Falacias contra la lucha universitaria

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El conflicto universitario ingresa en su cuarta semana consecutiva desde que las dos federaciones sindicales mayoritarias decidieron no iniciar el cuatrimestre; frente al crecimiento de las protestas, y a horas de una nueva reunión paritaria, el gobierno lanzó una campaña falaz para desacreditar las demandas.

 

Funcionarios del gobierno nacional salieron a difundir datos falaces sobre el conflicto universitario, en coincidencia con un “instructivo” generado en el Ministerio de Educación de la Nación. El mismo libreto siguieron comunicadores afines al oficialismo, más los consabidos “trolls” de las redes sociales.

Faltan docentes y aulas
Faltan docentes y faltan aulas. (Fotos tomadas en la Universidad Nacional de Salta en 2017 y 2018)

El Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenichini, fue uno de los primeros funcionarios en hacer los deberes: en una entrevista para Cadena 3, el ex presidente de la FUA diferenció la discusión salarial de la situación presupuestaria, al tiempo que defendió enfáticamente la política oficial respecto de este punto: “Es el más cercano a lo que han pedido los rectores de las universidades se está ejecutando en tiempo y forma”, aseguró, desautorizando a la multitud de rectores que expresaron sus preocupaciones en los últimos meses.

Precisamente, la diferenciación entre paritaria y presupuesto, así como la reivindicación de este último son dos de los lineamientos principales del instructivo mencionado, cuyo texto puede leerse en Política Argentina y en otros medios.

A continuación repasamos las afirmaciones principales que guían esta campaña contra la lucha de la comunidad universitaria.

Presupuesto:

El instructivo sostiene que el presupuesto de las universidades creció un 104% frente a una inflación acumulada del 95%, señalando además que la cifra asignada en la ley representa el 96% de lo que solicitaron los rectores.

La evolución aludida se refiere a los valores aprobados en el Congreso para los años 2017  y 2018, pero frente a la inflación de 2016 y 2017, y sin tener en cuenta que la suba de precios en este año ya superó a la que preveía ese presupuesto para definir las diferentes cifras. Además, considera los valores aprobados en el Congreso, pero no los que fueron efectivamente ejecutados, sin adoptar una metodología que permita una comparación valedera de las cifras.

Una medida más relevante que podría considerarse para analizar la evolución de las asignaciones de fondos, es la proporción que las mismas representan respecto del PBI; al respecto, un informe de IEC CONADU señala que con el PBI real de 2017, las transferencias a las universidades representaron un 0,77% del total, frente a 0,88% en 2015 y 0,81% en 2016.

CONADU Histórica en Plaza de Mayo
CONADU Histórica organizó clases en la Plaza de Mayo (Foto: CONADU Histórica)

Por otra parte, la elucubración discursiva del gobierno desvía el foco de las consecuencias efectivas que tuvieron sobre la distribución de los recursos en las casas de estudio, la inflación, la dolarización de las tarifas y la demora en los envíos de partidas. Respecto del envío de fondos, algunas autoridades universitarias informaron que recientemente se registraron envíos que estaban demorados, pero reconocen que en la primera parte del año se efectivizaron con un fuerte retraso: el guión oficial tampoco pondera la depreciación de esos recursos entre el momento en el que estaban comprometidos y la fecha en la que realmente se giraron.

Un conjunto de rectores y otros directivos de universidades (Jujuy, Patagonia San Juan Bosco, Villa María, Lanús, Río Cuarto y Tierra del Fuego, entre otras) emitió días atrás un documento en el que señalan que hasta el pasado 30 de junio “en el componente de gastos de funcionamiento no se enviaron a las universidades nacionales 2.348 millones de pesos. Simultáneamente, y en lo que atañe a los programas de distintos ministerios para universidades nacionales, sólo se ejecutaron 376 millones sobre un total de 5.700 millones de pesos, lo que equivale al 7,1%”.

En cambio, uno de los que repitió la afirmación diseñada en despachos oficiales en relación con el presupuesto fue Martín Grande, legislador nacional por Salta y propietario de una radio de gran audiencia en la provincia.

La falacia de la cantidad

“El sistema universitario argentino está en condiciones de recibir tres veces la matrícula actual sin tener que aumentar su planta docente. Y si lo hiciera, tendría en promedio aulas de 30 alumnos”, afirma el instructivo. Obediente a los lineamientos del texto, el diputado Albor Cantard (ex Secretario de Políticas Universitarias de este gobierno y ex rector de la UNL) dijo ante LT8 que “hoy tenemos en el sistema universitario docentes más que suficientes como para la matrícula actual y como para aún duplicarla tranquilamente”, y que “estamos en una relación inferior a 9 alumnos por cada docente” en el sistema universitario. El legislador fue más allá, diciendo que ese número “luce exagerado” (El audio puede escucharse en Edición Límite).

