Honduras: muerte y toque de queda ante las denuncias de fraude

Niño herido en honduras
Menor herido durante la represión en Honduras (foto publicada en El Heraldo)
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El gobierno hondureño decidió suspender las garantías individuales en virtud de las protestas que se producen en todo el país, en medio de las denuncias de fraude.

El domingo pasado se realizaron las elecciones presidenciales en Honduras, en las que los principales candidatos fueron el actual mandatario Juan Orlando Hernández y el opositor Salvador Nasralla.

A primera hora del lunes, los cómputos provisorios arrojaban una ventaja para el candidato opositor de 5 puntos porcentuales; sin embargo, el miércoles pasado el mandatario pasó a liderar los resultados, con un 42,21% de los votos frente a 42,11% del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.

El candidato opositor denunció que el sorpresivo cambio en los guarismos se originó luego de que el servidor del Tribunal Electoral estuviera caído y que se aceptaran resultados de “actas que no están firmadas” lo que -según afirmó- puede ser verificado.

Niño herido en honduras
Menor herido durante la represión en Honduras (foto publicada en El Heraldo)

Ante este cuadro, se produjeron masivas protestas con epicentro en Tegucigalpa, ante lo que gran parte de la población considera como un fraude electoral. En respuesta, las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente, causando al menos 7 muertos, una veintena de heridos y cientos de detenciones.

Como respuesta, el gobierno dispuso la suspensión de las garantías constitucionales y la vigencia del toque de queda entre las 18:00 y las 6:00. Esta medida implica en la práctica la posibilidad de que se produzcan detenciones arbitrarias y que el gobierno asuma el control completo de los medios y las redes sociales.

La oposición considera que las irregularidades en el conteo y la suspensión de las garantías constitucionales conforman un golpe de Estado.

La mano norteamericana

De concretarse la maniobra que denuncia la oposición, no sería la primera vez en el siglo que Honduras que se produce un golpe de Estado.

En julio de 2009 el presidente democrático Manuel Zelaya fue desplazado del cargo por orden de la Corte Suprema de Justicia, la que fue ejecutada por fuerzas del Ejército.

Previo al derrocamiento, el ex mandatario había adoptado medidas claramente alejadas de las estrategias norteamericanas en la región, al integrarse a la Alianza Bolivariana de las Américas junto a Cuba y Venezuela. Sectores del gobierno norteamericano, ligados a grupos monopólicos, intervinieron en la gestación del golpe, según denunció el propio Zelaya.

En aquel entonces la ONU suspendió a Honduras y reclamó la restitución de Zelaya; incluso lo hizo el gobierno norteamericano. Sin embargo, el golpista Roberto Micheletti continuó en el poder.

En 2014, Hillary Clinton reconoció en su libro “decisiones difíciles” haber actuado para que las elecciones en Honduras posteriores al golpe se realizaran rápidamente, de modo de “superar” la posibilidad de que Zelaya volviera al poder.

En el conflicto actual, los Estados Unidos tienen una clara inclinación en favor de Hernández, un mandatario obediente a los lineamientos del país del norte, como lo mostró el retiro de sus diplomáticos de Venezuela en mayo de este año; tal decisión repite la que adoptó la gestión del golpista Micheletti en 2009.

Dobles Varas

Protestas y represión en Honduras
Protestas y represión en Honduras

Entre los argumentos usados contra Zelaya para dar el golpe, estuvo la convocatoria a una consulta popular no vinculante sobre la posibilidad de que el entonces mandatario se presentara a la reelección, lo que está expresamente prohibido en la Constitución hondureña en su artículos 374 y 239. Según algunos constitucionalistas, la única forma de modificar esa restricción es mediante un plebiscito, que es lo que pretendía implementar Zelaya.

Sin embargo, en agosto del año pasado la Corte Suprema emitió un fallo a instancias de una presentación realizada por un grupo de diputados, por el cual declaró “inaplicable” el artículo 239 y partes del 374, con lo que dejó habilitada la reelección.

Los fundamentos de la decisión guardan similitudes con el reciente fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia, ya que los magistrados hondureños consideraron que la restricción plasmada en la Carta Magna violenta el derecho a la igualdad y a la participación política de los expresidentes de la República y por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los diputados.

Ni los medios, ni los juristas que se pronunciaron duramente contra Zelaya, ni el propio presidente en ejercicio repararon en que la decisión de la Corte desarma las bases por las cuales se justificó la destitución del mandatario en 2009.

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