De persecuciones, traiciones y luchas

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El gobierno, los empresarios y la dirigencia sindical se conjugan para la precarización laboral. ANCLA lo conversó con Érica Oliva, delegada de TAMSE Trolebuses, Córdoba.

Uno de los objetivos que se ha planteado el gobierno nacional es el de imponer una nueva flexibilización laboral, eliminando derechos y conquistas de los trabajadores, a tono con los reclamos del Fondo Monetario Internacional y de los grandes empresarios. Esa tarea cuenta no sólo con el respaldo de funcionarios y legisladores: la anuencia de algunos dirigentes sindicales constituyen otro sostén de la ofensiva precarizadora.

El conflicto del transporte que se desarrolló el año pasado en Córdoba evidencia el juego de estos factores en la persecución contra lxs trabajadorxs que lucharon en el marco de la acción propagandística desplegada por el gobierno para legitimar una situación que vulnera derechos conquistados con años de luchas.

Repasamos ese proceso en diálogo con Erica Oliva, una de las delegadas que se destacó en el desarrollo del conflicto y que, por eso mismo, es una de los blancos de la persecución sindical de parte del gobierno, la empresa y la UTA.

“Mi nombre es Erica Oliva, soy delegada de TAMSE trolebuses, de UTA seccional Córdoba. Estamos acá, en la Carpa de la Dignidad, como la han llamado las chicas que quedaron despedidas después del conflicto del año pasado de los 9 días de paro”, comenzó la dirigente que se destacó en la lucha .

Erica Oliva
Erica Oliva y compañerxs, en la Carpa de la Dignidad

A continuación se refirió a aquellas jornadas en las que se enfrentaron a las empresas prestadoras del transporte público cordobés, a la municipalidad, al Ministerio de Trabajo y hasta a su propio sindicato a nivel nacional; recordó que la medida surgió luego de “haber agotado todas las instancias legales, vía Ministerio de Trabajo de la provincia, vía Ministerio de Trabajo de la Nación, vía cartas y pedidos a la UTA seccional Córdoba, a la UTA a nivel nacional”.

El reclamo de lxs trabajadorxs tenía que ver con el Convenio Colectivo del sector, ya que “desde la época de Atilio López, tenemos ganadas conquistas que nuestro Convenio” que se diferencia de los del resto del país “ya que nosotros trabajamos siete horas, tenemos pase libre para transporte urbano e interurbano, la ropa, y muchos otros beneficios más como la aplicación del aumento al básico de nuestro sueldo”, relató Erica.

La negativa a aplicar los incrementos de acuerdo con el Convenio, y el rechazo de lxs trabajadorxs del transporte al magro incremento salarial aceptado por UTA a nivel nacional, fueron factores desencadenantes del paro. En ese conflicto fueron despedidxs más de 180 empleadxs de las empresas Tamse, Aucor, Coniferal y Ersa. De ese grupo, 66 se desempeñaban como trolebuseras  de Tamse.

Desde 2016, la UTA cordobesa estaba intervenida por decisión de la conducción nacional, que conduce el gremialista “dialoguista” Roberto Fernández. En palabras de Érica, Fernández puso nuevos dirigentes, pero no para defender a lxs trabajadorxs, sino “para alinearse al gobierno este que tenemos hoy, este gobierno neoliberal que le da carta blanca y carta libre a todas las empresas para que hagan lo que quieran”.

La delegada explicó que, durante el conflicto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, pero que esa decisión no fue informada a lxs trabajadorxs cordobeses; en ese momento también intervino el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, quien “decía que ningún trabajador debía ser reincorporado, con un abuso de autoridad terrible”.

Al octavo día del conflicto, domingo, las empresas dispusieron un lock-out patronal, ya que ellas cerraron las puertas. Al día siguiente “sacaron un plan de contingencia donde salía a trabajar gente que jamás había trabajado, como inspectores, que nunca habían manejado -y que después derivó en varios accidentes”.

Allí se produjo también la militarización del servicio, con personal de las fuerzas de seguridad dentro de las unidades; Oliva desmiente que la medida buscara preservar al personal que estaba trabajando:”más que cuidar a los trabajadores era a los empresarios: porque si nosotros ponemos a dar un ejemplo que tenemos compañeros que los matan arriba de los coches, por la seguridad no va ningún gendarme a cuidar la vida de nuestros compañeros”.

Reincorporaciones, precarización e indignidad

Algunxs trabajadorxs fueron posteriormente reincorporadxs, pero debieron adecuarse a ciertas exigencias de parte de la UTA y del poder político: “tenían que hacer de patovicas”, explicó Oliva. “Una vuelta hicimos nosotros una marcha para escrachar a la empresa TAMSE Trolebuses, que es de mujeres, y ya mandaron a la patota de UTA, que habían sido nuestros compañeros”; las trolebuseras sufrieron golpes, y una de ellas -Viviana Chiaty- “quedó dos días internadas”.

La delegada relata que quienes fueron elegidxs par su reincorporación debía mostrar su disposición a participar de las maniobras de la UTA y de las empresas, “la gente que perdía más sus derechos, los que ya iban perdiendo su dignidad, los que no les quedaba dignidad”.

Las empresas también aprovecharon para instaurar regímenes laborales más precarios para el nuevo personal. “Es gente (a la que) le pagan siete horas por día; si cumple más de las siete horas y la vuelta se pasó dos horas más, sólamente se les paga siete horas”, ilustró; además, este nuevo personal “no tiene uniforme, no cuenta con una cobertura de salud, ni menos de ART”.

Ataque a lxs delegadxs

Erica es una de las delegadas que sufre la persecución de parte de la UTA. “Tengo un juicio de quita de tutela sindical, sin prestación laboral, sin goce de haberes”, contó.

Carpa de la Dignidad
La Carpa de la Dignidad de las Trolebuseras, junto a la Municipalidad de Córdoba

En lugar de apoyar a quienes protagonizaron una lucha en defensa de los intereses de lxs empleadxs del transporte, el sindicato que conduce Roberto Fernández impulsó asambleas para revocar el mandato de lxs delegadxs. Y no fueron los propios trabajadorxs de las empresas en las que se desempeñaban estxs dirigentes quienes llevaron adelante las maniobras: “por lo general, cuando se hace una revocatoria de mandato, y los empleados quieren revocar tu mandato, se hace dentro de tu empresa. Acá el gremio se encargó de ver y de fiscalizar quiénes eran los que iban a levantar la mano, y lo hizo en nuestra sede gremial, UTA”, narró la delegada.

El Ministerio de Trabajo avaló esos mecanismos “porque la gente que fue a levantar la mano para que se nos quite los fueros, eran despedidos: no podían votar”.

El ataque contra estxs representantxs de base sigue adelante, cuando falta poco para que deban concretarse nuevas elecciones en el sindicato: ” el Comité de Ética Gremial (…) nos quiere hacer un Comité de Ética a los 35 delegados que somos aquí en Córdoba, para desafiliarnos y así las empresas pueden echarnos sin ninguna defensa”, detalló la dirigente.

Erica Oliva fue contundente: “no sé qué ética tendrá la UTA nacional con todo lo que hace”. Es que ese sindicato es uno de los que se sumó a los que convalidaron el techo salarial del 15%, que significará una sustancial reducción de los sueldos en términos reales; también aceptó “revisar y adecuar a nuevas realidades” los convenios colectivos que rigen en el sector.

De esta forma, el sindicato se convierte en activo partícipe de reformas que implicarán la cesión de derechos que lxs trabajadorxs conquistaron con años de lucha, avanzando hacia el régimen flexibilizador que pregonan el gobierno y los organismos internacionales.

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