Arrepentidos

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Abogados del espacio “Iniciativa Justicia” pidieron informe a la Defensora General de la Nación sobre la aplicación de la figura “del arrepentido”.

Graciana Peñafort
Graciana Peñafort (Foto: NA)

Aunque la “figura del arrepentido” -como se le denomina habitualmente- recibió críticas desde que fuera propuesta por el gobierno nacional, en los últimos tiempos los cuestionamientos se multiplicaron a raíz de las sospechas de que la misma estuviera siendo empleada para lograr que personas imputadas en algún delito mejoraran su situación procesal mediante declaraciones direccionadas por jueces o fiscales. La revelación de la existencia de numerosos casos de extorsión, a partir de la denuncia del empresario Pedro Etchebest ante el juzgado de Dolores, dio más fuerza a las preocupaciones respecto de la utilización práctica del mecanismo creado por la ley 27.304.

Si causas de gran repercusión política y mediática avanzan casi exclusivamente en base a los testimonios de imputadxs que deciden “colaborar”, sus declaraciones deben estar bajo un escrutinio cuidadoso para que no derive en un mecanismo para crear causas e imponer condenas de manera arbitraria.

En ese marco, un grupo de abogadxs integrantes del espacio denominado “Iniciativa Justicia” realizaron una presentación ante la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martinez, en la que manifiestan su “preocupación” por la aplicación que se viene realizando respecto del “instituto previsto” en la ley citada, en referencia a los “imputados colaboradores” o “arrepentidos“.

Graciana Peñafort, Carlos Beraldi, Martín Arias Duval, Maximiliano Rusconi, Javier Llermanos y Rubén Llernovoy  se refirieron, en su presentación, a lo informado en “diversos medios periodísticos” en relación con la causa conocida como “Cuadernos”, en cuyo trámite no se habría procedido de acuerdo a la ley con quienes se acogieron a la figura. En el escrito, lxs letradxs señalaron que no se respetaron los recaudos establecidos en la norma en lo que se refiere a registrar las declaraciones para posibilitar su evaluación posterior (art. 6); además, se habría direccionado las declaraciones para que los imputados sostuvieran versiones sugeridas por las autoridades a cambio de evitar su detención u otras medidas.

Varias personas imputadas en la causa mencionada fueron representadas por el Defensor Oficial Gustavo Kolman, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, cuya máxima autoridad es Martinez; por ello, el grupo de letradxs solicitó que desde esa entidad se informe si se han tomado recaudos para que lxs defensorxs oficiales aseguren el máximo control en la apelación a la figura de colaborador; si se lleva seguimiento estadístico de la aplicación de este mecanismo, al menos en los casos en los que intervienen defensores oficiales; si se tiene conocimiento de alguna irregularidad en la utilización de la figura de marras; si se ha realizado alguna auditoría sobre el desempeño de los Defensores en relación con el tema; si la Defensora General ha tomado algún otro tipo de iniciativa respecto del “instituto de referencia”.

¿En qué consiste la figura?

La ley 27.304 prevé la posibilidad bajar las penas a un imputado que acepte brindar “datos precisos, comprobables y verosímiles” sobre la comisión de un delito relacionado con el tráfico de estupefacientes, terrorismo, contrabando o corrupción, entre otros.

La norma también establece que la información que se brinde debe referirse “únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe” . Respecto de la veracidad de las declaraciones, impone penas de 4 a 10 años a quienes proporcionaran “maliciosamente información falsa o datos inexactos”, además de la pérdida del beneficio de reducción  en la condena por el delito para el que se ofrecieran como “colaboradores”.

Como señalan lxs abogadxs, el artículo 6 exige que las declaraciones que realizara un arrepentido “deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.

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