2017: Retrocesos y Resistencia

Pañuelos contra el 2x1
Un instante clave: la enorme movilización contra el 2x1 levanta pañuelos blancos
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El año estuvo marcado por nuevos retrocesos en materia de políticas de derechos humanos, no sólo en lo referente a la Memoria, Verdad y Justicia respecto de los crímenes de la dictadura sino también en el endurecimiento de la criminalización de la protesta y la persecución de opositores.

 

Políticas de Memoria, Verdad y Justicia

En su informe anual sobre Derechos Humanos en la Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que las decisiones judiciales que beneficiaron a represores se produjeron en el contexto de  “la introducción de diferentes posiciones y controversias orientadas a minimizar el terrorismo de ­Estado” por parte del gobierno de Cambiemos.

En ese sentido, la intención original de modificar la fecha del feriado del 24 de Marzo formó parte de esa perspectiva oficialista, que sirvió de paraguas para las diversas medidas en favor de la impunidad de genocidas.

El rechazo masivo al “2×1”

El 3 de mayo la Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del “2×1” en el cómputo de la prisión preventiva para el caso del genocida Luis Muiña. La decisión, tomada con el voto de los jueces propuestos por Macri junto a la magistrada Elena Highton, permite una reducción de la pena efectiva y abre la puerta a que otros genocidas reduzcan su tiempo en prisión.

Pañuelos contra el 2x1
Un instante clave: la enorme movilización contra el 2×1 levanta pañuelos blancos

Como respuesta, el 10 se produjo una masiva movilización a Plaza de Mayo convocada desde la totalidad de los organismos de Derechos Humanos.

La multitud movilizada ese día en Buenos Aires se estima que fue de 500.000 personas; pero también hubo numerosos y nutridos actos en todo el país.

Las oradoras representaron al amplio abanico de la lucha por los derechos humanos: Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), Taty Almeida y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).

El rechazo social a la decisión de la Corte obligó a que el Congreso aprobara de manera unánime una ley prohibiendo “la amnistía, indulto o conmutación de pena de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

Los genocidas que se van a sus casas

En el año varios represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron beneficiados con prisión domiciliaria.

La actitud de muchos magistrados puede ilustrarse con la decisión del Juez Walter López Da Silva, quien otorgó el beneficio a Osvaldo Pallero -un civil que recién pudo ser procesado en 2015 en relación con crímenes cometidos por la Triple A- por “la profunda depresión” que presentaba el acusado.

El fin de año llegó con el otorgamiento de la reclusión domiciliaria en favor de Miguel Etchecolatz,  uno de los íconos de la represión de la dictadura y cuyas vinculaciones con el aparato represivo indudablemente continúan existiendo.

Un relevamiento realizado por Infobae dio cuenta de que a octubre de este año más de la mitad de los represores condenados o procesados ya cumplía prisión domiciliaria.

La escalada represiva

En enero se produjo una violenta represión contra la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la que resultaron heridos varios integrantes de la comunidad (algunos de ellos de gravedad). Se comprobó que los efectivos dispararon balas de goma a la parte alta del cuerpo y desde corta distancia, lo que significa un riesgo grave para la salud de las personas y contradice los protocolos de acción con ese tipo de armamento. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería y de la infantería de la Policía de Chubut.  Recién la semana última fue procesado Julio Alberto Solorza, Oficial Principal de la policía chubutense, acusado de “tentativa de homicidio agravado” y “abuso de autoridad”, entre otras causas (En Estos Días)

Este hecho marca el inicio de un año en el que se acentuó el accionar represivo contra las protestas sociales. La tendencia queda reflejada en las estadísticas elaboradas por el Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA), que hasta noviembre de 2017 se registraron 56 hechos de represión, totalizando un promedio superior a 5 por mes. El estudio pone de manifiesto que en el gobierno de Cambiemos -hasta el mes pasado- se había detenido a 354 manifestantes y habían sido heridos alrededor de 328. (Tiempo Argentino)

El trabajo de CEPA no alcanzó a incluir los datos de la represión en diciembre, en los que hubo cerca de un centenar de detenidos entre los días 13 (protesta contra la OMC), 14 (Primera marcha contra la reforma previsional) y 18 (segunda movilización contra la reforma previsional).

En referencia a estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa expresando su “preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina” .

La CIDH también destacó un aspecto que ha ido cobrando mayor relevancia en la política represiva oficial: la búsqueda de restringir la cobertura de las acciones de las fuerzas de seguridad, demonizando especialmente a los medios comunitarios, alternativos y populares.

Represión seguida de muerte

Dos casos señalan graves hitos en el recrudecimiento represivo: la muerte de Santiago Maldonado luego del violento desalojo de Gendarmería contra la Pu Lof en Resitencia de Cushamen (1 de agosto) y el asesinato de Rafael Nahuel de un balazo en la espalda, cuando un grupo de prefectos del Grupo Albatros perseguía a integrantes de la comunidad de Lafken Winkul Mapu junto al lago Mascardi, Río Negro.

En el primer caso, el gobierno y la prensa masiva generaron versiones e hipótesis sobre lo sucedido, el primer juez hasta arriesgó opiniones antes de sacar conclusiones dentro del expediente, y se omitieron o demoraron pericias clave para determinar lo sucedido.

