Gobierno vs. Sindicatos

Cartel del paro docente
El conflicto docente pone a prueba las estrategias disuasivas del gobierno
Download PDF

Frente a los reclamos docentes, el gobierno busca sancionar a los gremios, intimidar a los huelguistas y desacreditar a la actividad sindical. Similares lineamientos se plantean ante otros conflictos gremiales.

Vidal solicitó que les quiten la personería a los gremios docentes en paro. Anteriormente, la mandataria propuso premiar a quienes no hacen huelga e impulsó el reemplazo por voluntarios. La presión del ejecutivo provincial se produce en un contexto en el que el gobierno acciona contra los jueces que emitieron fallos favorables a los trabajadores e intenta forzar cambios en los Convenios Colectivos de Trabajo.

Cartel del paro docente
El conflicto docente pone a prueba las estrategias disuasivas del gobierno

El gobierno bonaerense solicitó ayer al Ministro Jorge Triaca que inicie un sumario para sancionar a los sindicatos que nuclean a los docentes. Para la gestión de Cambiemos los sindicatos deberían recibir castigos -inclusive la quita de la personería- por no haber acatado la conciliación obligatoria dictada por el titular de la cartera laboral bonaerense Marcelo Villegas. Con esa posición, el gobierno relativiza los fallos emitidos por dos jueces del fuero contencioso administrativo, que ordenaron al gobierno que se abstuvieran de realizar medidas que limiten la acción gremial.

Esta iniciativa se suma al intento de reemplazar a los docentes con voluntarios, luego de una campaña en las redes sociales promovida por un ex agente de inteligencia, amplificada por medios de comunicación masivos. También hubo hostigamiento directo contra docentes, solicitando nóminas de quienes se habían adherido a las medidas, según denunciaron en La Matanza y en General Villegas.

En la semana, la gobernadora anunció el pago de un adicional para los docentes que no adhirieran a las huelgas, medida cuestionada por laboralistas por ser violatoria de la ley de asociaciones sindicales.

La actitud del ejecutivo bonaerense no es aislada. En el gobierno nacional también se han planteado medidas coercitivas contra sindicatos y dirigentes gremiales.

En relación con el conflicto docente, el gobierno busca transferirlos a las provincias, y desplegar una campaña de demonización de la dirigencia, en especial del titular del SUTEBA Roberto Baradel. Al mismo tiempo, cerró una instancia de negociación prevista en la ley -la Paritaria Nacional Docente- y con ello puso en riesgo la transferencia de fondos a las provincias que en años anteriores permitía sostener algunos acuerdos salariales.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, también hubo denuncias por el relevamiento de docentes adheridos a las medidas de fuerza, lo que constituye una intimidación para quienes ejercen sus derechos sindicales.

Como ocurrió en Buenos Aires, en Río Negro efectivos policiales se apersonaron en escuelas también para recabar listas de huelguistas. Situaciones similares se denunciaron en Córdoba y Tierra del Fuego.

En Entre Ríos, fueron cuadrillas enviadas por el Ministerio de Trabajo provincial las que recorrieron las instituciones educativas.

En Misiones, los docentes señalaron que el gobierno presionó para que no adhirieran.

El propio presidente enmarcó estas actitudes, fustigando en varias oportunidades al desempeño de la justicia laboral, los Convenios Colectivos de Trabajo y las medidas de fuerza. El año pasado, en un discurso pronunciado en el día del Trabajador, el presidente habló en contra del “ausentismo” y del “exceso de personal”; en octubre descalificó a las medidas de fuerza asegurando que quienes las realizan no entienden “hacia donde va la Argentina”. Específicamente sobre el conflicto docente, Macri cuestionó los paros durante la inauguración del período lectivo, asegurando que el resultado de las medidas de fuerza en la historia habían sido “nada, cero”.

La arena judicial

Desde la justicia hubo algunos fallos que claramente están alineados con la estrategia oficial para frenar las protestas de los gremios.

La Corte Suprema generó jurisprudencia desfavorable para los litigios laborales en el ámbito del Estado, al plantear que reclamos por despidos y otros litigios laborales se tramiten en el fuero Contencioso Administrativo y no en el laboral.

Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió anular la personería de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP, conocida como “metrodelegados”) por supuestas irregularidades formales en su tramitación. El sindicato que nuclea a los trabajadores del Subte porteño siempre fue cuestionado por el macrismo

Hubo algunas resoluciones judiciales favorables a los trabajadores, como la de la Cámara del Trabajo cuando ordenó a los bancos que pagaran el acuerdo suscrito con la Bancaria, o las cautelares decididas por los jueces Arias y Ventura Martinez poniendo freno a las decisiones del gobierno bonaerense contra las entidades sindicales de los docentes. El gobierno respondió a esos fallos promoviendo la destitución de los jueces.

Déjà vu

Durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner hubo algunos episodios en los que el Ministerio de Trabajo nacional amenazó con sanciones; los sindicatos afectados fueron los mismos que ahora están bajo la lupa y la agresión del gobierno de Cambiemos.

En 2012 la viceministra de Trabajo Noemí Rial promovió sanciones contra la Asociación Bancaria.

En la provincia de Buenos Aires, ante el conflicto docente de 2014, el gobierno de Scioli amenazó con sanciones a los gremios, incluidos SUTEBA, FEB,

Sin embargo, la presión actual se asemeja más a la que llevó adelante el menemismo en el marco de la “reforma del Estado”, ya que aparece como una estrategia integral para instalar cambios sustanciales sobre los derechos laborales.

Un artículo de Raúl Isman publicado por Redacción Popular repasaba ese contexto, centrándose en los casos de las privatizaciones de ENTEL y los ferrocarriles. En la empresa telefónica, el menemismo quebró al sindicato de la capital mediante amenazas, despidos y con la complicidad de la dirección nacional de F.O.E.T.R.A.; para los ferrocarriles, en tanto, combinó el congelamiento salarial con la reducción de servicios y el famoso “ramal que para, ramal que cierra”. Al igual que en el caso de ENTEL, para imponer la destrucción de ferrocarriles argentinos contó con una dirigencia gremial aliada.

El repaso de aquellos tiempos revela similitudes con el proceso actual.

 

Puede interesarle:

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*