Piratas del asfalto

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El gobierno decidió crear por decreto una Sociedad Anónima que canalizará las obras viales nacionales con menos controles y con la posibilidad de incorporar al sector privado.

De esta forma, la gestión del presidente Macri prepara el terreno para facilitar la intervención privada en el desarrollo de la infraestructura vial y al mismo tiempo eludir controles propios del régimen de contrataciones del Estado.

La decisión se implementó mediante el decreto 794/2017 por la cual se creó Corredores Viales S.A. que tiene por objeto la construcción, mantenimiento, financiación, explotación y administración de rutas, autopistas y toda traza vial de jurisdicción nacional.

Javier Iguacel
Javier Iguacel (foto: shaleseguro.com)

El decreto implica un cambio sustancial del funcionamiento de Vialidad Nacional sin que haya sido debatido en el Congreso.

De esta forma las obras viales nacionales quedarán en manos de una sociedad anónima que podrá incorporar accionistas privados -si así lo dispone su asamblea- e incluso privatizarse completamente. Además, la sociedad queda exceptuada de la ley de Procedimientos Administrativos y del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública. Por lo tanto, podrá emprender las obras mediante contrataciones directas, sin realizar licitaciones. La posibilidad de la incorporación de privados a la nueva sociedad está explícitamente plasmada en los considerandos del decreto.

Desde el punto de vista de los trabajadores, éstos dejarán de ser empleados del Estado, perdiendo incluso las condiciones de estabilidad propias de esa condición.

La nueva empresa percibirá ingresos del cobro de tárifas, cánones, peajes, etc. También podrá tomar deuda, aunque en principio esa potestad estará limitada por las disposiciones que surjan de la ley de presupuesto; sin embargo, la asamblea podría modificar eventualmente el Estatuto Social.

La dirección de Corredores Viales S.A. estará a cargo de tres directores, elegidos por la asamblea; en ese órgano, cada acción de la empresa habilita a un voto. El capital accionario inicial está formado por 200.000 acciones de un peso.

No es esta la primera medida que tiende a la privatización del organismo encargado de las rutas y vías del país; días antes la legislatura porteña aprobó la venta de una serie de inmuebles del Estado, entre las que se encuentra el edificio del 1º Distrito de Vialidad Nacional. El argumento esgrimido por el oficialismo es que el inmueble en cuestión se encuentra “en desuso”, pese a que allí trabajan 391 del organismo, más 70 docentes de la Escuela “Maestro Mayor de Obras  Don Oreste Casano”, que forma técnicos en traza de rutas de todo el país.

El titular de Vialidad, Javier Iguacel, quiso llevar tranquilidad a los trabajadores asegurando que el inmueble en cuestión sigue perteneciendo al organismo; no obstante, dejó entrever que podría venderse si resultara conveniente.  Respecto de la creación de la Sociedad Anónima, el funcionario apeló a  expresiones genéricas: aseguró que la medida se adoptó para “seguir avanzando en un Estado inteligente”, según consigna argnoticias.

Iguacel destinó $125 mil para cursos de oratoria, según denunció Infobae meses atrás; evidentemente, no fueron suficientes para que sus explicaciones tranquilicen a los trabajadores ni convenzan a mucha gente de las bondades del cambio inconsulto en las obras viales.

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