Universidades: ajuste silencioso y regreso de López Murphy

Universidad desintegrándose
Subejecuciones y recortes para ajustar las universidades
Download PDF

Las universidades nacionales vienen sufriendo el desfinanciamiento paulatino mediante subejecución y recortes del presupuesto; en tanto, los salarios del sector han sufrido deterioros en estos años.

En los dos primeros años del gobierno de Cambiemos el presupuesto universitario decreció respecto del PBI; pero además de ese dato, las casas de estudio sufrieron la subejecución sistemática de las asignaciones previstas: en 2016 quedaron sin gastarse $ 700 millones, mientras que en 2017 la cifra llegó a $738 millones.

Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC-CONADU), este año ya se recortaron $1.054,6 millones respecto de lo presupuestado; pero además, al cabo del primer semestre, la subejecución  se profundizó respecto de los mismos períodos de los años anteriores, al punto que la deuda exigible por las universidades llega a $13.552,7 millones. En un informe anterior elaborado por el mismo instituto se había señalado que el año pasado quedó una deuda del Estado nacional por $10.993,4 millones.

A comienzos de 2018, mucho antes de que el gobierno se comprometiera ante el FMI a llevar adelante un ajuste más profundo, la Secretaría de Políticas Universitarias ya había anunciado una “reasignación” del presupuesto universitario de $3.000 millones, que afectaría principalmente a obras de infraestructura no iniciadas.

Universidad desintegrándose
Subejecuciones y recortes para ajustar las universidades

Este año, las autoridades de varias universidades ya señalaron que el desfinanciamiento por las demoras en el envío de fondos está poniendo en riesgo aspectos esenciales para el funcionamiento de las mismas. El propio Consejo Interuniversitario Nacional -CIN, órgano que reúne a los rectores y que rara vez confronta con el gobierno- ya había manifestado en abril su preocupación por el “retraso en la transferencia de fondos para gastos de funcionamiento”

El 29 de junio pasado, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional emitió una resolución exigiendo “el pronto cumplimiento de la ejecución presupuestaria de gastos de funcionamiento según Ley de Presupuesto N°27.421”; la máxima autoridad de la UTN también reclamó que se realicen “paritarias realistas” que permitan mantener el poder adquisitivo de los sueldos de trabajadorxs docentes y no docentes.

El 2 de julio último, la Universidad Arturo Jauretche sumó su protesta ante el ajuste, advirtiendo que “a partir de noviembre no está asegurado el pago de sueldos” en virtud de que el presupuesto asignado a esa entidad sólo alcanza para cubrir las erogaciones de poco más de nueve meses.

Un par de días después se conoció el planteo de las autoridades de la Universidad Nacional de Comahue, denunciando la demora en el envío de fondos para el funcionamiento de esa casa de estudios, la que alcanzaría los $66 millones.

El achique que viene

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicará nuevos y drásticos ajustes en las erogaciones del Estado. En el caso de las universidades, el informe elaborado por el FMI sobre el stand-by pedido por el gobierno excluye a las mismas de la indicación de no realizar contrataciones; sin embargo, no hay salvedades en lo que se refiere a la reducción de puestos no prioritarios ni al severo tope salarial que recomienda para los próximos años.

Mediante el decreto presidencial 632/2018, el gobierno instrumentó varios de los puntos que obran en el informe del organismo internacional. Allí se estableció que las universidades quedan exceptuadas de la prohibición de realizar nuevas designaciones, pero no establece salvedades respecto del veto a asignar adicionales o bonificaciones salariales; en concreto, el artículo 5 de la norma dice que ” no podrán instrumentar nuevos beneficios tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019″.

El decreto introduce una restricción adicional para las universidades: la prohibición de celebrar nuevos acuerdos de cooperación técnica con otros organismos del Estado, así como la caducidad de todos los vigentes al 1 de enero del año próximo. Desde el gobierno se ha demonizado este tipo de Convenios, denunciándolos como fuente de desvío de fondos; sin embargo, quitar a las universidades de las funciones de cooperación técnica con el propio Estado implicará que su labor será reemplazada por “consultoras”, lo que difícilmente represente un ahorro para las arcas estatales ni una mejora en la transparencia de esas funciones.

López Murphy recargado

Lopez Murphy, foto del Depto de Defensa USA
Ricardo Lopez Murphy DoD photo by R. D. Ward.

La parte fuerte del ajuste probablemente llegue de la mano de la disminución salarial en términos reales: lxs trabajadores administrativxs, de maestranza y otros representadxs por FATUN recibirán un incremento del 15% distribuido en cuatro cuotas a lo largo del año, según el acuerdo firmado en abril pasado. Ese mismo porcentaje es el que se ofreció a los sindicatos docentes, que lo han rechazado y han profundizado el plan de lucha.

Si el gobierno logra imponer ese tope salarial, el básico inicial del cargo testigo (Auxiliar docente de primera categoría con 20 horas) llegaría a fin de año a los $10.926,23 (en febrero llegó a $9.432,37 por aplicación de la cláusula gatillo de 2017); si se ajustara según la inflación prevista del 30%, debería alcanzar los $12.340,08. Eso equivale a un descuento del 11,26% en los salarios, que además se profundizaría el año próximo en virtud de la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario.

El cuadro evoca el descuento del 13% sobre los sueldos de trabajadorxs y jubiladxs que impusieran Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich en 2001.

El gobierno actual iría aún más lejos con el recorte salarial, en caso de que cumpla con la indicación del FMI de limitar el incremento nominal de los salarios estatales apenas a un 8%; pero esta vez el recorte no saldría de un decreto directo, sino como consecuencia de la inflación.

Puede interesarle:

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*