disposiciones llevaron a que la resolución sea considerada inconstitucional incluso por aliadxs del gobierno, como Margarita Stolbizer, y hasta fue calificado como un “golpe de estado institucional” por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

Hacia la esclavitud
El decreto favorece a quienes tienen empleados en negro y posibilita embargos de la cuenta sueldo

El marco constitucional habilita al presidente a dictar decretos de este tipo, pero sólo “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”; es decir, cuando fuera imposible que el Congreso delibere y sancione las normas en cuestión. Además, la Ley Fundamental de la Nación prohíbe que se legisle en materia penal, tributaria, electoral o sobre el régimen de partidos políticos.

Algunas de las modificaciones inciden directamente en la legislación laboral, en un marco en el que la reforma que impulsa el oficialismo encuentra una creciente resistencias.

Se destacan especialmente los artículos incluidos bajo el título Promoción del Trabajo y acceso al Crédito – Inclusión Financiera; el primero de ellos establece cambios en favor de los empleadores que no cumplan con la legislación respecto del trabajo registrado, en tanto la segunda posibilita a las entidad financieras a que traben embargos sobre las cuentas sueldo.

Una ayuda para empresarios con trabajadores en negro

Con el argumento de promover el Trabajo Registrado, la norma cuestionada reduce el tiempo en el que un empresario incumplidor pemanecerá en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales. Además, dejarán de incluirse en ese Registro a quienes impidan las inspecciones de trabajo, pese a tratarse de una función establecida en un Convenio Internacional que nuestro país ratificó en el año 1955.

El Registro en cuestión fue creado por la ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado. Allí figuran quienes incumplieron con diversas normativas que defienden al trabajador formal, como la correspondiente registración, los aportes y contribuciones patronales o la obligación de posibilitar las inspecciones de las condiciones de trabajo.

Figurar en esa nómina trae sus consecuencias: el empleador no puede acceder a programas ni beneficios implementados o financiados por el Estado, ni puede acceder a créditos de instituciones bancarias públicas, ni ser proveedor del Estado, entre otras limitaciones.

Hasta ahora, un empleador que ingresara a esa lista negra recién podía salir luego de haber cumplido con las sanciones y multas que le correspondieran, permaneciendo en la nómina entre 60 y 180 días más, según la índole y la resolución de las faltas en las que hubiera incurrido.

El decreto reduce en general ese plazo a sólo 30 días; igual período pasa a regir para quienes no hubieran inscripto a sus trabajadores o no hubieran realizado los aportes correspondientes al sistema previsional, o incumpliera con las obligaciones para con los empleados rurales previstos en el régimen correspondiente.

Un salto hacia 1940

También se deroga el artículo que establece que quienes obstruyan las inspecciones del Ministerio de Trabajo sean incluidos en el Registro; esto significa que un empresario que impida que las autoridades verifiquen las condiciones de trabajo, ya no se verá impedido -por ejemplo- de realizar negocios con el Estado.

Tales inspecciones se enmarcan en el Convenio sobre la Inspección del Trabajo de la OIT, del año 1941. En Argentina, este acuerdo fue ratificado en febrero de 1955 y desde entonces permanece en vigencia, y a él hace referencia la ley 25.212 de 1999.

El Convenio mencionado establece un sistema de inspección para ” velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones”. Para ello, los inspectores deben tener plena libertad para hacer su tarea, ingresar a los establecimientos en cualquier momento, entrevistar a los empleados o a los patrones, etc. La ley modificada establecía taxativamente que los empleadores que impidieran y obstaculizaran esas inspecciones debían ser incluidos en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

La fundamentación para imponer estos cambios figura en los considerandos;  se limita a afirmar -sin elementos que lo respalden- que se hace “indispensable proceder a la modificación de los plazos de permanencia” en el Registro mencionado.

Los bancos podrán embargar las cuentas sueldo

El artículo 168 del decreto habilita a los bancos a practicar embargos sobre la cuenta sueldo de los trabajadores, por encima de un determinado monto.

Esta medida implica una modificación del Artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente en un párrafo que fue introducido por el Congreso el 16 de noviembre de 2016. Allí se estipulaba que el empleador sería el encargado de practicar la retención correspondiente “no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo”.

Como advierte el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, las financieras y los bancos que les presten a los trabajadores podrán embargarles una parte,

La justificación incluida en la norma es que de esa forma se busca “mejorar el perfil crediticio” de los trabajadores; la lógica detrás de tal afirmación es que si los bancos pueden embargar de manera directa, serán más proclives a ofrecer préstamos a los trabajadores.

De manera similar a la modificación referida en el título anterior, el texto declara “imperioso” modificar el artículo en cuestión.

Sin embargo, no parece razonable aducir que existan “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios” para modificar la ley: la norma que se altera fue aprobada por el Congreso en Noviembre de 2016, cuando Macri estaba por cumplir un año de mandato.

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