Salta: denuncian escalada de violencia institucional

La asociación Coca Gallardo advirtió sobre la escalada represiva
Download PDF

El miércoles pasado, la artista y docente Eugenia López fue detenida por la policía salteña por filmar un violento operativo contra un vendedor ambulante. La Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo denunció la escalada represiva contra los sectores “más vulnerables y vulnerados”

Se viralizó un vídeo que muestra cómo la policía salteña detuvo a Eugenia por filmar el procedimiento policial. Los cargos esgrimidos por los uniformados fue supuesta agresión y resistencia a la autoridad,  imputaciones sin ningún sustento según puede verse en el vídeo

La asociación Coca Gallardo advirtió sobre la escalada represiva

El caso pone de relieve tanto la acción policial como el desamparo de sectores de la economía popular que no tienen alternativas para obtener un sustento mínimo

Ante esa situación  la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo emitió un documento advirtiendo sobre la escalada represiva, la falta de políticas de Estado en favor de los sectores más perjudicados por el modelo económico, y la violación tanto del derecho de expresión como del control democrático de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, el organismo manifestó su solidaridad con la joven docente.

El documento completo :

La Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo se solidariza con la compañera Eugenia  Lopez detenida el 4 de julio por filmar un procedimiento  llevado a cabo por la policía de la provincia contra un vendedor ambulante a quien se trataba de impedir su actividad. Euge no estaba violando ninguna ley ni cometiendo una infracción. Estaba ejerciendo el derecho ciudadano de controlar el actuar de los funcionarios públicos. Es un derecho propio de la libertad de expresión que reconoce y protege la Constitución Nacional  (Art. 14, 32 y ss.).

La policía tienen el deber de respetar el derecho a filmarlos sin entorpecer su actuar, sea en un espacio público y/o privado.
El atropello llevado a cabo con Eugenia Lopez se inscribe en el marco de una preocupante escalada represiva contra los sectores más vulnerables y vulnerados. La terrible crisis económica que estamos viviendo, con más desempleo, encarecimiento de los productos de la canasta básica y aumento descontrolado de las tarifas en medio de una inflación desbocada hace que muchísimas personas tengan que recurrir a la venta ambulante para poder subsistir. Es así como la cantidad de manteros en Salta se incrementó en un 30%. Constituyen una masa importante de trabajadores que carecen de toda protección social y el Estado debería disponer políticas adecuadas para su incorporación a la economía urbana. Pero el Estado lo que hace es expulsarlos del espacio público, estigmatizarlos, perseguirlos, criminalizarlos, emprender contra ellos una verdadera guerra sustentada por los medios que presentan a manteros, cartoneros, trapitos, vendedores ambulantes y artistas callejeros como personas que no respetan la ley, como enemigos, como delincuentes. Así los inspectores municipales que les quitan la mercadería, la policía que los golpea y detiene, el Código Contravencional pergeñado por nuestros legisladores y los jueces que raudamente dictan imputaciones por “resistencia a la autoridad”, se unen para reprimir a los más débiles, para despojarlos del derecho a trabajar.
Es una metodología fascista que segrega a los pobres del espacio urbano y profundiza la desigualdad. El Estado es responsable. El Estado nacional por implementar estas políticas de hambre y exclusión y el Estado provincial y municipal por secundarlas.
Preguntamos: ¿Qué alternativas tienen un desempleado para poder sobrevivir si apenas cuenta (y no en la mayoría de los casos) con una AUH que no cubre ni la cuarta parte de la canasta básica de alimentos?
¿Qué políticas efectivas lleva adelante el gobierno para remediar al menos las carencias de alimentos en los hogares más pobres de nuestra ciudad?
Hacemos directamente responsable de estos atropellos al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia y le exigimos que haga respetar los derechos constitucionales de los trabajadores ambulantes.
ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS COCA GALLARDO

Puede interesarle:

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*