El gobierno da de baja pensiones por discapacidad

Stanley y diario
El Ministerio que dirige Stanley da de baja pensiones por incapacidad
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El Ministerio de Desarrollo Social comenzó a dar de baja a pensiones por discapacidad a partir de junio, en base a un decreto menemista cuestionado por organismos internacionales de Derechos Humanos.

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El Ministerio que dirige Stanley da de baja pensiones por incapacidad

Un artículo publicado por Clarín reveló que la cartera dirigida por Carolina Stanley resolvió quitar  pensiones por incapacidad sin previo aviso por la aplicación de un decreto “olvidado” del año 1.997. El medio citado corroboró varios casos, entre los que destaca la quita del beneficio cuando el cónyuge percibe una jubilación -aún la mínima- o cuando un familiar obra como tutor y percibe un ingreso formal desde $21.000. También se les suspendió la pensión a personas que compraron un auto, sin tener en cuenta que el mismo puede ser esencial para favorecer el desenvolvimiento de una persona con dificultades de locomoción, por ejemplo.

El decreto en cuestión estableció como requisito para otorgar una pensión que el beneficiario ni su cónyuge perciban alguna prestación previsional, ni tener parientes obligados legalmente a mantenerlos.

Esta normativa ya había sido cuestionada por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en sus Observaciones finales, el organismo había señalado su preocupación por “la normativa” (…) “sobre el acceso a pensiones no contributivas que discriminan directa o indirectamente a las personas con discapacidad, entre ellas, el requisito exigido por el Decreto Reglamentario 432/1997 “.

La legisladora Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, recordó que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional, según refleja Parlamentario.com.

Esta decisión se suma a las disposiciones del PAMI restringiendo el acceso a medicamentos gratuitos o el intento de modificar la fórmula de cálculo de sus haberes, reiterando la preferencia del gobierno de avanzar sobre derechos de sectores más postergados, en particular jubilados y pensionados, al tiempo que flexibiliza condiciones para quienes cuentan con mayores recursos.

 

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