Caso Espinoza: policías de Tucumán actuaron como en la dictadura

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Un hecho de represión desmedida, golpes, secuestro, desaparición y muerte, seguidos por un pacto de silencio entre policías. El asesinato de Luís Espinoza en Tucumán demuestra que siguen vigentes mecanismos de terror usados durante la dictadura militar. Organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones sociales y políticas, exigieron justicia y pidieron protección para la familia.

Luís Armando Espinoza tenía 31 años y era padre de 6 niños. El 15 de mayo, en la región de Melcho (Departamento de Simoca), fue apresado y golpeado por la policía tucumana, cuando intentó intervenir ante la golpiza que le propinaban los efectivos a su hermano Juan. Éste escuchó disparos y vio cómo se llevaban arrastrando a Luís, a quien nunca más volvería a ver con vida.

Imagen del sepelio de Luís Espionoza, compartida por la peridista Mariana Romero @MarianaR31

Según los testimonios recogidos por diferentes medios, la policía había llegado al lugar por una denuncia de que se estaban realizando carreras de caballos. Según explicó la familia, los hermanos Espinoza estaban en el lugar de paso, luego de haber cobrado por sus labores.

En un principio, la policía de Monteagudo (unos 100km al sur de San Miguel de Tucumán) demoró un día en tomar la denuncia por la desaparición de Luís, y otro tanto en informar al Ministerio Público, de acuerdo a lo consignado por Gastón Rodriguez en Tiempo Argentino.

El domingo 17, familiares de Luís y pobladores de la zona protestaron para demandar respuestas del Estado por la desaparición de Espinoza. Realizaron un corte en la ruta nacional 157, una vía por la que circulan muchos camiones y que une San Miguel de Tucumán con el norte cordobés, pasando por la ciudad de Frías en Santiago del Estero.

Los testigos aseguraron que Luís fue trasladado en una camioneta Cangoo particular, no en un vehículo policial.

9 policías y un civil fueron imputados por el hecho, bajo la carátula de desaparición forzada. Dos de ellos, Claudio Zelaya y Gerardo González Rojas, fueron señalados como responsables por la muerte de Alan Andrada en octubre de 2018.

Reclamo de justicia

Organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones sociales y políticas, emitieron un documento en el que exigieron justicia por Luís Espinoza, al tiempo que reclamaron al Estado que se brinde protección a la familia. Los firmantes recordaron los numerosos casos de violencia institucional en la que estuvieron involucrados efectivos de las fuerzas de seguridad de Tucumán, como el asesinato por la espalda del niño Facundo Ferreira. «Se trata de violencia y está institucionalizada, es estatal y las
autoridades tienen que hacerse cargo, porque son responsables», manifestaron.

El comunicado lleva la firma de más de 50 organizaciones, entre las que cabe mencionar a la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, H.I.J.O.S. Tucumán, APDH Tucumán, CTA Autónoma, ANDHES, Liberpueblo, y a Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Tucumán.

También adhirieron entidades y personalidades de otros puntos del país, como Sergio Maldonado, Abuelas de Plaza de Mayo, diferentes filiales de H.I.J.O.S., APDH y de la CTA de los Trabajadores.

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