Héroes del Silencio

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Sáenz intimó a Verbitsky porque su nombre aparece en un artículo; hace poco, consiguió un fallo contra dos medios digitales.

Por segunda vez en menos de un mes, el nombre del intendente salteño Gustavo Sáenz apareció en noticias de difusión nacional que lo dejan mal posicionado. Las novedades también tienen en común el silencio de parte de medios hegemónicos y/u oficialistas.

En la madrugada de ayer, el periodista Horacio Verbitsky publicó un artículo en su portal El Cohete a la Luna en el que se describe la extorsión que un empresario sufrió a cambio de evitar la cárcel en la sonada causa «de los cuadernos».

Saenz silencio recargado
El intendente Sáenz intimó a Verbitsky

La nota -que incluye como referencias abundantes audios, capturas de WhatsApp, fotos y hasta vídeo- refiere que el abogado Marcelo D’Alessio le solicitó al empresario Pedro Etchebest algunos cientos de miles de dólares para que el fiscal Carlos Stornelli evitara mandarlo a prisión. Los materiales reunidos en la investigación fueron aportados a la causa que se sigue contra el letrado y el fiscal en el juzgado federal a cargo de Alejo Ramos Mejía.

El artículo refiere que el propio D’Alessio mencionó a Gustavo Sáenz, intendente de la ciudad de Salta vinculado tanto al PRO como al massismo- como el «recaudador de Stornelli».

En una de las imágenes difundidas en el blog se ve al alcalde salteño junto a D’Alessio y Stornelli; la foto se tomó en el balneario CR en Pinamar, donde «tomaban un café», según reconocieron los protagonistas.

Ante la difusión del caso, los reflejos de Sáenz apuntaron contra el periodista: le envió una carta documento exigiéndole «satisfacción frente a una acusación injusta y deshonesta», sosteniendo que los términos en que se lo vincula «resultan absolutamente falsos, maliciosos, absurdos e insólitos». En consecuencia, quien fuera candidato a vicepresidente junto a Massa intimó a Verbitsky «para que de manera inmediata RECTIFIQUE (sic) las erróneas referencias que hace la nota a mi respecto y cese en accionar que busca provocar ilegal descrédito».

Sáenz reconoció en twitter su participación en la charla fotografiada, pero aseguró que había conocido al fiscal «accidentalmente» en la primera semana de enero, mientras descansaba frente al balneario mencionado. En cambio, no manifestó interés por saber si D’Alessio realmente lo nombró o si hay otros elementos que lo aludan a fin de desmentirlos adecuadamente: eligió intimar al periodista, a quien intenta descalificar en otros tuits por haber hecho descolgar un crucifijo de a legislatura cuando presentó su libro.

Que no se diga

El intendente salteño ya tuvo éxitos en acallar voces que lo criticaban.

Saenz intima al perro
La intimación enviada por Sáenz, compartida en su cuenta de Twitter

Hace poco más de una semana, la jueza de Garantías María Edith Rodriguez ordenó al titular de los medios digitales Ver Noticias y Aerom -que se abstenga de emitir «toda publicación y difusión que se considere agraviante, irrespetuosa, lesiva para la honra y dignidad del intendente de la Ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, y sus colaboradores Nicolás Demitrópulos y Pablo Outes».

La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA) criticó el fallo, señalando que en el la magistrada «se atribuye la potestad de decidir si existe una crítica razonable a la gestión de gobierno, de censurar las que no sean de su agrado y de inhibir a los ciudadanos de emitir opiniones políticas sobre las personas de sus gobernantes». ADEPA consideró que la sentencia de Rodriguez se enmarca en una serie de resoluciones judiciales que «se fundan en razones que ya, hace décadas, fueron repudiadas por nuestra legislación y la doctrina jurisprudencial» y que atentan contra la libertad de prensa y de expresión.

Anteriormente, un periodista que se desempeñaba en el medio Cuarto Poder había denunciado que el propio Sáenz había llamado a los dueños del mismo para que retiraran una editorial que había publicado en la Web.

En un contexto en el que los medios más poderosos actúan en consonancia con el poder político, en el que los comunicadores se enfrentan a despidos, precarización y persecución, las restricciones impulsadas por funcionarios implican un cercenamiento al derecho a la información que debería ser tutelado por la justicia.

Como lo señala el pronunciamiento de ADEPA, la Corte Suprema sostuvo en reiteradas ocasiones que «si bien las libertades de prensa y expresión no son absolutas, resulta inviable establecer la censura. Solamente sanciones ulteriores si se produce una manifiesta lesión a los derechos personalísimos de los funcionarios involucrados por la difusión maliciosa de hechos falsos y no de opiniones».

Estos principios, evidentemente, no están entre los que defiende el alcalde salteño.

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