Autoritarismo de proyección internacional

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Argentina decidió unilateralmente vetar la participación de integrantes organizaciones críticas en la próxima cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Una mirada al listado revela las prioridades del gobierno nacional.

La decisión del gobierno argentino recibió calificativos como “inédito”, “escandaloso”, “preocupante”, de parte de diversas organizaciones relacionadas con los derechos civiles en todo el mundo; también hubo duras críticas vertidas por medios periodísticos

No a los antiglobalizadores
Inédito: el gobierno Argentino impide que participen del encuentro de la OMC a decenas de organizaciones críticas

Diversos participantes que ya estaban acreditados ante la OMC recibieron una notificación de parte la misma en el que se les informa que el gobierno argentino “ha decidido denegar su acreditación” por razones “no especificadas”, pese a que ya habían sido debidamente aceptados por el organismo.

En la notificación la OMC señala que había preguntado reiteradamente al gobierno de Macri sobre esta decisión, pidiendo que el propio país anfitrión informara a los afectados; no obstante, y estando próxima la realización del evento, el organismo decidió comunicarlo directamente.

Según informó el Financial Times, se trata de alrededor de 60 activistas de organizaciones ambientalistas y antiglobalización. Son más de 20 las organizaciones rechazadas por esta decisión.

Para el importante medio financiero, la actitud constituye “una mancha para los esfuerzos del gobierno pro empresarial de Mauricio Macri en abrir la economía argentina”.

La medida es considerada inédita ya que, salvo para algún caso puntual, no ha ocurrido en otros encuentros que el país anfitrión negara el ingreso masivo de participantes.

¿Quiénes fueron rechazados?

La lista de participantes rechazados por el gobierno argentino permite dar una idea de las voces que no quiere que se escuchen.

Uno de ellos es Nick Dearden, director de Global Justice Now, una organización que se define como “parte de un movimiento global para desafiar a los poderosos y crear un mundo más justo”.

Dearden se enteró ayer que había sido rechazado por el gobierno argentino, apenas 10 días antes del comienzo del evento en Buenos Aires. Su organización participó de estos encuentros desde hace más de una década, llevando una voz desde la sociedad civil que se ve afectada por las políticas comerciales, y nunca había recibido un trato similar de parte de las autoridades de un país anfitrión.

Para Sam Cossart-Gilbert, vocero de Friends of The Earth, la expulsión de organizaciones de la sociedad civil “socavará la legitimidad” de la OMC , advirtiendo que los acuerdos comerciales afectan a la vida de las personas, por lo que no deben discutirse en secreto, a puertas cerradas”.

Otro vocero de la misma organización, Alberto Villarreal, señaló que la lista negra de Macri “revela la verdadera cara de este gobierno: corporativo, neoliberal, y al servicio del 1% de la población”.

Para Iván Enrile, de People Over Profit (Filipinas), la expulsión de las organizaciones pone de manifiesto que “la agenda a favor de las grandes empresas va a dominar las negociaciones en Buenos Aires”.

Entre los rechazados también figura Javier Pallero, abogado especialista en derecho informático e integrante de Access Now, entidad que trabaja sobre los derechos digitales de los usuarios, abordando temas como la seguridad digital y la privacidad en las redes. Pallero es uno de los numerosos especialistas que expusieron en contra de la implementación del voto electrónico, una de los proyectos más controvertidos e injustificados del gobierno macrista.

Otras de las organizaciones afectadas por el veto del gobierno de Macri son el Instituto del Mundo del Trabajo, dependiente de la Universidad de Tres de Febrero; 11.11.11, coalición de ONGs de origen belga orientada a luchar contra la pobreza;  Derechos Digitales, de origen chileno, que promueve los derechos humanos en el ámbito digital; y  la fundación ambientalista Siemenpuu, formada por diversas organizaciones y financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.

Un grupo de organizaciones civiles difundió un comunicado en el que señalan el carácter “irónico” de que Argentina asuma la presidencia pro témpore del G20 justo el día en que se conoce la exclusión de estas organizaciones.

El comunicado en cuestión concluye que la medida constituye “un precedente escandaloso y preocupante” tanto para la OMC como para futuros eventos organizados por “gobiernos represivos”

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