Secretos y Mentiras

Noceti y Bullrich
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Desde la desaparición de Santiago Maldonado, se verificó la falsedad de muchas afirmaciones del gobierno y surgidas desde Gendarmería. La causa avanza lentamente, con contradicciones y con la fuerza sospechada como una de las fuentes principales de los elementos que guían la investigación.

Por su parte, las numerosas contradicciones no hicieron mella en la convicción del juez Otranto de exculpar a la fuerza y descartar cualquier rol por parte de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad.

A continuación repasamos algunas de las deficiencias ostensibles del proceso investigativo, las que sustentan el reclamo de la familia de que el juez Otranto se aparte de la causa como el de la realización de una investigación seria e independiente.

Deficiencias en la investigación

Noceti y Bullrich
Noceti y Bullrich

A 47 días de la desaparición de Santiago Maldonado, resulta evidente que el juez Otranto eligió qué pericias realizar, qué declaraciones tomar y qué hipótesis seguir en un todo de acuerdo con los planteos del gobierno y deshechando por completo las evidencias y testimonios aportados desde la familia, desde la comunidad mapuche y desde los organismos de derechos humanos.

La demora en tomar declaraciones a los gendarmes

La existencia de testimonios e indicios sobre la intervención de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado datan de las primeras horas luego de la represión del 1 de agosto en el Lof de Cushamen. El mismo día el Defensor Público Fernando Machado había presentado un pedido de paradero, y sólo un día después elevó un hábeas corpus.

A pesar de contar con esos indicios, el juez Otranto no llamó a declarar a los gendarmes participantes, ni realizó oportunamente las pericias para determinar quiénes intervinieron.

Un artículo de Fernando Soriano publicado el viernes por Infobae reveló que 6 de los efectivos tomaron licencia al día siguiente de la represión en el Lof: el subalférez Emanuel Echazú, el gendarme Neria Armando Robledo, el cabo 1º Darío Zoilan, el cabo Alejandro Ruiz Díaz y la gendarme Maira Ramos.

Postergación de medidas clave

La licencia de los efectivos mencionados posibilitó, además, que sus celulares no hayan sido peritados, ya que no estaban entre los que se secuestraron oportunamente.

Hubo, sin embargo, otras pericias que no se realizaron y que podrían haber echado luz sobre el asunto.

Lo más notable es que habiendo testimonios tempranos de la participación de parte de gendarmería en los hechos, el juez no llamó a declarar a los efectivos que participaron en la represión sino hasta 40 días después.

El allanamiento y los peritajes sobre los vehículos se demoraron 9 días; al parecer las fuerzas fueron advertidas sobre la medida con antelación (ver más abajo).

Los libros

El ingeniero en Comunicaciones Ariel Garbarz propuso geolocalizar los celulares al momento de los hechos. Contaba, además, con la declaración de un amigo de Santiago Maldonado que aseguró haberlo llamado al día siguiente y que “alguien” había atendido.

La técnica propuesta por Garbarz permite determinar con una precisión de metros la ubicación de un celular; las empresas de telefonía podrían indicar qué otros celulares se encontraban cerca.

El 25 de agosto Garbarz reclamaba ante la prensa que ni la fiscal ni el juez habían devuelto sus llamadas, pese a que la tecnología propuesta es la más avanzada para la tarea. Día después logró reunirse con la fiscal; sin embargo, luego de hacer las primeras tareas técnicas y determinar nuevas medidas necesarias para avanzar, el juez se negó a recibirlo y la fiscal incluso se negó a aceptarlo como perito de parte, lo que había sido solicitado por la Comisión Provincial de la Memoria.

Incorporación de testimonios inválidos provistos por el Ministerio de Seguridad

Las declaraciones de los gendarmes empezaron a realizarse el 12 de septiembre, transcurridos más de 40 días de la desaparición de Santiago.

Previamente el juez incorporó a la causa una investigación interna realizada por el Ministerio de Seguridad en el que constan declaraciones de los efectivos, tomadas por personal propio de la cartera. Los interrogatorios estuvieron a cargo de Daniel Barberis, Director de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal.

Los elementos que surgen de esas declaraciones fueron profusamente difundidos por un sector de la prensa, abonando la nueva hipótesis oficial de que se trató de una acción aislada, un “exceso” según la terminología acuñada por la última dictadura.

Para la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el informe en cuestión adolece de graves deficiencias que incluyen diálogos aparentemente actuados y preguntas direccionadas, que restan credibilidad al material.

