Vacunas: el poder patente

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USA, la Unión Europea y Gran Bretaña impiden la liberación parcial de las patentes sobre vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Mientras tanto, los grandes laboratorios fijan los precios discrecionalmente.

A un año de que la OMS declarara la pandemia, han fallecido más de 2.700.000 personas a causa del COVID-19 y se han constatado más de 123 millones de casos en el mundo (véase los datos de Worldometers).

La gran mayoría de los países se vio forzada a restringir numerosas actividades, lo que repercutió en una de las mayores caídas de la economía mundial de que se tenga registro.

No obstante, el impacto de la pandemia fue y es profundamente desigual, algo que no sorprende en un mundo signado por la desigualdad y la voracidad del capitalismo.

Las vacunas y las terapias que se desarrollaron en este período sólo han sido accesibles para una pequeña parte de la población mundial. En muchos casos, las grandes farmacéuticas que ostentan las patentes de esos medicamentos han obstaculizado su acceso.

A febrero de este año, la ONU advirtió que sólo 10 países acaparaban el 75% de las vacunas. Mientras tantos, los precios de las vacunas contra el COVID-19 muestran una variabilidad enorme. De acuerdo con los datos reunidos por UNICEF, los valores van desde los u$d 2,19 que paga la Unión Europea por cada dosis del producto desarrollado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, hasta los u$d 37 que pagan por la de Moderna los países con mayores ingresos, o los u$d 44 que abonan en China por una de las vacunas de Sinopharm.

Esa variabilidad responde a las estrategias de las grandes farmacéuticas. Días atrás, ejecutivos de Pfizer informaron a sus inversores que el escenario se presenta favorable para aumentar los precios de sus vacunas, dada la aparición de nuevas cepas del SARS-CoV2.

Poder patente

Las patentes son derechos exclusivos que se otorgan a una entidad (habitualmente una empresa) que registra un producto o un proceso novedoso que puede utilizarse en la industria. Esos derechos permiten «evitar que terceros, sin el consentimiento del propietario, realicen actos de: hacer, usar, ofrecer para la venta, vender o importar» el producto en cuestión, según reza el artículo 28 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC, la sigla en inglés es TRIPS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Eso implica que el titular de una patente puede ostentar el monopolio de la producción, o controlar quiénes y cuánto  producen aquello que está patentado. En el caso de las vacunas y tratamientos contra el COVID-19, esos derechos suponen para los países con menores recursos la imposibilidad práctica de obtener esos recursos para combatir la pandemia.

En julio pasado, la organización Médicos Sin Fronteras advirtió que muchos laboratorios estaban solicitando patentes secundarias para productos ya existentes o registrando variantes menores de los mismos, buscando monopolizar el uso de los mismos en tratamientos contra el COVID-19. Esas prácticas se conoce como «evergreening» . Un ejemplo de esas maniobras monopolistas lo dio la empresa biofarmacéutica estadounidense Gilead, quien presentó pedidos de patentes sobre un antiviral (remdesivir) que aún no había sido probado contra el SARS-CoV2; en Argentina, la presentación de Gilead recibió la oposición de la Fundación Grupo Efecto Positivo, que recordó que la firma había aprovechado la posesión de patentes sobre un medicamento contra la Hepatitis C para fijar en u$d 84.000 dólares el tratamiento de una persona.

La carrera por el desarrollo de vacunas y otros medicamentos para frenar el avance del COVID-19 tiene como protagonistas a los Estados -fundamentalmente de los países con mayor desarrollo tecnológico- y a las grandes farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, etc. Ese contexto vuelve altamente viable el escenario actual, donde los intereses monopólicos -en conjunción con las acciones de los gobiernos de los países del Norte- son prioritarios a la hora de ofrecer recursos para detener la pandemia.

En octubre del año pasado las representaciones de India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio elevaron una iniciativa ante el organismo solicitando que se eximieran de las «obligaciones de los Miembros de implementar o aplicar» diversos puntos del ADPIC en lo que tuviera que ver con la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Si el organismo resolviera en ese sentido, las empresas no podría hacer valer su exclusividad por cierto período de tiempo, que podría ser renovado anualmente.

En la reunión del Consejo de las ADPIC realizado los días 15 y 16 de octubre, expresaron su apoyo a la medida Argentina, Bangladesh, Chad, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Indonesia, Jamaica, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Tanzania, Turquía y Venezuela.

Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otros países obstaculizaron el tratamiento de la propuesta en cuestión. Sus posturas se fundamentaron en los supuestos beneficios que la protección de patentes traería a la innovación científica (algo sobre lo cual existen controversias entre los investigadores), y a la flexibilidad de los mecanismos ya contemplados en el ADPIC, donde se prevé la posibilidad de que los gobiernos establezcan excepciones limitadas al derecho de exclusividad en situaciones justificadas. El uso de un mecanismo de ese tipo posibilitaría que un Estado se haga cargo de la producción de un medicamento patentado o que se lo permita a un tercero; tales medidas, de todos modos, deben ser de carácter provisorio y su posibilidad concreta de adopción también es disímil: las fuerzas para enfrentar a los monopolios es mucho menor en algunos países que en otros. Alemania, Canadá y Hungría adoptaron medidas de ese tipo.

El 20 de noviembre, Australia, Canadá, Chile y México presentaron una serie de preguntas a los miembros de la OMC sobre los posibles problemas que podría haber ocasionado el sistema de patentes para la «adquisición oportuna de equipos, terapias, diagnósticos o vacunas para el tratamiento del COVID-19.

El 23 de noviembre Sudáfrica comunicó una serie de ejemplos de barreras y problemas de Propiedad Intelectual en la pandemia.

El 9 de marzo pasado, la organización Médicos Sin Fronteras manifestó que «Los países que obstruyen la exención de patente COVID-19 deben permitir que comiencen las negociaciones».  En un documento publicado en su sitio web,

El 15 de enero Bolivia, Sudáfrica, Pakistán, Venezuela y otros países respondieron a las observaciones de los países más ricos respecto de la iniciativa mencionada. «Nunca ha habido un caso más débil para la concesión de monopolios. Los gobiernos han estado financiando el desarrollo de medicamentos y vacunas COVID, y ninguna empresa puede satisfacer la demanda mundial. En el contexto de COVID-19, a pesar de los miles de millones de dólares de los contribuyentes invertidos en I + D y los anuncios de que las vacunas COVID-19 deben considerarse un bien público, ningún gobierno se ha comprometido abiertamente con este compromiso», declararon (las negritas son nuestras).

La iniciativa indo-sudafricana fue avanzando, alcanzando el apoyo de un centenar de países miembros de la OMC. Sin embargo, un puñado de Estados han impedido el consenso necesario para que la entidad de curso a las excepciones solicitadas: Australia, Brasil, Canadá, la UE, Japón, Noruega, Suiza, el Reino Unido y los EE. UU. En su llamamiento a apoyar las exenciones a los sistemas de patentes, la organización Médicos Sin Fronteras recordó que esos países «han respaldado tradicionalmente los intereses de sus corporaciones farmacéuticas».

Los gobiernos que han impedido el tratamiento de las exenciones solicitadas por India y Sudáfrica son aquellos en cuyos países se asientan las principales compañías farmacéuticas que han desarrollado vacunas contra el COVID-19 que han realizado pruebas clínicas de fase 3. La excepción más notable es China, que tiene más de una docena de candidatos vacunales en esa situación, pero manifestó su adhesión a la iniciativa.

Muchos gobiernos han destinado enormes recursos fiscales para fortalecer esos desarrollos, que redundaron en beneficio para las grandes firmas del rubro antes que para los contribuyentes de esas naciones.

Frente al cuadro descrito, Cuba destaca por ser el único país en Latinoamérica que ha logrado limitar los efectos de la pandemia y al mismo tiempo desarrollar 4 potenciales vacunas, dos de las cuales ya se encuentran en la última etapa de ensayos clínicos.

Un año de pandemia puso en evidencia que la lógica del lucro como motor excluyente de la producción y el sistema de patentes vigente en el mundo no han sido capaces de dar soluciones globales a un desafío que enfrenta a la humanidad en su conjunto.

Leer más:

La Vacuna contra el COVID-19 y América Latina. Arantxa Tirado, Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández, Gabriela Montaño y Silvina Romano. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

INFORMACIÓN PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMC SOBRE LA PROPUESTA DE EXENCIÓN DE LOS ADPIC EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA COVID-19. Amnistía Internacional.

Rich countries block India, South Africa’s bid to ban COVID vaccine patents. DW

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