Seis elementos que desacreditan las hipótesis que culpan a los mapuches

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El post de un periodista que da cuenta tempranamente de la detención de Santiago Maldonado por Gendarmería; una llamada al celular del joven que obtiene respuesta el 2 de agosto; los testimonios de integrantes de la comunidad que en buena parte coinciden con hechos que se fueron conociendo; y el contexto de enfrentamiento con la poderosa multinacional Benetton. Estos son algunos elementos que entran en contradicción con las hipótesis que reponsabilizan a los mapuches por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, teorías que tampoco cuentan con suficientes indicios que les den soporte.

Llanto en la Pu Lof
Miembros de la Pu Lof el día en que encontraron el cuerpo

Las  hipótesis sostenidas o sugeridas por diversos medios responsabilizando a la comunidad mapuche dejan de lado una serie de elementos que fueron produciéndose en la investigación. Tampoco dan cuenta del surgimiento ni de la difusión de las múltiples pistas falsas seguidas con entusiasmo por el gobierno y por el juez Guido Otranto, quien estuvo a cargo de la causa hasta el 22 de septiembre pasado.

A continuación repasamos una lista de elementos que hacen al desarrollo de los hechos y que no encajan con las explicaciones mencionadas, sin tomar en cuenta aún los datos que empiezan a surgir como resultado de la autopsia y que hasta ahora no han ofrecido información determinante.

1) El día de la desaparición de Santiago Maldonado la Gendarmería reprimió a la comunidad del Pu Lof en Resistencia, ingresando al predio sin orden judicial

El juez Otranto había ordenado despejar la ruta 40 que estaba cortada por un pequeño grupo de integrantes de la Pu Lof en resistencia. A la madrugada del 1 de agosto ese objetivo ya había sido cumplido; sin embargo, la Gendarmería avanzó hacia el territorio de la Lof.

Ese mismo día diversos medios dieron cuenta de la represión. Resumen Latinoamericano reproducía un cable de ANRed en el que se difundía una comunicación telefónica con la vocera de la comunidad Andrea Millañanco; allí la referente explicaba que tenía informes de que la fuerza represora había quemado viviendas y golpeado a los mapuches, pero a ella no le habían permitido llegar hasta el lugar.

Posteriormente se conocieron algunos vídeos que mostraban el comienzo del operativo en territorio de la Lof, en los que se escuchan órdenes de disparos y se observa la intervención de varios vehículos.  Uno de ellos, difundido originalmente por la señal de cable de C5N, puede verse -entre otros sitios- en la web de El Destape.

2) El 2 de agosto un periodista de Esquel dice que Gendarmería “procedió a detenerlo”

El periodista Ricardo Alejandro Bustos, de FM del Lago, respondió en Facebook a un comunicado de la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto en el que pedían información sobre el paradero de Santiago Maldonado. El comunicador responde ese mismo día que “en realidad lo que sucedió esta mañana con ese sujeto, es que fue persuadido gentilmente por la Gendarmería Nacional para que se retire del predio que ocupaba en Vuelta del Río (…) como se negó a retirarse Gendarmería Nacional procedió a detenerlo e identificarlo“.

Post de Bustos en Facebook
El Post de Bustos del 2 de agosto

El texto continúa afirmando que Santiago “ahora está a disposición de la justicia de Chubut”.

Más abajo destila su propia perspectiva ideológica diciendo que Maldonado vivía “en la vecina y marihuanera ciudad de El Bolsón”. Tal descripción no permite concluir que el periodista quisiera abonar a las perspectivas de los mapuches; según consigna La Izquierda Diario, Bustos es identificado en la comarca andina como afin a los intereses de los terratenientes, además de presentarse a sí mismo como “Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones en Minas Argentinas S.A”.

3) Los testimonios de la comunidad

El mismo 01 de agosto al menos dos personas de la Pu Lof testimoniaron ante el Defensor Oficial Jorge Fernando Machado. El funcionario se apersonó en la comunidad luego del hábeas corpus presentado esa tarde por la Comisión Provincial de la Memoria.

