C.A.B.A.: Ciudadanos rigurosamente vigilados

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La Legislatura porteña se apresta a tratar hoy una reforma al Código Procesal Penal de la Ciudad que habilita el espionaje sin control y atenta contra la privacidad de las personas.

El derecho a la privacidad está establecida en numerosos Pactos Internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 12 que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere en su art. 17 que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.

Las características de las nuevas tecnologías, y la amplia difusión de dispositivos como celulares, computadoras, tablets, y otras, abren posibilidades de invasión a la privacidad mucho más profundas. En un celular -por ejemplo- se registra la posición en tiempo real mediante sistemas de GPS, dispone de cámaras y micrófonos, y almacena información sobre contactos, notas, correos electrónicos, conversaciones familiares, contraseñas de actividades sensibles, etc.  El acceso remoto a los mismos permitiría la obtención de toda esa información, sea o no relevante para la causa que supuestamente se investiga.

Gran Hermano Larreta
El gobierno porteño busca habilitar espionaje generalizado

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene previsto tratar hoy un proyecto de Reforma al Código Procesal Penal de la Ciudad que pone en grave riesgo el ejercicio de este derecho, habilitando formas de invasión injustificada sobre teléfonos, computadoras, tablets y otros dispositivos de uso personal. También deja abierta la puerta para que informantes, agentes encubiertos, agentes reveladores intervengan en relación con cualquier tipo de delito.

El texto propuesto prevé que el fiscal solicite “medidas probatorias” que impliquen “una intromisión en la intimidad del imputado” con el sólo acuerdo del juez y dejando para ello un “acta reservada”. El empleo de ese tipo de medidas no se limitarán a la investigación de determinados delitos graves: diversos organismos de derechos humanos señalaron que podría autorizarse el espionaje frente a contravenciones o delitos menores.

Entre las “medidas especiales de investigación”, el texto contempla “la utilización no ostensible de un software que permita o facilite el acceso remoto al contenido de ordenadores, dispositivos  electrónicos, sistemas informáticos, bases de datos o instrumentos de almacenamiento masivo de
datos informáticos”. Un software con tales características no sólo podría monitorear la actividad (cualquier actividad) de la persona investigada (y de quienes interactúen con ella): podría acceder a modificar o borrar archivos, conocer los contactos, etc.

El proyecto no propone restricciones claras a la duración del espionaje, ya que la medida puede ser prorrogada indefinidamente.

Tampoco establece mecanismos para resguardar la información obtenida ni para destruirla. La legisladora porteña Myriam Bregman expuso en un tuit los riesgos aparejados por esta indefinición; ayer publicó:  “¿Se imaginan si salieron escandalosamente x TV las escuchas entre la ex Presidenta y Parrilli lo que va a suceder en CABA cuando mañana con el nuevo código se autoricen escuchas indiscriminadas y sin ningún control?”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la aprobación de esta norma consagrará “un estado de excepción” al legalizar “una serie de normas violatorias de las garantías constitucionales”, estableciendo “como norma escrita el espionaje de la ciudadanía”.

Por su parte, un conjunto de organizaciones vinculadas con los derechos humanos publicó un documento titulado “La Legislatura porteña debate una reforma penal que habilita la vigilancia y
vulnera la intimidad personal”. El comunicado centra su atención en la habilitación del ” ingreso remoto a dispositivos como celulares y computadoras”, señalando que el mismo posibilita no sólo la intervención de las comunicaciones sino el acceso a muchísima más información, como la posición en tiempo real, claves de tarjetas de crédito, fotografías personales, etc. La inclusión del acceso a todo ese material no se vincula a los hechos que se investiga, ya que la norma no establece limitaciones de ningún tipo al respecto. Las organizaciones advierten que las intromisiones del Estado en la privacidad de las personas “deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas, en el marco de un proceso judicial que establezca claras y efectivas instancias de control”; no hacerlo permitiría ” injerencias abusivas y arbitrarias en el ámbito de la autonomía individual”.

El texto lleva la firma de Acces Now, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras organizaciones.

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