2017: Cuando el silencio amortigua el escándalo

Macri Correo Argentino
Un caso polémico: la deuda de la empresa del grupo Macri por la gestión del Correo Argentino
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Los principales medios le dedicaron coberturas marginales a denuncias que involucran a Macri. Aquí repasamos algunas de ellas.

Los principales medios destinaron amplias coberturas a los casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno anterior. Por el contrario, apenas se refirieron a aquellas denuncias relacionadas con el presidente Macri o con destacados funcionarios del gobierno.

A continuación, algunos de los casos más resonantes:

Correogate

La empresa a cargo de Correo Argentino tiene una deuda desde hace 16 años con el Estado Argentino,  originalmente de unos 300 millones de pesos, los que por entonces eran 300 millones de dólares. El Estado nunca avanzó en la ejecución de esa deuda, aunque tampoco había aceptado las sucesivas ofertas de la compañía… hasta que el año pasado le dio repentinamente el visto bueno.

Macri Correo Argentino
Un caso polémico: la deuda de la empresa del grupo Macri por la gestión del Correo Argentino

9 de Febrero: la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pide el rechazo del acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa concesionaria de Correo Argentino, propiedad de la familia Macri. La fiscal señaló que SOCMA presentó una serie de propuestas de pago de la deuda que mantenía con el Estado las que sólo tuvieron por objetivo demorar las resoluciones.

Para Boquín, la oferta aceptada por el Estado en 2016 es “ostensiblemente ruinoso para el Estado Nacional”. (La Política Online)

Por el Estado actuó el abogado Juan Manuel Mocoroa, quien fuera designado transitoriamente como Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones

El 7 de diciembre la Cámara avaló la actuación de Boquín y ordenó que se investigue el posible vaciamiento de la empresa. Boquín había comprobado que mientras se negociaba el acuerdo cuestionado, hubo retiros de fondos hacia las empresas controlantes SIDECO y SOCMA, ambas del grupo Macri.  Esos retiros se hicieron con el conocimiento de la jueza que intervenía en la causa, Marta Cirulli.

Como resultado, se deberán peritar los libros para determinar si hubo vaciamiento, lo que podría entrañar incluso responsabilidades penales para la familia Macri.(Página /12)

El viernes 22 de diciembre el juez Lijo solicitó al BCRA la información contable de las empresas del Grupo Macri. (ámbito financiero)

Según reveló La Nación, el juez en cuestión le debe al mandatario una maniobra que evitó que el Consejo de la Magistratura tratara la citación de su hermano Freddy en relación con una investigación sobre el patrimonio del magistrado.

Macairgate

Bajo la gestión de Cambiemos, Aerolíneas Argentinas declaró como “incobrable” una deuda de la empresa Macair Jet -propiedad por entonces de la familia Macri-, perdonándole en la práctica $481.229,18.-

Ese beneficio fue resuelto en octubre de 2016 por las autoridades de la aerolínea estatal, según la documentación aportada por el diputado Rodolfo Tailhade a la justicia y publicado en el portal Política Argentina.

En marzo de este año, Macair fue adquirida por Avianca Holding, aunque curiosamente mantuvo como vicepresidente a Carlos Colunga, quien fuera titular de la empresa antes de la venta. Colunga renunció a esa posición luego de que estos hechos tomaran estado público.

Poco tiempo después, la empresa fue beneficiada con la adjudicación de rutas aéreas como aerolínea “low-cost”, aunque quedó en medio de sospechas de conflictos de intereses que demoraron la efectivización de esos servicios.

Blanqueo para familiares y amigos

La llamada “Ley de Reparación Histórica” incluyó un amplio blanqueo de capitales mediante el cual quien tuviera dinero oculto pudo reconocerlo, salvándose de pagar los impuestos que adeudara con sólo aportar una módica contribución al fisco. A diferencia de otras medidas similares dispuestas por gobiernos anteriores, esta vez ni siquiera necesitaban repatriar el dinero, el que podía seguir en sus cómodos refugios internacionales.

Expresamente, la norma en cuestión excluía de la posibilidad de blanquear a los familiares de funcionarios y ex funcionarios de los distintos poderes, según lo expresa en sus artículos 82 y 83; sin embargo, Macri “reinterpretó” estos puntos y habilitó a que los familiares accedan al beneficio, con la sola condición de que los bienes a “exteriorizar” (eufemismo por blanquear) hayan sido conseguido antes de que el funcionario asumiera.

De esa forma, Gianfranco Macri pudo incorporar a la economía formal nada menos que $660 millones, sin tener que pagar la deuda que tuviera con el Estado por semejante monto.

Algunos empresarios reconocidamente afines al presidente figuran entre los principales beneficiarios de la medida: Marcelo Midlin, que blanqueó bienes por $770 millones, y el “hermano de la vida” del mandatario, Nicky Caputo, quien reveló la posesión de bienes por $465 millones.

El legislador Felipe Solá presentó ante la justicia el pedido de inconstitucionalidad de este decreto, que dio vía libre a una maniobra expresamente prohibida y que había sido objeto de negociaciones en el Congreso para que el oficialismo reuniera los votos que necesitaba. El planteo fue rechazado en primera instancia por la Jueza María Biotti, en base a consideraciones formales: no se expidió sobre la constitucionalidad sino que se limitó a cuestionar que Solá fuera una persona directamente afectada por la norma sobre la que demandaba. El mes pasado, sin embargo, la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revirtió esa decisión, ordenando que se analice la constitucionalidad o no del decreto presidencial.

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