Según informó La Vaca, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal calificó a las actuaciones como “chapuceras”, con una superficialidad “análoga a una encuesta casera” por las características de las preguntas formuladas.

Cabos (y alférez) sueltos

Aunque transcurrió mucho tiempo, las declaraciones hicieron aparecer contradicciones que seguramente no estarían previstas en la eventual preparación de una versión adecuada a los intereses de la fuerza y del gobierno.

Hace dos semanas el comandante Escola había asegurado ante el diario Clarín que las fuerzas que intervinieron “no usaron armas de guerra”, que no llevaban “armas 9mm”.  Las palabras del jefe del escuadrón 36 se difundieron el pasado 4 de septiembre.

A la hora de las declaraciones en el juzgado, al menos uno de los efectivos reconoció que llevaba su arma, aunque también aseguró que no había bajado del vehículo.

Esta es una de la larga serie de contradicciones entre las afirmaciones públicas de oficiales de la fuerza y los datos que se van conociendo.

En varias oportunidades se aseguró que los efectivos no habían llegado al río; ahora resulta claro que varios de ellos persiguieron a los manifestantes.

Según el diario Clarín, el cabo Zoilan aseguró haber escuchado a otro efectivo, el cabo Peloso, gritar “tenemos a uno”; eso significaría que al menos uno de los testimonios de la fuerza están en línea con las declaraciones unánimes de los mapuches sobre la detención de Santiago Maldonado durante el operativo.

Los materiales aportados por la fuerza también generan inquietudes sobre la transparencia de su accionar. La familia de Santiago Maldonado denunció que los libros secuestrados de los escuadrones 35,36 y 37 estaban todos adulterados. La abogada de la querella, Verónica Heredia, explicó que hay datos cambiados y hojas de más pegadas.

Las contradicciones en los testimonios son abundantes; el periodista Juan Alonso las repasa en un artículo publicado en Nuestras Voces.

El rol de Noceti y de las autoridades nacionales

La defensa cerrada que el gobierno hace del ex abogado de represores Pablo Noceti choca con la información que trascendió sobre las llamadas entre el funcionario y los jefes de gendarmería intervinientes en el operativo. Tiempo Argentino informó hoy que -de acuerdo con fuentes ligadas a la causa- se habrían concretado varias llamadas entre el segundo de Patricia Bullrich y los comandantes del escuadrón Nº35 de El Bolsón (Méndez) y Nº36 de Esquel Juan Pablo Escola.

El periodista Gustavo Sylvestre reveló que un informe de inteligencia de Gendarmería reconoce que Noceti adelantó a la fuerza que se realizarían pericias sobre los vehículos; las mismas se efectivizaron recień 7 días después, con tiempo para que el lavado de las unidades dejara mínimas chances de encontrar pistas.

El conocimiento de la medida por parte de Noceti pone la mira también sobre el Juez, única fuente posible de esa información.

Sigue siendo preponderante el rol del Ministerio y de las principales autoridades de las fuerzas de seguridad en las actuaciones vinculadas a la causa: días atrás la Confederación Mapuche de Neuquén denunció el ingreso ilegal de la policía federal en comunidades de la zona sur de esa provincia. Según narraron en un comunicado, los efectivos argumentaron que cumplían con un oficio de la fiscal del caso, aunque el mismo estaba dirigido al jefe policial de Esquel, a cientos de kilómetros de los lugares. También aseguraron y que tenían autorización de los altos mandos. Por esa razón responsabilizan directamente a la Ministra de Seguridad por esos atropellos.

El juez adelanta hipótesis a la prensa

A pesar de la complejidad de los hechos y el involucramiento ya indudable de efectivos de gendarmería, y las llamativas contradicciones que aluden a las mayores responsabilidades, el juez Otranto prefirió adelantar hipótesis a la prensa que seguramente serán titulares destacados mañana en los medios más afines al gobierno.

Para Otranto, la hipótesis “más razonable” es que Maldonado se haya ahogado, aunque el río tenga poca profundidad y no se haya encontrado el cuerpo.

Mientras tanto, otra investigación plantea hipótesis a partir de material difundido por los propios medios afines al gobierno: Striptease Del Poder se pregunta de qué se trata el “bulto negro” que se ve sobre una de las camionetas y que aparece cubierta luego con una bolsa de óbito mortuoria. El vídeo que resume la hipótesis amerita, de mínima, una investigación y explicación que hoy están ausentes.

 

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