Juez y Parte

Rosenkrantz con escudo, fotomontaje
Rosenkrantz y Mcdonalds (fotomontaje digital)
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El Secretario de la Juventud de la CTA Matías Zalduendo adelantó que solicitará la recusación del Juez de la Corte Suprema en referencia a la demanda por “fraude laboral” presentada contra la empresa Arcos Dorados Argentina S.A., que repersenta a McDonald’s en nuestro país.

Rosenkrantz con escudo, fotomontaje
Rosenkrantz y McDonald’s (fotomontaje digital)

La causa se origina en el convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y la poderosa cadena norteamericana de comidas rápidas, según el cual se daría “formación” a jóvenes realizando trabajo para la empresa por un reconocimiento mensual muy por debajo del salario mínimo.

La denuncia señala que el convenio convalida “una flagrante flexibilización laboral de hecho encubierta por parte del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo con la sola finalidad de subsidiar a empresas privadas”.

El convenio preveía la “capacitación laboral” de hasta 5.000 jóvenes de entre 18 y 23 años provenientes de “sectores sociales vulnerables”. En concreto, los beneficiarios realizarían tareas para la empresa durante 6 horas diarias, el Estado pagaría $1.000 a cada uno, mientras que la firma abonaría otros $3.500.

El convenio fue cuestionado por pagar montos por debajo del salario mínimo, muy lejos de lo necesario para cubrir la Canasta Básica, mostrando una fuerte desproporción entre la paga y la cantidad de horas de trabajo. Por esa razón, las diputadas Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila De Ponti presentaron junto al Secretario de la Juventud de CTA un amparo reclamando que se mejoraran las condiciones de contratación.

En setiembre pasado la Cámara de Apelaciones del Trabajo ordenó la nulidad del Convenio considerando que el mismo violaba normas del derecho internacional y disposiciones constitucionales en materia de derechos laborales.

Los datos finales del Convenio desmintieron las expectativas oficiales: sólo 600 personas participaron de la experiencia y la empresa contrató apenas a 155.

La recusación contra Rosenkrantz obedece a que el magistrado se fue apoderado legal y accionista de la empresa, lo que pone en tela de juicio su imparcialidad sobre este caso.

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