Licencia para Matar: la resolución de Bullrich suma rechazos

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Carlos Rozanski y Luís Alén, ex juez y ex subsecretario de Derechos Humanos respectivamente, denunciaron penalmente por “abuso de autoridad” a la ministra Bullrich por el reglamento sobre uso de armas de fuego de parte de las fuerzas de seguridad federales. Hasta Elisa Carrió arremetió contra la norma, considerando que la misma “viola los derechos humanos fundamentales”.

 

Rafael Nahuel, Claudio Sanchez, Nahuel Salvatierra, Facundo Ferreira, Ronald Orellana, Marcos Soria
Rafael Nahuel, Claudio Sánchez, Nahuel Savatierra, Facundo Ferreira, «Ronald» Orellana y Marcos Soria: víctimas de la acción violenta de fuerzas de seguridad

A más de un año del asesinato de Rafael Nahuel en la zona del Lago Mascardi, el crimen sigue impune; el juez Lleral resolvió cerrar la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, sin investigar la represión a cargo de Gendarmería en el momento en el que se lo vio por última vez con vida; policías asesinaron por la espalda a un niño de 12 años en Tucumán, y en la misma provincia otro uniformado mató de un balazo en el cuello a un hombre porque creía que estaba robando una moto. Todo esto en el marco de la defensa irrestricta del gobierno a un policía que asesinó -también por la espalda- a un joven que había protagonizado un delito. El mes pasado también hay disparos policiales involucrados en la muerte de dos militantes de la CTEP.

En este contexto, la Ministra de Seguridad emitió una resolución habilitando el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en una diversidad de situaciones genéricamente descritas, en una medida denunciada por organismos de derechos humanos y organizaciones civiles.
“A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).  Para CORREPI, “desde hoy, no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”; esa misma organización señaló anteriormente el aumento de los casos de “gatillo fácil” en los últimos años y en particular desde la asunción de Cambiemos.
Los antecedentes recientes permiten suponer que el nuevo Reglamento General Para El Empleo De Las Armas De Fuego Por Parte De Los Miembros De Las Fuerzas Federales De Seguridad (Resolución 956/18) servirá como paraguas para el abuso de la fuerza letal en general, y en particular cuando se trate de la represión a la protesta social. Efectivamente, el último punto del instrumento permite el empleo de armas de fuego “cuando la  imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores (…) impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas” (artículo 5|, inciso g).

El instructivo también posibilita que los uniformados usen fuerza letal aún cuando no se verifique efectivamente que “el presunto delincuente posea un arma letal”, ya que la autorización mortal contempla que se tratara de objetos que parezcan armas o que el supuesto delincuente realice un movimiento que el agente interprete que podría implicar el uso de armas.

Justamente, uno de los puntos más cuestionados de la normativa es la amplia discrecionalidad que otorga a los uniformados para decidir sobre la índole de un delito, sobre los autores del mismo y sobre la peligrosidad que representaría para otras personas o para sí mismo.

La Ministra defendió la reglamentación asegurando que la misma estaba “acorde con las Naciones Unidas”. Sin embargo, algunos incisos contradicen abiertamente los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, aprobados por el organismo internacional en el año 1999.

En efecto, en el inciso 9 de esas directivas se explicita que “en cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”; esa oración se fundamenta en el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Más aún, la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales del organismo sostiene que: “el principio de necesidad, pues, nunca justificará el uso desproporcionado de la fuerza. Si todas las medidas proporcionales resultan insuficientes para detener al sospechoso, debe permitírsele huir”. El reglamento que suscribió Patricia Bullrich, en cambio, contempla el uso de armas de fuego para “impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y

hasta lograr su detención”; peligro inminente que -como se señaló más arriba- queda a juicio del agente.

Muchos abogados explicaron que esta norma no está por encima del Código Penal, y que los efectivos que se amparen en ella no estarán libres de las penas que les pudieran corresponder por esa norma de nivel superior, así como las que se desprenden de los pactos y tratados internacionales de rango constitucional. No obstante, a la luz de los casos de gatillo fácil y de la postura adoptada por las más altas autoridades del gobierno en relación con ellos, puede temerse una nueva escalada en este tipo de crímenes.

Cabe tener presente los asesinatos de Nahuel Salvatierra, Facundo Ferreira o Claudio Sánchez -entre muchos otros-, a los que se suman las muertes producidas en contextos de represión por parte de fuerzas de seguridad (Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana y Marcos Soria, entre los más conocidos), situaciones que ahora contarán con el aval explícito de las máximas autoridades nacionales.

Verónica Quinteros, abogada integrante de Liberpueblo, señaló que este reglamento implica que el gobierno asume directamente la responsabilidad máxima por este  tipo de asesinatos, verdaderas ejecuciones extrajudiciales. Quizás la reacción de numerosos actores sociales, sindicales, políticos y de Derechos Humanos, logre no sólo revertir esta decisión sino poner en juego una transformación real de las fuerzas de seguridad, comprometida tanto con la seguridad como con el pleno respeto por los Derechos Humanos.

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