Decreto para la represión

Macri da la mano a la represión
Salió el decreto reconfigurando las funciones de las Fuerzas Armadas
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El gobierno desoyó las críticas y modificó por decreto el ámbito de actuación de las fuerzas armadas, habilitando la intervención militar ante agresiones contra “la integridad territorial y la independencia política”. También eliminó las restricciones para adoptar hipótesis de conflicto referidas a la seguridad interior. 

Mediante el decreto 683/2018, el gobierno avanzó en la dirección anunciada ayer, desoyendo las críticas y advertencias de amplios sectores de la sociedad.

Macri da la mano a la represión
Salió el decreto reconfigurando las funciones de las Fuerzas Armadas

La norma reemplaza el artículo 3 del decreto 727/2006 que prohibía al Sistema de Defensa Nacional contemplar situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior en su formulación doctrinaria, en el adiestramiento, en la adquisición de  equipamiento, así como en actividades relativas a la producción de inteligencia. La resolución firmada por Macri, en cambio, reorienta estos aspectos a la realización de operaciones de “Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) u otros organismos internacionales”.

El decreto firmado por Macri, Marcos Peña y Oscar Aguad derogó también el decreto 1691/2006 que -entre otros aspectos- establecía que la principal función de las Fuerzas Armadas era la de “conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal”.

Críticas

Desde distintos sectores señalaron ayer que la intención del gobierno de utilizar las Fuerzas Armadas en seguridad interior preanuncia un endurecimiento de la represión, desarticula consensos básicos desde la recuperación de la democracia y se enmarca en el alineamiento oficial con la estrategia internacional de Washington.

El argumento oficial según el cual los militares deben participar de la “lucha contra el narcotráfico” y contra el terrorismo, así como la genérica referencia la defensa de “activos estratégicos” y al “ciberespacio”, despertaron preocupación ante las posibilidad de que impliquen una amenaza para el ejercicio de los derechos humanos.

Organismos de Derechos Humanos y referentes de todo el espectro opositor se manifestaron en contra de la decisión del gobierno de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior.

La Comisión Provincial por la Memoria consideró que la decisión de Macri “echa por tierra uno de los avances más significativos de la democracia, retrotrae la legislación a los tiempos de la dictadura militar y atenta contra la soberanía”.  El organismo público creado por la Cámara de Diputados de Buenos Aires destacó que la normativa actual “fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos”, ya que descansa en las leyes aprobadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y el Decreto regulatorio firmado por Néstor Kirchner en 2006.

En el mismo sentido, H.I.J.O.S. Capital expresó en su cuenta de Twitter su “rechazo a estas medidas anunciadas por el Gobierno de Macri, que representan profundos retrocesos en la lucha por la soberanía y la defensa de la democracia”.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que “este nuevo paradigma de las nuevas amenazas construye enemigos internos y aumenta la violencia. Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior pone en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”, al tiempo que recordaron que los militares “tienen prohibido intervenir en temas de seguridad interior”.

Desde Unidad Ciudadana también remarcaron que “Involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior es ilegal”. La organización política que conduce la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló además que la iniciativa implica “modificar tres leyes piramidales de la democracia argentina”, por lo que corresponde su tratamiento en el ámbito del Congreso nacional.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en tanto, recordó la posición del gobierno frente a la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, el apoyo a los policías responsables de casos de “gatillo fácil” y el impulso al “2×1” en favor de los genocidas. El espacio convocó “a todas las fuerzas gremiales, políticas, estudiantiles, sociales y de derechos humanos a expresar nuestro profundo repudio a estas medidas y el compromiso de lucha para que este plan nefasto no avance”.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) difundió su rechazo a “todo intento del gobierno de otorgar a las FFAA más injerencia en seguridad interior. Sólo significa más poder para reprimir, mientras aplicas duros planes de ajuste y entrega”.

También se escucharon voces cercanas al gobierno cuestionando la decisión: el referente radical Ricardo Alfonsín expresó su preocupación porque en el gobierno “no se escuchen otras voces”. El dirigente señaló además que las experiencias en otros lugares del mundo donde los militares intervinieron en la represión del narcotráfico “no ha sido satisfactoria”.

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