Allí los testigos describen la represión a cargo de la gendarmería. Una de las personas que declaran informó que un integrante del lof había contado que se habían llevado detenido a “Santiago  Veloso o Peloso” (Peloso es el apellido materno). Como prueba de la represión otra personas aporta 3 vainas servidas y otra sin percutar.

Los documentos fueron publicados por Tiempo Argentino el 16 de agosto, el mismo día en el que la Ministra Bullrich negaba que hubiera pruebas de la vinculación de Gendarmería con la desaparición.

Matías Santana, un joven mapuche, declaró ante la justicia el 5 de septiembre que había visto a tres gendarmes “golpeando a un bulto negro con una campera celeste”; dijo reconocer que era Santiago porque el propio Santana se la había prestado. Santana ya había declarado pero bajo identidad reservada, por temor a las posibles represalias.

Ante la CIDH hubo otros integrantes que relataron que Santiago Maldonado había sido subido a una camioneta de la fuerza. Un relato describe que el joven llegó hasta las aguas del río Chubut pero se volvió, siendo alcanzado por tres gendarmes que gritaron “acá tenemos a uno”.  Estas palabras tienen una llamativa coincidencia con las que dicen haber escuchado los gendarmes Gomez y Peloso.

4) La comunicación de Ariel Garzi y la contradicción de Movistar

El amigo de Santiago lo llamó a su celular con chip chileno al día siguiente de su desaparición. Para Garzi, la llamada fue atendida aunque nadie habló.

A partir de esa declaración, se solicitó a la empresa Telefónica la información sobre esa llamada.

El 18 de agosto la empresa  respondió que “de acuerdo a los datos e información técnica que se cuenta, la existencia del ticket de 23 segundos significa que la llamada existió“, según transcribió el especialista Ariel Garbarz (la cursiva es nuestra).  El informe asegura que se trató “de una llamada exitosa, (B contesta)”.

Un mes más tarde la misma empresa se expresó en sentido contrario, afirmando que “es preciso afirmar, con la información suministrada por UD, que el abonado..” (transcribe aquí el número de Santiago)”.. no se encontraba acampando en la red de telecomunicaciones móviles” de la compañía.

5) La ausencia de filmación oficial de los momentos clave del operativo del 1 de agosto

Las actas elaboradas por la propia Gendarmería sobre su accionar el día de la represión en la que desapareció Maldonado están acompañadas de filmaciones, excepto las que corresponden al ingreso y a la represión dentro de la Pu Lof.

Sobre este hecho, una de las explicaciones de la fuerza fue que la encargada de la tarea suspendió la filmación para socorrer a un gendarme que había recibido un piedrazo, según contó Infobae.

En cualquier caso, es llamativo que una medida que las fuerzas de seguridad adoptan justamente para demostrar que su actuación se apega a la legalidad, haya sido suspendida en los momentos clave de la represión.

6) Las campañas con versiones falsas

Cualquiera sea el derrotero que siga la investigación sobre la muerte del joven, no puede dejar de tomarse en consideración que el caso estuvo rodeado de fuertes campañas que buscaron instalar hipótesis alternativas a la detención por parte de Gendarmería.

Esas hipótesis fueron difundidas principalmente desde medios de comunicación con amplia llegada, especialmente Clarín,  TN e InfoBAE. Desde esas usinas se afirmó que Santiago había sido herido en una ataque a un puesto en Epuyen, que había sido atendido por dos médicas por fuera del sistema formal de salud, que había sido atendido en Chile, que estaba en Chile, que nunca estuvo en la Pu Lof, que estuvo pero no ese día, que estaba en Entre Ríos, que lo llevó una pareja a Ushuaia, que se cortó el pelo en San Luís y que estaba en la Terminal de Ómnibus de Tartagal.

Un repaso parcial de estas hipótesis y de las opiniones de los jueces Otranto y Lleral fue publicado por La Nación cuando Sergio Maldonado reconoció el cuerpo de su hermano.

La justicia adhirió rápidamente a algunas de esas versiones: así fue que la Policía terminó allanando la peluquería puntana, a pesar de la endeblez de la información.

El gobierno, por su parte, hizo suyas sucesivas hipótesis; la propia Ministra de Seguridad Patricia Bullrich expuso la hipótesis del agresor herido por el puestero, sin que existiera ningún tipo de indicio que permitiera relacionarlo con Santiago Maldonado que no sea la propia visión oficial sobre las hipotéticas vinculaciones de la RAM.