Cualquiera que haya ingresado al predio de una universidad pública sabe que esa apreciación es errónea: en la gran mayoría se puede ver aulas abarrotadas, incluso con alumnos siguiendo la clase desde afuera; en tanto, un solo docente se encarga de llevar adelante la clase, en condiciones totalmente desaconsejadas para una buena experiencia educativa.

¿De dónde salieron las cifras que utilizó Cantard? Aunque no coincide con exactitud, el número mágico referido se acerca a la proporción entre el número de docentes del sistema y el número total de alumnxs. Esa cifra tiene muy poca relación con la cantidad de alumnxs que realmente debe atender cada docente, además de ocultar las diferencias que existen al interior de la docencia universitaria tanto en lo que se refiere a dedicaciones como a las responsabilidades propias de cada categoría.

El plan de estudios de cualquier carrera universitaria tiene como mínimo 5 asignaturas por año; para el dictado de cada materia se necesita al menos un docente responsable (generalmente un profesor adjunto, asociado o titular) y un profesor ayudante de práctica (Jefes de Trabajos Prácticos o Auxiliar docente de 1° Categoría); de hecho, una cátedra debería contar con una dotación mayor, debido a que cada categoría tiene diferentes responsabilidades. Pero tomemos la configuración mínima, que requiere dos docentes para cada asignatura; en esas condiciones, el dictado de las materias de un curso requiere al menos de 6 docentes (aceptando que hubiera docentes que participan en en más de una asignatura en el año, lo que es también una situación habitual). Eso significa que para calcular la verdadera relación en el aula hay que contar el triple de alumnos como mínimo.


Cabe señalar que el Convenio Colectivo de Trabajo vigente establece que las universidades deben asegurar al docente una “relación numérica docente – alumno apropiada al tipo de actividad, disciplina o área que contemple la constitución de equipos mínimos de trabajo”; la conformación de tales equipos aún no fue definida en las casas de Estudio, pero seguramente requeriría un incremento sustancial en la planta docente.

Por el contrario, la cifra propuesta en el instructivo (y repetida por políticos, medios oficialistas y trolls) sólo tendría sentido si un solo docente tuviera a su cargo a un grupo de alumno en todas las materias y durante todo el año; semejante modelo sólo es creíble para quien no conoce en absoluto la dinámica universitaria, o carece de interés en el sistema educativo superior. De hecho, una de las confusiones más frecuentes se origina en considerar sólo la dimensión educativa de la universidad (las clases), sin tener en cuenta las responsabilidades en investigación y extensión propias de las casas de estudio desde la Reforma del ‘18.

Confundiendo fechas e inflaciones

El guión oficial también  se refiere a la última oferta salarial alterando las fechas y calculando erróneamente la inflación acumulada.

Ivan Petrella, ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y referente académico de la Fundación Pensar, usó twitter para diseminar las imprecisiones.

El tema fue puntualmente rebatido en un artículo de La Nación firmado por Luciana Vásquez, donde explica que la fecha de la supuesta paritaria es inexistente y que la inflación a la que supuestamente compensa está 3,9 puntos por encima de la oferta.

Efectivamente, si imaginamos algo que sube al mismo ritmo de la inflación y que costaba $100 en febrero, en marzo hubiera llegado a $102,3, en abril hubiera alcanzado los $105,06, en mayo hubiera costado $107,26 y finalmente en junio se ubicaría en $111,24: eso significa un incremento del 11,24%, no del 10,8%. El gobierno decidió otorgar ese aumento de manera unilateral, por lo que recién en septiembre lxs docentes cobrarán un incremento que queda por debajo de la suba de precios acumulada entre marzo y junio (y no tiene en cuenta la inflación en julio y agosto).

Un trabajo del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (difundido, entre otros, por Diario Pulse) calculó que un docente titular sin antigüedad perdió $65.058.- de sueldo frente a la inflación desde 2016. En realidad, no hay forma de desestimar con datos la caída salarial en 2016 (donde el IPC subió el 41% según datos de la C.A.B.A.) y el deterioro sufrido en el corriente año.

Lo que viene

Este lunes 27 volverán a reunirse autoridades del Ministerio de Educación con las representaciones sindicales de la docencia universitaria. Se espera que por primera vez esté presente el titular de la cartera educativa, Alejandro Finocchiaro, quien no intervino en las escasas instancias de negociación anteriores.

Para los sindicatos universitarios, no resulta alentador que el gobierno haya optado por difundir informaciones falaces justo unos días antes de que se constituya la Mesa de Negociación Salarial y en medio del crecimiento de las demandas de la comunidad universitaria en su conjunto. 

La semana que inicia tendrá dos momentos cruciales en este conflicto en pleno desarrollo: la negociación de mañana y la Marcha Universitaria del próximo jueves. La masividad de las expresiones que se ven en todo el país hacen suponer que la protesta congregará un multitud de magnitudes históricas.

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