Maniobra del gobierno contra el Derecho de Huelga

Derecho roto
El gobierno podrá restringir el derecho de huelga
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El gobierno modificó unilateralmente la conformación de la Comisión que define cuáles son los servicios esenciales a los que se limita el derecho de huelga.

Derecho roto
El gobierno podrá restringir el derecho de huelga

El gobierno se aseguró mayoría automática en la Comisión de Garantía encargada de calificar como “servicio esencial” a actividades no previstas originalmente en la ley 25.877.  Dichas actividades están obligadas a mantener una prestación mínima aún en caso de que los trabajadores adopten medidas de fuerza, por lo que tal calificación opera como una restricción efectiva al ejercicio del derecho de huelga.

Según la ley citada, son esenciales “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”; sin embargo, habilita que excepcionalmente se incorporen otros servicios en virtud del dictamen de la Comisión de Garantías.

La nueva constitución asegura tres representantes afines al gobierno sobre un total de cinco integrantes, ya que estará integrado por un representante del Poder Ejecutivo, uno de las entidades patronales y uno por la Academia Nacional del Derecho y las Ciencias Sociales de Buenos Aires, entidad de fuerte sesgo ideológico de derecha. Esta Academia reemplaza a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que era el otro cuerpo que proponía integrantes para la comisión en cuestión.

Los otros integrantes surgen a propuesta de la “organización de trabajadores más representativa” (CGT) y del Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a los rectores de las Universidades Nacionales. En todos los casos, las entidades proponen una terna en base a la cual es el Presidente de la Nación quien elige al miembro titular y al suplente.

La modificación fue publicada en el Boletín Oficial, bajo el decreto 1095/2017 firmado por el presidente Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el titular de la cartera laboral Jorge Triaca.

Una Academia a la Derecha

La Academia Nacional del Derecho y las Ciencias Sociales tendrá un rol decisivo en la Comisión de Garantías, ya que asegura la mayoría para la toma de decisiones. El decreto justifica su incorporación en la supuesta pretensión de dar un “perfil eminentemente investigativo y de estudio” al órgano en cuestión. Sin embargo, un repaso de la constitución de la actual Mesa Directiva revela el posicionamiento ideológico de la entidad.

El presidente es el ex Ministro de Justicia Jorge Vanossi, Una de sus recientes intervenciones de impacto público fue su defensa del fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el “2×1” en favor del genocida Luís Muiña.

El vicepresidente, Rodolfo Luqui, y el tesorero, Daniel Funes de Rioja, son dos abogados que desde hace años sostienen las “teoría de los dos demonios” y cuestionaron la “dureza” de las condenas contra los represores de la última dictadura.  El año pasado firmaron un documento junto a la Asociación de Abogados por la Justicia y por la Concordia denunciando una supuesta discriminación en perjuicio de “los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo”. En la asociación mencionada participan el hijo del Ibérico Saint Jean (el que anunciaba que matarían a los subversivos, los familiares, los indiferentes y los tímidos) y la hermana de Alfredo Astiz.

Los secretarios son Emilio Gnecco, quien integró la Corte Suprema por designación del dictador Reinaldo Bignone, y Rafael Manóvil, integrante del Estudio Jurídico que representa a Odebrecht en Argentina (M&M Bomchill) y un fuerte crítico de las decisiones judiciales que afectan a los negocios.

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