Denunciada por evasión, designada para prevenir el lavado

Monkes Calcaterra
Foto: NuestrasVoces.com. María Pía Monkes
Download PDF

El 6 de mayo se publicó en el Boletín Oficial la resolución Administrativa 410 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Allí se designaba dentro de la Unidad de Información Financiera (UIF) y en funciones de dirección y planeamiento (según la normativa del Empleo Público Nacional), a la doctora María Pía Monkes Calcaterra.

La resolución mencionada también brinda una autorización excepcional a Monkes Calcaterra por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo que rige este tipo de designaciones.

Monkes Calcaterra
Foto: NuestrasVoces.com. María Pía Monkes

El artículo soslayado establece las condiciones para el reingreso de personal al Sector Público; los requerimientos a los que alude se detallan en el artículo 12, donde se explicita que no podrán ocupar cargos quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, contra la administración pública, con procesos pendientes, con deudas con el fisco, inhabilitados o exonerados, en infracción a leyes electorales, o que se hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden constitucional.

La resolución firmada por Marcos Peña y Germán Garavano no explicita cuál de estos requisitos sería el que no cumple la designada.

La designación es de carácter retroactiva; si bien se publicó el 6 de mayo, se la da por designada a partir del 26 de enero.

Según reveló el portal NuestrasVoces, la funcionaria es sobrina de Ángelo Calcaterra y Mauricio Macri; pero además se desempeñó como apoderada de las empresas del clan Macri SOCMA y SIDECO, pasando luego a IECSA junto a Calcaterra.

Según reza el sitio de la UIF, la repartición “es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Sin embargo, la funcionaria carga con una denuncia por evasión de impuestos en España por más de 7 millones de euros, en su condición de administradora de la Inversora Andina Ibérica SL. Además, Nuestras Voces informa que en República Dominicana tiene una denuncia por fraude al Estado, en relación con obras públicas en ese país.

 

Puede interesarle:

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*