En Córdoba desalojaron la esperanza

Niño desalojado
Niños sin resguardo por el desalojo en el Barrio Comunitario Parque Esperanza. Foto: Diana Righini
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En la madrugada de hoy la policía cordobesa y la gendarmería desalojaron violentamente a familias en el barrio comunitario Parque  Esperanza, ubicado en el municipio de Juarez Celman, al norte de la ciudad de Córdoba.

Pese a que el barrio figura en el Registro Nacional de Barrios Populares -y a que está en el Congreso un proyecto de regularización de la situación de los mismos-, un juez ordenó el desalojo, que se cumplió violentamente en las primeras horas de la mañana.

Topadoras en la esperanza
Topadoras destruyendo las viviendas precarias (foto: Diana Righini)

El operativo ordenado por el juez Guerrero Marín se desarrolló con extrema violencia: los uniformados llegaron con topadoras, destruyeron las  viviendas e incendiaron bienes de las 120 familias que estaban en el lugar. Golpearon, hirieron y persiguieron a los vecinos por varias cuadras.

Fueron detenidas al menos 13 personas, las que fueron trasladadas a las comisarías de Colonia Caroya y Jesús María, según consigna el sitio web de La Nueva Mañana.

El resultado de este operativo es dramático: familias enteras con niños, con bebés, sin lugar donde guarecerse, llevando a cuestas las pocas pertenencias que lograron salvar de la violencia policial.

Niño desalojado
Niños sin resguardo por el desalojo en el Barrio Comunitario Parque Esperanza. Foto: Diana Righini

Entre las personas detenidas se encuentra una integrante de la Mesa de Derechos Julia Domínguez Aredez

Los vecinos responsabilizan a la intendenta radical de Juárez Celman, Myriam Prunotto, y al gobernador de la provincia Juan Schiaretti.

Mientras tanto, el Secretario de Desarrollo Social de Córdoba, Juan Tocalli, había asegurado que esa dependencia acompañará a las familias damnificadas, en declaraciones en las que intentó minimizar el problema consignando que sólo había 25 viviendas habitables.

Por la tarde continuó la represión: los vecinos intentaron acampar en cercanías del predio desalojado, cuando la policía arremetió con gases lacrimógenos. La radio Zumba la Turba dio cuenta de que entre las afectadas por esta nueva acción hay una reportera de la Red Nacional de Medios Alternativos y la diputada nacional Gabriela Estevez.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales denunciaron que ni el gobierno provincial ni el municipal realizaron gestiones para atender la situación de las familias que ocupaban el predio desde hace cuatro años.

El CELS también recordó que se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca regularizar la situación de las familias que no cuentan con título de propiedad ni acceso a dos o más servicios básicos. Dicha iniciativa propone declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación los terrenos que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares, entre los que se incluye el predio que hoy fue desalojado violentamente.

Mapa del RNBP, con Parque Esperanza
Parque Esperanza, en el mapa interactivo del Registro Nacional de Barrios Populares.

Este hecho pone de manifiesto que la prioridad de las autoridades, tanto nacionales como locales, no es brindar una solución a las familias que precisan de una vivienda digna; por el contrario, la represión es la respuesta habitual ante esta necesidad básica.

 

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