La justicia debe investigar a Añez

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El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano había recomendado desestimar una denuncia contra Añez y otros funcionarios del gobierno de facto de Bolivia; el juez Alejandro Sánchez Freyte rechazó el dictamen y ordenó que se verifique si en otras instancias se están investigando las denuncias por violaciones a los derechos humanos. El dictamen de Vidal Lascano se basaba en la resolución de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Presentación de un escrito por Bolivia ante el juzgado Federal de Córdoba.

El 29 de noviembre pasado, con el patrocinio del abogado Rafael Ortiz, la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares de Córdoba presentaron una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Jeanine Añez y varios funcionarios del gobierno de facto de Bolivia. La presentación se basó en el principio de Jurisdicción Universal aplicable precisamente a ese tipo de delitos, los que pueden investigarse y juzgarse en un país diferente a aquél en el que se cometieron. El texto elevado por el organismo subraya que, en el marco del Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, «se practicaron diversos actos de terror generalizado y sistemático» contra las autoridades legítimamente constituidas y contra sus seguidores políticas, destacando las masacres de Senkata y Sacaba, las muertes por represión en El Alto, y las vejaciones sufridas por funcionarios, entre otras acciones.

En otros puntos del país también se radicaron denuncias contra los funcionarios golpistas: una presentada por el Consejo Nacional de Política Indígena y otro por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Vidal Lascano solicitó la desestimación de la denuncia presentada en Córdoba, basándose en la resolución adoptada por la jueza María Romilda Servini de Cubría en relación con las otras presentaciones; según la magistrada de Comodoro Py,  no correspondía avanzar con la investigación porque existiría ya una causa en manos de la Corte Penal Internacional referida a los mismos hechos.

El juez no compartió la posición del fiscal, ya que consideró que «por la naturaleza de los hechos», y en caso de no verificarse que exista una investigación en curso en la propia Bolivia o en la Corte Internacional, se podría estar violentando el principio de jurisdicción universal. En consecuencia, ordenó que la fiscalía se aboque a «determinar la existencia de la investigación de los hechos aquí denunciados, ya sea en el propio Estado Boliviano o en la Corte Penal Internacional».

De esta forma, Sanchez Freyte deja en claro que es preciso avanzar en la investigación de los hechos, sea en el ámbito del propio Estado Plurinacional de Bolivia o en el marco de un tribunal internacional.

 

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