Liberaron a los trabajadores presos por las protestas contra el Tabacal

Liberados moreno y mendez
Moreno y Méndez
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Jorge Moreno y Martín Méndez estuvieron presos desde el 4 de marzo, cuando fueron detenidos dentro de las instalaciones del ingenio San Martín del Tabacal.

La liberación se produjo cuando ya habían trascurrido 33 días de detención, y luego de que organismos de derechos humanos y funcionarios se acercaran a verificar las condiciones en que se cumplía la prisión preventiva.

Liberados moreno y mendez
Moreno y Méndez

Moreno y Méndez son dos de los 181 despedidos sin causa por el ingenio, hecho que fue detonante de masivas protestas en la zona de Hipólito Yrigoyen, departamento de Orán, en el norte de la provincia de Salta. Estaban en huelga de hambre desde el 19 de marzo pasado.

El 4 de marzo, ambos trabajadores ingresaron al predio de la empresa con la intención de convocar a sus compañeros a una huelga de brazos caídos. Llevaban en sus mochilas elementos habituales para ese tipo de manifestaciones, como bombas de estruendo, con las que buscaban justamente llamar la atención de sus compañeros. Según narró Moreno en una carta abierta, les pusieron “cosas” en sus mochilas, además de golpearlos, amenazarlos y humillarlos durante la detención.

Moreno también denunció que la empresa controlada por la norteamericana Seaboard Corporation presentó numerosas denuncias en su contra, presionó a testigos y se valió de la colaboración de la prensa “obsecuente” para demonizarlos y acusarlos de graves delitos; en cambio, los trabajadores señalan que ninguno de ellos tiene antecedentes, no beben ni se drogan, y serían incapaces de herir a alguien o de exponer sus propias vidas.

El origen de la protesta

Desde la empresa y desde diversos medios de comunicación se presenta la situación de Moreno y Méndez como si se tratara de un caso policial; sin embargo, no puede comprenderse sin considerar el contexto en el que se produjeron los hechos, que habilitan a poner en duda las versiones que sostienen las acusaciones contra ambos.

La acción de estos trabajadores surgió como consecuencia de los despidos y de la total negativa por parte de la empresa a aceptar cualquier reincorporación y pese a haber despedido a casi el 10% de su planta (que según la propia empresa rondaba los 1700 empleados) sin haber solicitado un procedimiento preventivo de acuerdo a los establecido en la Ley de Empleo 24.013 (art. 98).

Por otra parte, las cesantías incluyeron a delegados de CTA, y activistas, evidenciando una clara persecución sindical. Las numerosas (y masivas) medidas de fuerza realizadas por los trabajadores y acompañadas por la población de la zona, no obtuvieron ninguna respuesta por parte de la firma. Por el contrario, el corte de ruta con el que buscaron la intervención del gobierno para propiciar una salida, sólo recibió como respuesta la represión.

El poder de la empresa es notorio: según denunció el abogado David Leiva, actuó como si se tratara de un Estado dentro de otro Estado, impuso controles -a través de la compañía PROSEGUR- para quienes ingresaran al pueblo de El Tabacal, sin que ningún funcionario advirtiera que se estaba violando las libertades de los pobladores.

 

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