Narcotráfico: la viga en el ojo PROpio

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El macrismo no derrotó al narcotráfico como prometió; en cambio, salieron a la luz numerosos vínculos con éste entre sus filas, y la relajación de controles no ayuda a combatir el flagelo.

Un intendente, concejales y algunos militantes oficialistas aparecen vinculados con causas de narcotráfico. Un banco oficial prestó dinero a una empresa relacionada con un capo narco y el Central toma una medida que relaja el control sobre el lavado de dinero.

El gobierno adoptó políticas centradas en facilitar la represión y alineadas con los lineamientos de Estados Unidos, que no han mostrado su efectividad para enfrentar el flagelo en cuestión.

Promesas sobre el bidet

Desde su asunción como presidente, Mauricio Macri sostuvo que su gestión tendría tres ejes: “unir a los argentinos”, “pobreza cero” y “derrotar al narcotráfico”.

Resulta evidente que la política oficial contra los opositores y los datos duros de la economía puso los dos primeros objetivos cada vez más lejos de la realidad.

En cuanto al tercero, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich suele ilustrar su gestión con imágenes de allanamientos, secuestro de drogas y detenciones, la mayoría de las veces de poca monta o con rasgos más cercanos al consumo personal que a la producción o comercialización de estupefacientes.

La acción anti narco  también fue relativizada por la locuaz legisladora oficialista Elisa Carrió, quien en octubre del año pasado aseguró que a la Ministra “le ponen droga para que la encuentre, pero el negocio sigue” (Perfil).

Más allá de la dudosa eficacia de la política antidroga del gobierno, desde el año pasado se difundieron vínculos entre funcionarios del oficialismo y personas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Varisco, De Angelis y Macri
Varisco, con De Angelis y Macri

El domingo 27 de enero, El Destape publicó una investigación de Juan Amorín donde se revela que una empresa vinculada al narcotráfico fue beneficiada por un préstamo del Banco Ciudad por $60.000.000 en el año 2015. La firma en cuestión es Pilar Bicentenario S.A., que cuenta entre sus accionistas a José Byron Piedrahita Ceballos, sindicado como un “patrón del tráfico de narcóticos” por el Departamento de Control de Activos Extranjeros del Tesoro norteamericano. En el artículo se muestran documentos internos de la empresa según los cuales la decisión de la empresa de gestionar el crédito en cuestión tuvo como objetivo favorecer la vinculación política con el PRO, a la espera de que éste tuviera un buen desempeño electoral.

El titular de Pilar Bicentenario era el abogado Mateo Corvo Dolcet, cuya empresa MCD construcciones logró varias adjudicaciones de obras en el municipio de Pilar. Corvo Dolcet fue detenido en el histórico Café de los Angelitos, en Buenos Aires, en un operativo conjunto entre la DEA, fuerzas argentinas y colombianas. Corvo Dolcet, “el desarrollista favorito” del intendente Ducoté -según una nota en Tiempo Argentino-, está acusado de lavar dinero del narcotráfico, probablemente mediante la financiación de obras.

Como en otros casos en los que el oficialismo está involucrado, la repercusión de esta denuncia es escasa en los grandes medios de prensa.

Repasamos a continuación otras noticias relativas al narcotráfico y que tuvieron como protagonistas a funcionarios o aportante oficialistas.

Narco funcionarios:

En junio del año pasado, Sergio Fausto Varisco -intendente de Paraná- fue procesado por el juez federal Leandro Ríos, quien consideró “plasmada” la vinculación entre las actividades políticas del funcionario y las acciones de una banda dedicada al narcotráfico. Para el magistrado, Varisco cumplió el rol de “financiador/adquirente” en operaciones de comercialización de cocaína, y que “proporcionó periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Daniel Celis para la adquisición y comercialización de estupefacientes” con la ayuda de un Concejal y de una agente de la policía de la provincia.

El alcalde entrerriano es de origen radical, pero su candidatura fue impulsada fuertemente por el macrismo: una consulta en Google arroja decenas de fotos en las que se lo ve junto al presidente, a funcionarios nacionales u otros referentes de la alianza gobernante.

La banda encargada de la distribución de la droga, según escribió el juez interviniente, estaba dirigida por Daniel “Tavi” Celis, un hombre que desde hace años participa activamente en las campañas del radicalismo entrerriano. (Página /12)

Cuando la causa tomó estado público, desde el gobierno nacional intentaron despegarse del aliado; sin embargo, Varisco y la pata radical de la alianza no no son los únicos enlaces que la trama investigada tiene con el gobierno: otro de los que estuvo imputado en la causa, el concejal Emanuel Gainza, fue vicepresidente de la Juventud del PRO; la pareja de Celis había declarado que el concejal compró un kilo de cocaína y su nombre apareció en un cuaderno encontrado en un allanamiento, a pesar de lo cual el juez dispuso la falta de mérito en su favor (Nuestras Voces).

A la fecha, Varisco sigue siendo intendente de Paraná y es candidato por el radicalismo para su reelección; Gainza, por su parte, anunció que se presentará en la interna cambiemita para disputar la postulación a la jefatura comunal.

