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diarios 79 16
No es un déja vù
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Frente a los pedidos de liberación de Milagro Sala provenientes de la ONU, la OEA y la CIDH, prensa y gobierno repiten respuestas y estrategias de tiempos de la dictadura.

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No es un déja vù

En setiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaba la Argentina por haber recibido “denuncias graves de violaciones a los Derechos Humanos” en el país. 37 años después, el mismo organismo de la OEA urge al Estado Argentino a responder a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que dictaminó que Milagro Sala está en prisión arbitrariamente.

Es indudable que el contexto es diferente, que actualmente -y pese a que se acentuaron muchas prácticas represivas- Argentina no enfrenta una dictadura como la que reinó entre 1976 y fines de 1983. Sin embargo, las respuestas oficiales y la cobertura mediática guardan llamativas similitudes.

En estos días se habló de supuestas “embestidas contra la Argentina”, acaso una remake de la “campaña antiargentina” que construyeron los medios durante la dictadura; también se desautorizaron los dictámenes de los organismos instalando que no habrían tenido en cuenta todos los elementos, y se relativizó el carácter vinculante de esos pronunciamientos. Estas últimas estrategias también atravesaron los discursos frente a la creciente presión internacional durante la dictadura.

Cuando el llamado “Proceso de Reorganización” llevaba dos años y medio en el poder, la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA decidió realizar una observación in loco (en el lugar) sobre la situación en la Argentina. La dictadura no pudo desentenderse de esta decisión, legada a la pertenencia del país a la Organización de Estados Americanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mantiene una síntesis de prensa sobre la visita de la CIDH en 1979, donde se refleja el rol de los medios gráficos y los discursos de los militares y de dignatarios eclesiásticos respecto del tema.

Revista SOMOS
Revista Somos, cuestionaba la visita de la CIDH

La Nación del 6 de setiembre de 1979 valoraba la decisión del gobierno de facto de permitir la visita de la CIDH como una respuesta a “la campaña desatada contra nuestro país”. En otro artículo del mismo día se alude en el título a la “campaña antiargentina”, expresión que había cobrado fuerza en el oficialismo desde el año anterior y que actuó como aglutinador también en los medios, a través de la construcción de una hipotética agresión externa.

En los recortes que mantiene el CELS también se observan posiciones afines a las que hoy articulan las respuestas del gobierno nacional, los funcionarios jujeños y las editoriales de los medios dominantes.

El Secretario de Derechos Humanos de la nación, Claudio Avruj, se apuró a afirmar que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria “no es vinculante”. En el mismo sentido se expresó el Fiscal del Estado jujeñoMariano Miranda. En el ‘79, el diario El Territorio de Misiones reproducía la opinión del jurista Luís Alberto Tulasne, según quien las resoluciones de la CIDH carecían de efectos jurídicos; en tanto, el Arzobispo de San Juan Ildefonso Lasierra declaraba en La Nación que el gobierno no está obligado a aceptar que alguien “venga de afuera a hurgar cómo se actúa”.

Ahora que la propia CIDH llamó al gobierno argentinoa dar urgente respuesta, no se han visto referencias al fallo de la Corte Suprema del año 2013, en el que afirmó que el Estado está obligado a tener en cuenta esos informes (en referencia a los de la CIDH) y debe hacer sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones.

Una tercera estrategia que se reitera en estos días es la de desautorizar las apreciaciones de los organismos externos, a los que se les endilga “desconocimiento” de la verdadera situación. Así, ante las resoluciones sobre Milagro Sala, el gobernador Gerardo Morales sostuvo que el equipo de expertos desconoce “que se robaron 29 millones de pesos” (con lo que además el titular del ejecutivo adelanta conclusiones que le competen a la justicia)l

El propio presidente de la nación salió a afirmar que le parecía había una serie de delitos importantes que ameritaban que hubiese causas”, acaso confiando en que la aprobación que aún mantiene hacia su persona sea suficiente para obviar consideraciones legales y de derechos humanos.

La cobertura de los medios hegemónicos evita cuidadosamente ponderar los principales argumentos en los que se basan los dictámenes: el abuso de la prisión preventiva, los procedimientos cuestionables en los que se fundamentan las decisiones judiciales (como la asignación de los casos relativos a Sala a un funcionario judicial en particular), y la deficiente garantía de imparcialidad.

Los artículos suelen omitir información esencial para comprender los hechos. Así, cuando se reflejan las posiciones del Fiscal de Estado jujeño o del Fiscal de Acusación de la provincia, se saltea la aclaración de que ambos funcionarios han sido designados por el actual gobernador Gerardo Morales a comienzos de su mandato.

Se pretende, entonces, reproducir como objetivas las posturas de una de las partes; como diría Clarín años atrás, “total normalidad”.

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