Perforando el piso

Bullrich perforando
Bullrich impone techo, pero no respeta el piso
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El salario mínimo de un docente universitario con dedicación semiexclusiva debía ser de $9.072 desde setiembre pasado y de $9.672 desde enero; sin embargo, el gobierno nacional sigue pagando $8.500. Desde ese mes hasta marzo de este año, en total se abonó $5.804.- de menos a los salarios alcanzados por la Garantía Salarial.

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Bullrich impone techo, pero no respeta el piso

La cifra surge de los acuerdos salariales firmados por el gobierno con los sindicatos, tanto en la Paritaria Nacional Docente del año pasado como la que suscribieron con las federaciones universitarias entre el 19 y el 23 de mayo últimos.

La garantía salarial es el mínimo neto que debe cobrar un docente universitario en cualquier lugar del país. Desde el año 2.013 los acuerdos salariales del sector incluyeron el siguiente párrafo en el punto referido a la “Garantía Salarial”:

“Se deja constancia que, en caso que durante la vigencia del presente acuerdo, se estableciera una garantía salarial para la escolaridad obligatoria en montos superiores a los previstos en el presente apartado, se procederá a actualizar los mismos en similares términos y plazos.”

El párrafo figuró con la misma redacción en el tumultuoso acuerdo salarial de 2.104, así como en el acta de 2.015. En ambos casos se explicitaba que la forma de aplicación se comunicaría a través de un instructivo de la Secretaría de Políticas Universitarias.

El primer (y hasta ahora único) acuerdo firmado con los gremios universitarios por el gobierno de Cambiemos reconoce el acuerdo de 2.015 en lo que respecta a la Garantía Salarial y específica que “de acuerdo con las definiciones del acta paritaria del 25 de febrero de 2.016 (Paritaria Nacional Docente) se fijan los montos aplicables como garantía salarial remunerativa en cada etapa”.

actas
Extracto de las actas en cuestión

El acta referida estableció que “a partir de esta paritaria el salario docente no podrá ser menor a un veinte por ciento (20%) del salario mínimo vital y móvil”. Ese es el argumento por el cual el gobierno se niega a convocar a la Paritaria Nacional, entendiendo que ese mínimo queda automáticamente predeterminado (nótese que el acuerdo establece que no puede ser menor, pero no dice que no pueda ser mayor que el salario que establece el Consejo del Salario).

El Salario de referencia lo establece el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, de acuerdo con la ley 24.013. Ese organismo definió en su resolución Nº2 del 19 de mayo del año pasado que el valor de ese salario es de $7.560 desde el 1 de setiembre de ese año, y de $8.060 desde el 1 de enero de este año. Por lo tanto, ningún docente podía cobrar menos de $9.072 desde la primera fecha, y este año debe percibir al menos $9.672.-

En el caso de los docentes universitarios, se pagaron $572.- de menos entre setiembre y diciembre, y faltaron $1.172  desde el sueldo de enero. A esto debe sumarse el retraso en el pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID) en la mayoría de las instituciones preuniversitarias, las que dependen de universidades nacionales.

Ante el reclamo de las representaciones sindicales por este incumplimiento, la Subsecretaria de Coordinación y Gestión de Políticas Universitarias Danya Tavella reconoció que no se abonó la cifra esperada y afirmó que el pago estaría sujeto a un dictamen jurídico oficial.

En la cuarta reunión paritaria entre el gobierno y los sindicatos, la representación del ejecutivo insistió en el techo del 18% de incremento salarial. Quedó en evidencia que la rigidez del techo no se corresponde con una impermeabilidad similar en el piso.

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