Al momento de escribir estas líneas, el fiscal federal Carlos García Escalada acaba de solicitar al juez que se dé por terminada la etapa de instrucción y la causa sea elevada a juicio (Página Política).

 

El chofer narco: el 23 de diciembre pasado se conoció que Eduardo Ezequiel Figueroa repartía drogas en un Volkswagen Bora perteneciente a Contaduría y Administración de la Cámara de Diputados de la Nación.

Figueroa se desempeñaba hasta ese momento como chofer en la Cámara baja y tenía vinculación personal con el jefe de la bancada oficialista, Emilio Monzó; tal relación quedó a la vista en las redes sociales, donde se lo podía ver junto al hijo del legislador.

La vinculación del chofer con el PRO es de larga data: fue designado desde el 1 de enero de 2012 en la Dirección General de Relaciones con Provincias y Municipios; el nombramiento lleva la firma de Monzó, por entonces Ministro de Gobierno de la Ciudad.

Figueroa además figura como aportante a la campaña electoral de Cambiemos, con una donación de $20.000.-(Noticias La Insuperable). Pero no es el único caso.

Fa Acuña
Fa Acuña, junto a Das Neves y Camaño. Abajo, captura del listado en el que consta el aporte a Cambiemos

En la nómina de aportantes para la campaña electoral que llevó a Esteban Bullrich al senado de la Nación, figura Gastón Fernando Fa Acuña. La colaboración registrada es más bien modesta, $2.325.-, pero su nombre resalta por otras razones.

En el año 2012, Fa Acuña fue detenido con 4Kg de cocaína. Anteriormente había sido candidato a consejero escolar por el PRO, y cuando la detención tomó estado público, desde el partido de Macri aseguraron que tomarían “una medida ejemplar” con el imputado (La Política Online). No se difundió si hubo sanciones, pero la constancia del aporte económico demuestra que continuó vinculado a la fuerza que hoy gobierna al país.

Cultivo para los amigos

En agosto del año pasado, el fiscal Federico Delgado difundió un informe en el que se revela que el 65% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas (23.727) se refieren a consumo personal; en cambio, no se registraron causas importantes de venta o distribución de drogas, ni delitos conexos como la tenencia de armas (Infobae). En similar dirección, hubo detenciones a personas que se dedicaban al cultivo de marihuana con fines medicinales; el caso de Daniel Loza puso sobre la mesa la falta de regulación de este tipo de cultivo. Por el contrario, el gobierno autorizó a Gastón Morales, hijo del oficialista gobernador jujeño Gerardo Morales, a llevar adelante un proyecto para producir y exportar cannabis, en asociación con una empresa con sede en Las Vegas, Nevada (USA); la iniciativa generó el rechazo de las organizaciones que trabajan desde hace años en favor del autocultivo (Tiempo Argentino). La decisión constituye otro ejemplo de cómo el gobierno prioriza los negocios por sobre actividades solidarias o de subsistencia.

La ruta del dinero C

Recientemente, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariano Federici, decidió no sancionar al banco HSBC por no haber informado sobre operaciones de lavado en las que estaba involucrado Henry de Jesús López Londoño, más conocido como “Mi Sangre”. El Consejo Asesor de la institución había considerado de manera unánime la aplicación de la multa contra la entidad financiera, pero Federici adhirió a la posición de la línea técnica del organismo (La Nación).

En igual dirección, el Banco Central dispuso que agencias y casas de cambio ya no tendrán obligación de reportar las operaciones sospechosas ante la autoridad monetaria (ámbito financiero), aunque mantiene la obligación de informar a la UIF.

Collage de capturas
Narcos y política oficial en los medios

Según describen especialistas, la primera etapa del blanqueo de dinero de origen delictivo es la “colocación”, donde los recursos en efectivo suelen dividirse para transarlo en cantidades menores en instituciones bancarias y no bancarias; esta fase suele realizarse “ por medio de entidades bancarias, casinos de juego, casas de cambio, etc.” (véase “El problema del Narcotráfico y sus implicancias para la Economía”, de Wainstein y Casal, 2002).

 

El gobierno asumió un discurso punitivista, con medidas y anuncios espectaculares o de gran repercusión mediática, pero que no han redundado en resultados importantes; en cambio, la presencia de funcionarios ligados al oficialismo en causas de narcotráfico y el relajamiento de controles sobre operaciones financieras, abren un flanco preocupante respecto de las posibilidades de blanqueo del dinero proveniente de operaciones ilícitas.

De la mano del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, aumentó la presencia de la DEA norteamericana y se fortalecieron los recursos represivos; en cambio, se desecharon experiencias positivas más próximas y que obtuvieron éxitos sin la tutela estadounidense, como es el caso de Bolivia.

Estas deficiencias probablemente no sean exclusivas del oficialismo; pero no puede desconocerse que a la fecha el protagonista del caso más resonante, Sergio Varisco, permanece en sus funciones como intendente de una ciudad, sin recibir la furia discursiva que el oficialismo suele destinar a sus opositores políticos.

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