La espiral de noticias falsas o tendenciosas no se detuvo con la aparición del cuerpo; el sábado pasado, a horas de los comicios, los medios aludidos insistieron con la supuesta declaración de un mapuche “quebrado” que habría aportado el dato donde se produjo el triste hallazgo; esta mañana el juez Lleral desmintió tales declaraciones, explicando que “si hubiese tenido un dato certero, no habría puesto en riesgo a los bomberos ni a los prefectos, lo habría ido a buscar directamente”.

Una explicación completa de los hechos no puede abstraerse de identificar las fuentes de estas versiones y los objetivos que perseguían; si se tratara de personal vinculado a organismos de inteligencia, constituiría una acción por parte del Estado en perjuicio del proceso investigativo y -por ende- estaría involucrado en el encubrimiento de los delitos que se hubieran cometido.

Antecedente: ya habían reprimido con extrema violencia a la misma comunidad en enero

El 10 de enero, y por orden del mismo Otranto, alrededor de 200 efectivos de Gendarmería golpeó a un unos 20 integrantes de la Lof, entre las que había niños.

En ese operativo detuvieron a tres personas, dos miembros de la comunidad mapuche y un wenuy (amigo), los que fueron trasladadas al Escuadrón 36 de la fuerza ubicada en Esquel.

En aquel entonces, la madre de Facundo y Fernando Jones Huala, Isabel Huala, expresó su preocupación ante La Izquierda Diario de que los detenidos fueran “desaparecidos”, por que en las dependencias policiales y de gendarmería evitaban darle precisiones acerca del paradero de los detenidos.

Este antecedente no se refiere específicamente a los hechos en torno a la desaparición de Santiago Maldonado, aunque muestran que los testimonios de la comunidad son plausibles.

El fondo: el conflicto por la tierra

La desaparición y la muerte de Santiago Maldonado se produjo en el contexto de la represión contra una comunidad mapuche, dentro de un área recuperada por los indígenas y que el Estado atribuye a una empresa del multinacional Grupo Benetton.

“El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país en el año 2000, reconoce la autonomía indígena, el derecho a mantener y fortalecer las propias instituciones representativas, a la consulta con carácter previo a toda decisión administrativa o legislativa que afecte a los pueblos indígenas, la participación indígena a todo nivel en las estructuras del Estado, la protección de la posesión y propiedad de las tierras y territorios y de los recursos naturales de los pueblos indígenas (que incluye derechos a la previa consulta, con información completa y realización de estudios de impacto cultural y ambiental, a la participación en la gestión y en los beneficios y a la indemnización), la administración de sus propias instituciones educativas, económicas y de salud, y el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena (tanto en la resolución de los conflictos internos como en los procesos penales o civiles ante órganos judiciales o administrativos del Estado)” (Informe sobre derechos mapuches de Neuquén, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, año 2010)

La intervención de la fuerza federal en el territorio a cargo de los mapuches, además de no haber contado con una orden judicial, desconoce el marco jurídico internacional.  Se produjo sobre una comunidad que decidió recuperar un área del territorio que ocuparon hace muchos años, ante el incumplimiento de la Constitución y de las leyes vigentes sobre el derecho de los pueblos indígenas al territorio que ocupan ancestralmente y a contar con terrenos que les permitan desarrollarse y vivir dignamente.

El conflicto, a su vez, se desarrolla desde el Estado sin la participación de las comunidades, sin el reconocimiento de las instancias deliberativas ni organizativas propias de esos  pueblos, ni con el respeto a sus propias pautas.

Cumplir con los pactos internacionales en el tema y con la propia Constitución no sólo deriva en el conflicto con los terratenientes, sino también con los planes de desarrollo de emprendimientos de explotación hidrocarburífera y minera. La concresión de esas iniciativas debería supeditarse a la consulta con los pueblos involucrados, como lo explicita el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo entre otros instrumentos internacionales.

No incorporar estos elementos al análisis de los elementos puede conducir a sesgar la interpretación de los hechos y -en definitiva- afectar severamente las posibilidades de resolver el caso de manera concluyente.

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