2017: Fin de Año a todo Ajuste

Policía anuncia despidos
Un policía anuncia los despidos en el Ministerio de Ambiente
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Pasadas las elecciones del 22 de octubre, en las que el gobierno obtuvo más del 40% de los votos, el gobierno aceleró la aprobación de las reformas previsional y tributaria, y con el pacto fiscal acordado con los gobernadores. En los últimos días se concretaron alrededor de 800 despidos en distintas dependencias del Estado Nacional.

A fines de Julio, el Jefe de Gabinete Marcos Peña había asegurado que no había un proyecto ni un plan a corto plazo de promover una reforma previsional; por el contrario, recordó que la Ley de Reparación Histórica dispuso la creación de una “Comisión de Notables” para elaborar una iniciativa en ese sentido.

Policía anuncia despidos
Un policía anuncia los despidos en el Ministerio de Ambiente

Pocos días antes de las elecciones, el propio Macri aseguró que no se avanzaba en “nada concreto” respecto de una reforma laboral.

La realidad cambió apenas se consolidaron los resultados electorales, que convirtieron a la Alianza Cambiemos en la primera fuerza electoral del país.

Habían transcurrido sólo 8 días cuando el mandatario delineó el rumbo del gobierno en un discurso pronunciado en el CCK ante gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales. Allí Macri reiteró la posición oficial sobre el supuesto exceso de empleados públicos, reflotó cuestionamientos a los juicios laborales y criticó la cantidad de sindicatos existentes. También deslizó algunas palabras que habrían de tener importantes efectos en menos de dos meses: se refirió al sistema previsional, asegurando que tenía que “ser justo”.

El 19 de noviembre el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de modificación de la fórmula de actualización jubilatoria, de acuerdo con los lineamientos que un año antes había sugerido el Fondo Monetario Internacional: ligar los incrementos a la inflación (de modo que no la superen) y bajar la “tasa de reemplazo”, es decir, el sueldo del recién jubilado respecto de sus últimos haberes como trabajador activo. La iniciativa también avanzó contra quienes accedieron al beneficio jubilatorio sin haber completado la cantidad de años de aportes y contra las pensiones no contributivas.

La aprobación de esta medida implicó un costo político para el gobierno, cuyas derivaciones aún no pueden preverse; también se convirtió en un ejercicio represivo frente a protestas masivas, con el amparo de la gran mayoría de los medios de difusión masiva.

La victoria -calificada de “pírrica” por muchos analistas- fue alcanzada con menos de la mitad de los votos de los legisladores, más la disposición de algunos pocos a asegurar quórum, pese a las presiones hacia y desde los gobernadores.

En los días siguientes el oficialismo avanzó en la aprobación de una reforma tributaria que reduce las contribuciones patronales y desfinancia a la ANSES, lo que auspicia futuras tensiones para mantener los haberes de jubilados y pensionados.

Esta ley logró la adhesión de sectores de la oposición que habían rechazado los cambios en las jubilaciones, delineando acaso con mayor claridad cuáles serán los sectores políticos que enfrentarán a las políticas del oficialismo en el plano institucional.

En la calle también se empiezan a reacomodar sectores sindicales y sociales, junto a organismos de derechos humanos, que en los últimos tiempos postergaron sus grandes diferencias para conformar un frente unificado contra las políticas de carácter más regresivo.

El proyecto que aún no logró imponer el oficialismo es el de Reforma Laboral, pese a contar con el visto bueno de la conducción de la CGT; se espera que genere también una fuerte resistencia, que ya afectó a la propia central sindical, donde importantes dirigentes ya se pronunciaron en contra de la iniciativa y hasta costó el alejamiento de la UOM de la mesa directiva.

Tarifazos de fin de año

El primero de diciembre el gobierno oficializó las nuevas tarifas de gas y luz. También adelantó que se reducirán subsidios al transporte durante 2018, lo que conllevará importantes subas para los pasajeros.

El 4 de diciembre hubo una nueva suba de la nafta, cuyo precio creció en el año por encima de la inflación.

A pesar de la prédica del Ministro Aranguren, los sucesivos -y sustanciales- aumentos de tarifas desde que comenzó su gestión no lograron ninguna mejora en la provisión energética: a dos días del fin de año había más de 150.000 usuarios sin luz, y se prevé que unos 30.000 recibirán el 2018 sin contar con el suministro de la energía eléctrica.

Amputaciones en el Estado

El último mes llegó con más de 700 despidos en distintas reparticiones estatales. Entre las áreas más afectadas están Fabricaciones Militares, Televisión Digital Abierta, ENACOM y Ministerio de Energía. Hay anuncios de nuevas cesantías en la Secretaría de Agricultura Familiar, SENASA e INTA.

Protesta por despidos UEP
200 despidos en la UEP bonaerense, anunciados por mail en los últimos días del año

En el Ministerio de Ambiente se repitió un mecanismo para informar las cesantías que pinta la insensibilidad con la que se adoptan las decisiones: un policía apostado en la puerta de entrada del edificio recibía a los trabajadores para indicarles quiénes continuarían trabajando y quiénes no.

En provincias y municipios también se produjeron despidos. Un caso paradigmático es de la Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires: el gobierno de Vidal decidió disolver el organismo y dejar sin trabajo a 200 personas; los empleados se enteraron de las novedades por correo electrónico.

En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado ya decidió un paro nacional para el próximo 4 de enero, que seguramente constituirá una medida aglutinante de otras protestas sociales.

Más allá de las justificaciones, el achicamiento de la planta trae consigo la disminución o la eliminación de funciones en el Estado; por ejemplo, la cantidad de empleados que queda en la TDA hace imposible sostener la producción de contenidos de calidad que caracterizó a los medios públicos, pese a la precarización en la que se desempeñaron en estos años; o el control sanitarios de productos agrícolas no contará con el personal necesario, lo que derivará en tercerizaciones y en la privatización de funciones de interés social.

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