Salta: Sáenz propone a un abogado del poder para integrar la Corte Suprema

Download PDF

Al mejor estilo de Gerardo Morales o Carlos Menem, el gobernador salteño Gustavo Sáenz impulsó el aumento del número de integrantes de la Corte Suprema de la provincia; el tribunal pasará de tener 7 integrantes a contar con nueve.

Al haberse producido una vacante (vencimiento del acuerdo de Guillermo Posadas), la actual gestión designará a 3 nuevos miembros. Uno de los candidatos propuestos por el mandatario es Horacio José Aguilar, hombre vinculado al poder provincial, a las grandes empresas y a represores de la dictadura.

Horacio José Aguilar nació el 7 de diciembre de 1969, según consta en el Curriculum Vitae publicado hoy en el Boletín Oficial de Salta. 

Foto de Horacio Aguilar
Horacio José Aguilar

Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Empresarial. Fue Juez Federal de Jujuy entre 2002 y 2005; también ejerció como Juez Federal de Salta y luego como subrogante en la Cámara de Apelaciones de Salta. Como magistrado, tuvo a su cargo casos en los que estaban imputados  el propietario del ingenio Ledesma Carlos Blaquier y el ex gerente de esa empresa Alberto Lemos. 

Luego de haber dejado la función de juez, asumió la defensa precisamente de esos dos empresarios en causas por delitos de lesa humanidad. El candidato propuesto por el ejecutivo salteño había negado públicamente que hubiera intervenido como magistrado en procesos judiciales que involucraran a la empresa Ledesma o a sus directivos; sin embargo, se conocieron oficios firmados por él en la causa que investigaba la desaparición del ex intendente de Libertador San Martín, Luis Ramón Aredez, por la que luego fue procesado Blaquier (véase el artículo de Alejandra Dandán en Página /12).

Como integrante de la Cámara de Apelaciones, fue uno de los miembros del tribunal que en su momento otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Joaquín Guil, condenado por la masacre de Palomitas y como autor intelectual del asesinato del ex gobernador Miguel Ragone.

Siempre cercano al poder

Aguilar supo vincularse con el poder político y empresario tanto en Salta como en Jujuy. 

Entre sus relaciones se cuenta el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien lo contrató como asesor de la provincia en materia de juicios federales entre los años 2009 a 2011; el ex camarista dejó esa labor para asumir la defensa de Blaquier, aunque el gobierno salteño mantuvo el contrato con el estudio Aguilar & Asociados, liderado por el ahora aspirante a integrar el máximo tribunal provincial.

El cambio de titularidad en la gobernación salteña no afectó a Aguilar, ya que el letrado se también fue patrocinante del actual mandatario Gustavo Sáenz; en tal carácter presentó querella contra el candidato rival, Sergio “Oso” Leavy.

En 2017 actuó como abogado de la multinacional norteamericana Seaboard Corporation, propietaria del ingenio San Martín del Tabacal. Desde ese rol encabezó la embestida judicial contra los trabajadores en lucha -en particular, contra la organización sindical- y aprovechó su cercanía con el poder para operar ante los legisladores provinciales para evitar que las Cámaras se manifestaran en apoyo a los empleados de la corporación.

En Jujuy se desempeñó como defensor del ex gobernador Eduardo Fellner; y otro socio de su estudio, Diego D’Andrea Cornejo, asumió la defensa del ex Jefe de Gabinete de esa provincia, Armando Berruezo.

El camino a la Corte

El procedimiento para designar integrantes de la Corte Suprema salteña está regido por el Decreto 617/2008. El artículo 6° establece que los ciudadanos en general, “las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, y las entidades académicas y de derechos humanos” tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar -por escrito y documentado- “las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar” sobre los aspirantes. El plazo corre desde la última publicación en el Boletín Oficial.

Aguilar ya había sido cuestionado por los organismos de Derechos Humanos en el año 2007, cuando la Cámara de Apelaciones otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Guil (referido más arriba); cabe recordar que en noviembre último, Guil fue fotografiado caminando fuera de su domicilio y sin custodia.

About ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación

View all posts by ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación →

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *