Moreno: corte contra el desalojo

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Familias asentadas en un predio de Moreno cortaron la ruta 23 en rechazo al desalojo dispuesto por orden judicial.

En noviembre del año pasado, un grupo de familias sin viviendas ocupó un predio baldío ubicado junto a la ruta 23, en el partido de Moreno.

Foto: Miguel Delgado

El asentamiento, conocido como La Bibiana, reúne en la actualidad a unas 160 familias. En medio de la pandemia, con las restricciones dispuestas para frenar la propagación de la enfermedad y las duras consecuencias de ello para quienes viven de la economía popular, la organización permitió paliar un poco el hambre, como lo muestra la olla popular del centro Malvinas Argentinas.

El municipio y la empresa Bell Agro S.A., que reclama la propiedad del predio, impulsaron el desalojo de estas familias sin que se ofrecieran soluciones a la necesidad acuciante de tener un techo.

Desde el gobierno comunal que encabeza Melina Mariel Fernández (Movimiento Evita) informaron que la Cámara del Departamento judicial de Mercedes dispuso el «lanzamiento» de todas las personas que hoy habitan en el lugar. La ejecución de la medida parece inminente, ya que el 30 de este mes vence el plazo establecido en la ley 15172 de la provincia de Buenos Aires, que suspendió hasta esa fecha «toda ejecución o lanzamiento colectivos… que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle».

La tierra para vivir

Ante la decisión de desalojar, las familias llevaron adelante un corte de ruta de 9 horas de duración. Los carteles que exhibieron resumen los reclamos: «No al desalojo/ plan de viviendas», «La tierra para vivir», «No tenemos dónde vivir», «No queremos fletes, queremos viviendas».

Alrededor de las 16:00 llegaron al lugar efectivos de la policía bonaerense. De todos modos, la medida se mantuvo hasta pasadas las 17:00.

Foto: Miguel Delgado

Fuentes cercanas al asentamiento relataron a ANCLA que el predio ocupado por las familias se encontraba en estado de abandono cuando se produjo la toma; sólo había ovejas y caballos pastando. Ademas, la llegada de familias que trabajaron para acondicionar el lugar le dio más seguridad al terreno en cuestión.

El último viernes la cámara de diputados bonaerense aprobó una ley prorrogando hasta marzo de 2021 los plazos dispuestos en la ley 15172. Sin embargo, a propuesta de Juntos por el Cambio, el texto aprobado exceptúa de la protección de la norma a las «usurpaciones y tomas colectivas de terrenos». Tal limitación, no obstante, choca con la intención de la norma de evitar el incremento de la cantidad de personas en situación de calle.

Detrás de las campañas contra los asentamientos se debaten prioridades que raras veces se explicita: la propiedad privada, el uso de la misma, el derecho a la vivienda o el cuidado de la salud pública. En el caso de Moreno, las decisiones de los poderes públicos parecen propiciar la defensa a ultranza de la propiedad, aunque el predio en juego no tuviera ningún uso de relevancia social y aunque la expulsión de familias a la calle no sólo desconozca derechos consagrados en normas internacionales sino que atente contra las medidas de aislamiento que exige el avance del COVID-19.

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