La viga en el ojo oficial

Observaciones
Observaciones del GTDA de la ONU
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El gobierno y los medios pasan de la “preocupación” por Venezuela al mayor silencio ante las conclusiones del grupo de la ONU que visitó el país. Los expertos del organismo internacional observaron la facilidad con cuenta la policía para realizar detenciones, las privaciones de la libertad bajo la figura de verificación de identidad, el carácter discriminatorio del accionar policial en detrimento de sectores más vulnerables, entre otras consideraciones que cuestionan la situación de los derechos humanos en la Argentina desde la perspectiva de la arbitrariedad en la detención de personas.

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Observaciones del GTDA de la ONU

El Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU visitó la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy. Se reunió con funcionarios, dirigentes sociales y políticos y se hizo presente en centros de detención, entre otras actividades orientadas a tomar conocimiento de la situación del país en referencia al tema de que se ocupa.

Los especialistas que representaron al Grupo, Sètondi Roland Adjovi y Elina Steinerte, dieron a conocer los “hallazgos preliminares” reunidos en esta recorrida y que integrarán el informe que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo año.

El grupo se especializa en casos de privación de la libertad impuestos arbitrariamente o bajo condiciones contrarias a los estándares internacionales sobre el tema; no obstante, sus indagaciones toman en cuenta las circunstancias bajo las cuales transcurren las detenciones, las que pueden incidir en el menoscabo del derecho a la defensa de los afectados.

Observaciones sobre el sistema penal argentino

En su informe preliminar el Grupo realizó cuestionamientos sobre 6 aspectos del sistema penal

En primer lugar señalaron las facultades con las que cuenta la policía para realizar detenciones. Sobre este tema pusieron de relieve la privación de la libertad que suele realizarse a los supuestos fines de identificar a las personas; estas “demoras” suelen recaer de manera discrecional, afectando sobre a todo a sectores vulnerables como el colectivo LGTBI, integrantes de pueblos originarios, migrantes, etc.

Sobre este tema, el Grupo concluyó que es urgente que la Argentina tome las medidas necesarias “para poner fin a la práctica de detención de personas cuando ello no se relaciona con un delito”.

A continuación criticó el uso excesivo de la prisión preventiva. El Grupo verificó que hay quienes se mantiene presos por períodos de tiempo excesivos bajo esta figura, además de incumplirse prescripciones legales en el sentido de mantener separados a quienes se encuentran privados de la libertad bajo esa figura y quienes tienen condena.

En la misma dirección, el Grupo señala que en la Argentina existen penas alternativas a la privación de la libertad, pero se aplican sólo en un bajo porcentaje de casos. Al respecto, el grupo recomienda alentar “al Poder Judicial a aplicar medidas alternativas en todos los casos posibles”.

Posteriormente, el informe manifiesta la “alarma” por el mantenimiento de detenidos en comisarías, las que no están equipadas para alojarlos. En ese sentido, el Grupo insta  “a que cese el encierro de personas en prisión preventiva en instalaciones inadecuadas para tal fin”.

En las visitas a los penales, los especialistas comprobaron la existencia de celdas de castigo, El Grupo insistió en que “esta práctica debe cesar de inmediato, y que el uso de celdas de aislamiento, independiente del nombre que se les atribuya, sea formalizado con los procedimientos adecuados y sujeto a reglamentaciones claras a fin de evitar su uso arbitrario“.

Los informes recogidos por el organismo internacional le permitieron conocer casos de privación de libertad y malos tratos contra menores de edad, incluso por debajo de los 16 años. Sobre este tema los especialistas instaron al Estado nacional a garantizar “que no se prive de la libertad a niños en centros inadecuados” y a adecuar la legislación a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

El último aspecto señalado por el Grupo se refiere a la “selectividad del sistema penal“: durante sus actividades verificaron que los niños, gente en situación de calle, integrantes de pueblos originarios y de la colectividad LGTBI y los migrantes tienen mayores probabilidades de ser detenidos por la policía.

En este apartado observaron que las figuras como “corte de ruta” o “resistencia a la autoridad” presentan formulaciones inherentemente ambiguas que posibilitan la discrecionalidad de la represión. Quienes sufren las consecuencias de este escenarios son los sindicatos, las organizaciones sociales y políticas que participan en protestas. En este aspecto destacaron el uso excesivo de la fuerza contra comunidades indígenas, a manos de fuerzas de seguridad e incluso de empresas de seguridad privada.

El informe también cuestiona la utilización de la “ley antiterrorista” y el llamado “protocolo antipiquetes” adoptado por el Ministerio de Seguridad, que constituye una herramienta que aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias al dotar de mayor discrecionalidad a las fuerzas de seguridad.

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