A la medida de la impunidad

Download PDF

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia que condenaba a un empresario que colaboró en la represión durante la dictadura. Los antecedentes de los camaristas hacían temer una resolución así.

Sala III CFCP
Sala III, Cámara Federal de Casación Penal

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques consideraron en su sentencia que no constituye un delito de lesa humanidad la colaboración del empresario Marcos Levín en las detenciones, tormentos y secuestros del dirigente gremial Víctor Cobos durante la dictadura militar.

Los magistrados entienden que esos delitos no se enmarcaron en un plan sistemático, por lo que declararon la nulidad de la sentencia que había condenado a Levín a 12 años de prisión, ordenando que la causa vuelva al tribunal de origen para que emita un nuevo fallo en el que no considere a los delitos como de lesa humanidad.

Un fallo que no sorprende

La integración del tribunal no da lugar a demasiadas sorpresas.

Eduardo Riggi llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 1999, de la mano de Carlos Menem. En aquel momento, su designación -junto a la de otros magistrados- impulsó la renuncia del entonces Ministro de Justicia León Arslanián, quien calificó a los nueves jueces como “esperpentos”. Sus antecedentes más lejanos no lo emparentan tampoco con los ideales democráticos: integró la Cámara Federal en lo Penal (conocida como El Camarón) creada por el dictador Alejandro Agustín Lanusse, fue cesanteado en el gobierno de Cámpora, pero llegó a Juez por designación de Jorge Rafael Videla en 1978 (Ver en justiciapedia, de chequeado.com).

Fallo
Polémico fallo de la Cámara de Casación

Riggi fue uno de los firmantes, junto a Gemignani, del fallo que dictó la falta de mérito para Pedro Blaquier en la causa que se le seguía por delitos de lesa humanidad contra trabajadores del ingenio Ledesma y contra pobladores de las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua. El magistrado había sido recusado por la querella en esa causa, dado que por entonces estaba acusado de querer beneficiar al sindicalista José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Otro fallo polémico firmado por Riggi fue el que anuló las condenas contra los acusados por la llamada Masacre de Capilla del Rosario; junto a la camarista Liliana Catucci entendió que al haberse producido los hechos en el marco de un gobierno constitucional, no correspondía considerarlos como delitos de lesa humanidad. El fiscal De Luca presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por este fallo, lo que fue avalado por Eduardo Casal, Procurador General ante el máximo tribunal.

Juan Carlos Gemignani, en tanto, ocupó los titulares de la prensa hace poco más de un año por haber dispuesto la detención de la prosecretaria de Cámara María Elena Expucci por el supuesto delito de haber “desobedecido” una orden judicial. En el portal La Política Online relataron que Gemignani ordenó la detención e incomunicación en el propio edificio de Comodoro Py.

Gemignani, quien llegó a la Cámara de la mano del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue denunciado por Expucci por “privación ilegítima de la libertad”.

Para conocer el perfil ideológico del magistrado hay otro dato clave: en noviembre del año pasado recusó a a la fiscal Paloma Ochoa por haber participado de una marcha por #NiUnaMenos.

El tercer elemento del tribunal es Carlos Mahiquesel que llegó a la Cámara por decreto del presidente Macri, sin haber concursado nunca para ocupar esa posición en el fuero federal, según explica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la presentación en la que piden la anulación de su integración a esta cámara.

El CELS expresó su preocupación por la intervención de Mahiques en una causa por delitos de lesa humanidad en la  que el organismo actúa como querellante. Precisamente, uno de los argumentos para solicitar la nulidad de la designación es que su idoneidad para intervenir jurídicamente en delitos federales nunca fue acreditada.

Por consideraciones similares, el Colectivo Nacional Mario Bosch -que reúne a abogados querellantes en delitos de lesa humanidad- denunció penalmente a Macri, Garavano y al propio Mahiques.

El camarista designado por decreto se desempeñó anteriormente como ministro de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y sus vínculos con el gobierno ponen en serio riesgo la imparcialidad de esta Cámara, en cuyo seno se tramitan no sólo delitos de lesa humanidad sino también aquellos que tienen que ver con causas de corrupción.

About ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación

View all posts by ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación →

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *