Achique en las Universidades

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Menos fondos, tarifas más caras y despidos: las universidades también se ajustan el cinturón.

Carpa de CONADU Histórica
CONADU Histórica dispuso una semana de paro

En los primeros días de febrero trascendió que la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco había recibido 4 millones de pesos menos en la partida para hacer frente a salarios y cargas sociales. Ante el requerimiento por parte de CONADU Histórica, una de las federaciones sindicales mayores de la docencia universitaria, la flamante Directora Nacional de Presupuesto e Información Universitaria Anabela Celaya repondió que “en el mes de enero – tal como se detalla en la resolución de transferencia de los fondos- la SPU ha realizado un cálculo provisorio para determinar los montos correspondientes al pago de salarios”.

La comparación entre la resolución 3/16 de esa Secretaría -donde se detalla las transferencias de fondos para el pago de haberes- y las planillas publicadas hasta diciembre de 2015 permitieron inferir que en otras universidades se habían producido reducciones similares.

Esta fue una de las primeras señales de alarma que observaron las autoridades de varias casas de altos estudios y dirigentes de los sindicatos que agrupan a sus trabajadores.

Días antes, el sindicato ADURN de docentes de la Universidad de Río Negro denunció que habían sido despedidos 14 docentes de la“Sede Atlántica que se desempeñan en la carrera de Turismo, Licenciatura en Educación, Educación Primaria y Educación Inicial”. Posteriormente quedaron sin trabajo docentes del Colegio Rafael Hernández, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, y en la Universidad de La Matanza hubo reducciones de dedicación y no renovación de contratos en la carrera de Medicina, lo que incluyó la cesantía del Secretario Gremial de SiDUNLaM Alejandro Rogers.
El siguiente golpe fue el decreto presidencial 336/16 que dejó sin efecto desde el 1 de abril los convenios entre las Universidades y los organismos de la Administración Pública; esto significó la terminación de diversos programas, como el Plan Nacional de Inclusión Digital que articulaba con el Conectar Igualdad.
Este cuadro, sumado al retraso salarial en el sector docente, llevó a que varios sindicatos se sumaran al paro convocado por ATE el 24 de febrero, en la primera medida sindical nacional contra el gobierno de Macri.

A media luz

Clase Pública
Clase Pública en la Universidad Arturo Jauretche

Hasta el mes pasado, pocas autoridades se habían manifestado sobre la situación universitaria. En abril, con las nuevas tarifas comprometiendo la viabilidad presupuestaria, varios rectores y consejos superiores expresaron su preocupación.

El 14 de abril el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional del Sur resolvió por unanimidad solicitar a las autoridades nacionales que presenten una oferta de incremento salarial “satisfactoria dada la inflación verificada” y que se “regularicen las transferencias de partidas” que permiten el funcionamiento de las Instituciones Universitarias.

El rector de la Universidad de Luján Osvaldo Arizio afirmó que la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) se encuentra desfinanciada, que no se están remitiendo el total de los fondos destinados a salario y que hay retrasos en el envío de las partidas para funcionamiento.

Por su parte, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto manifestó días atrás su “preocupación por el proceso de desfinanciamiento de la educación pública, en general, y de las universidades nacionales, en particular”.

Carpa ADUNS
Carpa de protesta del gremio ADUNS

Un problema emergente del congelamiento presupuestarios queda expuesto por el incremento de las tarifas. Un artículo en el diario Página 12 resumió las dificultades que afrontan varias casas de altos estudios como consecuencia del encarecimiento sustancial de los servicios en el marco de un presupuesto que no tuvo ningún refuerzo. Allí se reproducen palabras del presidente de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Fabián Calderón, y del Decano de Sociales de la UBA Glenn Polstolski; éste ultimo advirtió que está en riesgo la continuidad de las clases.

Retraso Salarial y Endurecimiento Sindical

A las restricciones presupuestarias se suma el retraso de los salarios del personal de las universidades, tanto en el sector docente como en el administrativo.

Los docentes mantienen los mismos sueldos desde noviembre de 2015, y la última oferta que recibieron por parte del gobierno contempla un primer incremento de 15% que se percibiría recién en junio. La representación sindical del sector, dividida en 6 sindicatos nacionales de distinta representatividad, se mostró unida en el rechazo a esta propuesta que está por debajo de la inflación registrada en el período.

Las dos federaciones mayores, CONADU y CONADU Histórica, vienen profundizando las medidas de fuerza, al punto que esta última ya definió un segundo paro de una semana de duración si la SPU y el Ministerio de Educación no acercan una oferta sustancialmente mejor. Ambas representaciones coincidieron ya en algunas actividades de protesta, algo que ocurrió muy pocas veces desde 2005.

Los empleados administrativos y de apoyo nucleados en FATUN también realizaron un paro nacional el pasado viernes 29, en defensa de la Universidad Pública y Gratuita, Popular, Autónoma y Co-gobernada.

Los problemas de las Casas de Estudio y las protestas de los trabajadores de las mismas tienen poca visibilidad en los grandes medios; sin embargo, el conflicto aparece actualmente en pleno crecimiento.

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