C.A.B.A.: Avance contra los derechos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
La legislatura porteña avanzó contra derechos democráticos
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La legislatura porteña aprobó las reformas al Código Procesal Penal de la Ciudad. Se incluye la figura del informante pago y se restringe el derecho a la defensa.

A último momento, el oficialismo retiró el artículo que habilitaba el espionaje remoto de celulares y equipos informáticos como parte de las “medidas especiales” de investigación. Sin embargo, el texto aprobado mantiene las figuras de “informante”, “agente encubierto” y “agente revelador”, además de permitir que las fuerzas de seguridad puedan diferir la asistencia legal para un detenido.

La resolución fue adoptada por 33 votos contra 24, contando sólo con los votos del oficialismo.

El titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, Hugo Corti, emitió un comunicado señalando que la nueva norma conlleva “graves restricciones a la libertad personal, además de limitar,  injustificadamente, el derecho a la defensa y la asistencia en juicio”.

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La legislatura porteña avanzó contra derechos democráticos

Hasta ahora, una persona detenida contaba con asistencia legal desde el primer momento, lo que posibilitaba el control de las condiciones de detención y el ejercicio eficaz del derecho a la defensa. Corti se pregunta qué razón habrá impulsado este cambio, cuando la tarea ha sido llevada a cabo por la Defensa Pública “sin generar conflictos ni discusiones judiciales”. El funcionario también advirtió que “cuando se alcanzan determinados estándares de protección, el legislador no puede tomar medidas regresivas”, menos aún en un contexto en el que esos cambios “carecen de toda justificación racional”.

La reforma también avanzó en la legalización de infiltraciones y delaciones pagas, las que podrán emplearse incluso para la investigación de delitos contravencionales; sólo bastará con que el juez considere que se trata de un hecho complejo para habilitar estos recursos.

Otro cambio cuestionado es el de la extensión del plazo de detención, situación que podrá mantenerse hasta por 72 horas. Al respecto, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Federico Efron señaló que el cambio incumple estándares internacionales que abogan por el inmediato control de las detenciones por parte de un juez, informó Tiempo Argentino.

Varios legisladores de la oposición cuestionaron el apuro del oficialismo en aprobar esta norma. a la que se le realizó cambios de último minuto sin que fuera girado nuevamente para su tratamiento en comisión. También hubo coincidencia en que estos cambios se instauran en el marco de la creciente criminalización de la protesta y de restricciones en los derechos democráticos.

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