Epidemia represiva

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Reportan numerosos casos de abuso de las fuerzas de seguridad desplegadas para asegurar el cumplimiento de la cuarentena.

La representante en la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, Maureen Birminham, valoró la decisión del gobierno argentino de disponer el Aislamiento Social Obligatorio frente a la pandemia del COVID-19. EN todo el mundo, crece la convicción de que este tipo de medidas extremas resultan indispensables para evitar que el avance de la enfermedad lleve al colapso de los sistemas de salud.

Denuncian detenciones en condiciones inhumanas en Jujuy, en el marco del control del cumplimiento de la cuarentena

Pese a lo acertado de la decisión, el despliegue de fuerzas de seguridad en todo el territorio y la fuerte heterogeneidad en las condiciones en las que la población puede hacer frente al aislamiento, ha llevado a diversas situaciones de abuso de parte de personal uniformado, así como francas violaciones a los derechos de las personas.

Uno de los casos más extremos reportados en los últimos días corresponde a la provincia de Jujuy; distintas fuentes dieron cuenta de que personas detenidas por violar la cuarentena fueron ubicadas dentro de jaulas ubicadas en el predio de Aceros Zapla, 13 km al sudeste del centro de la capital provincial.

Trabajadores del Centro de Desarrollo Tecnológico «Domingo Salvio» expresaron su repudio al tratao propinado por la policía jujeña contra habitantes de la ciudad de Palpalá, quienes fueron retenidos por horas en las jaulas improvisadas. En un comunicado reproducido por el arqueólogo Matías Lépori a través de su cuenta de Twitter, lxs trabajadorxs señalaron que el trato «no sólo provoca la posibilidad de aumentos de contagio, sino que también evoca prácticas pasadas, que justamente recordamos en esta semana de Memoria, Verdad y Justicia».

Se difundió una situación similar en Corrientes; las imágenes dan cuenta de un corral vallado en donde alojaron a detenidxs por violar la cuarentena.

En la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la Villa 1-11-14, un grupo de gendarmes obligó a las personas a realizar ejercicios físicos en la vía pública, una práctica que recuerda a los «bailes» del antiguo Servicio Militar Obligatorio. Los efectivos fueron pasados a disponibilidad.

Una situación similar sufrieron algunos detenidos en La Matanza, donde efectivos policiales los obligaron a ponerse de cuclillas y cantar el himno, según se observa en un vídeo viralizado en las redes sociales. Esta situación se encuentra bajo investigación judicial.

La tenencia de documentación que acredite que una persona está autorizada para desplazarse, de acuerdo con las excepciones previstas en el decreto 297/2020, no siempre es suficiente para estar a salvo de arbitrariedades policiales; así, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunció que la policía quiso impedir el tránsito de una militante que sostiene el funcionamiento del merendero de Villa Luján (San Miguel de Tucumán); finalmente, permitió que la militante continuara su camino, pero como si se tratara de un favor y no de algo explícitamente previsto en la normativa, además de constituir una función esencial en las circunstancias actuales. En tanto, un periodista salteño advirtió que la policía de esa provincia desconoce la credencial virtual para trabajadores de prensa, poniendo en riesgo la continuidad de esa labor.

Sobre la situación en el Norte bonaerense, un conjunto de organizaciones sociales y políticas denunció la presencia en los barrios de agentes que golpean e intimidan a lxs jóvenes, camiones cargados de efectivos con itacas y hostigando a vecinos que salen a comprar o buscan cómo sobrevivir.

Diversas situaciones de arbitrariedad se comunicaron a través de las redes sociales, justamente por el aislamiento social que cumple la gran mayoría de la población. La decisión de quiénes pueden circular, en qué contexto, y de qué manera se actúa ante posibles incumplimientos, parece quedar en buena medida al juicio de los efectivos o autoridades policiales, en momentos en que lxs ciudadanxs cuentan con menos recursos para hacer frente a esas situaciones.

Como señala el Centro de Estudios Legales y Sociales, «Estas formas de actuación policial se registran también en situaciones ordinarias, sobre todo en los barrios populares. Pero la declaración de un estado de emergencia puede ser interpretado por algunos como una carta blanca para practicar abusos». El organismo de Derechos Humanos resaltó la necesidad de que las autoridades extremen las medidas de control sobre la actuación de los uniformados.

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