Se revelaron los elementos de la estrategia del gobierno de construir un enemigo ubicuo y supuestamente poderoso, que justifique la creciente criminalización de toda protesta y la violencia represiva a niveles que no se veía desde hace años.

Con el asesinato de Nahuel, la Ministra de Seguridad y el Ministro de Justicia dieron voz a la posición del gobierno, basada en tomar como verdad a las afirmaciones de la fuerza represiva, y al mismo tiempo instalar la idea de que existe una organización de carácter terrorista.

Días antes, Infobae había titulado que “La Resistencia Ancestral Mapuche usurpó un Predio de Parques Nacionales”; fue este organismo el que presentó la denuncia por la cual el juez Villanueva ordenó el operativo de desalojo y que desembocó en la persecución posterior en la que mataron a Nahuel. El artículo no lleva firma y abunda en textos parciales atribuidos a la RAM sobre el aval a “todas las formas de lucha” y vinculando esas posiciones con los rostros tapados de los mapuches que ocuparon el territorio mencionado.

Nadie de la lof en cuestión, Lafken Winkul Mapu, reivindicó en ningún momento a la RAM, y la información recogida en el lugar de ningún modo sostiene la hipótesis de “enfrentamiento” que las máximas autoridades afirmaron en boca de la Ministra de Defensa.

Como señaló Daniel Cecchini en la Revista Zoom, la construcción de un enemigo se asienta en tres patas: criminalización de la protesta, represión y bombardeo mediático.

Represión y persecución

La represión a las protestas contra la Reforma Previsional marcó en varios sentidos una nueva etapa en la escalada criminalizadora.

Los grandes medios, con la casi unanimidad que construyó el gobierno en estos años, hicieron hincapié en la supuesta violencia de los manifestantes, exagerando los indicios de coordinación y el poder material de los sectores que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad; al mismo tiempo, borraron del horizonte visible -al menos, a través de ellos- la violencia represiva, la ostensible arbitrariedad e ilegalidad de numerosas detenciones, y las múltiples heridas provocadas a manifestantes y comunicadores, que ni siquiera tenían relación con los grupos que actuaron de una manera más decidida contra el vallado punitivo.

Gasearon a Mayra Mendoza
La diputada nacional Mayra Mendoza recibe directamente gas lacrimógeno en la cara

Pero luego hay dos hechos que indican una peligrosa profundización de esta línea que pone en riesgo a los derechos humanos e incluso al Estado de Derecho:

Por un lado, la denuncia ante la justicia contra 10 legisladores de la oposición a quienes acusó de buscar impedir la sesión en la que se aprobó el cuestionado proyecto, de amenazar a las fuerzas de seguridad y de impedir detenciones.

Los involucrados en la demanda oficialista son 8 legisladores nacionales del Frente para la Victoria, uno del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y una legisladora de la ciudad de esta misma fuerza.

Para sustentar la presentación judicial, el gobierno apela a la versión de Gendarmería (en línea con la afirmación oficial de que a la misma se le da carácter de verdad), a vídeos y testimonios de gendarmes. El oficialismo pretende aplicar el artículo 226 del código penal en lo que refiere a “impedir, aunque sea temporariamente” el ejercicio de la función constitucional de legislar que compete al Congreso. Lejos quedan los llamamientos públicos de la diputada Elisa Carrió, que en 2013 llamaba a una movilización para impedir que se apruebe la reforma judicial que impulsaba el anterior gobierno. Evidentemente, la doble vara es uno de los recursos predilectos del oficialismo.

Por otro lado, el informe conjunto elaborado por el Ministerio de Seguridad y los gobiernos de las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro en el que insisten en la amenaza de la RAM, pero extendiendo sus supuestos vínculos con todo tipo de organizaciones que reivindican los reclamos indígenas, e incluso involucra a medios de comunicación independientes.

El informe se explaya en el supuesto armamento atribuido a la entidad denominada RAM, con profusas fotografías de serruchos, martillos, motosierras y otros objetos de uso habitual en el trabajo. Tales revelaciones aparecen como francamente descabelladas frente a la comparación con el arsenal encontrado en un local de Coto o las 93 armas de guerra encontrados en la casa del concejal oficialista Maximiliano Carigilino.

Prisiones de origen político

Estas posturas también aparecen como continuidad de la detención de numerosos dirigentes opositores, muchos de ellos funcionarios del gobierno anterior. La llamada “doctrina Irurzún”, que habilita a dictar prisión preventiva por las amistades del imputado que tendrían poder para obstaculizar las causas en las que se los investiga, sirvió de sustento para las detenciones de Amado Boudou, Carlos Zaninni, Héctor Timmerman y otros ex funcionarios; pero la rapidez para disponer de la privación de la libertad, soslayando el principio de presunción de inocencia, también alcanzó a Luis D’Elía y Fernando Esteche. En el caso de estos últimos, la mentada amistad no les alcanzó ni siquiera para evitar su segregación de las listas de Unidad Ciudadana que encabezó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Así, este conjunto de ex funcionarios de alto rango y de militantes de organizaciones afines al kirchnerismo se suman a los detenidos de la Tupac Amaru en Jujuy y a la de Facundo Jones Huala, cuyo juicio de extradición había caído por irregularidades pero se le inició uno nuevo y con el acusado bajo prisión preventiva.

En los últimos días, las detenciones en la provincia que conduce Gerardo Morales de dirigentes del sindicato del Ingenio La Esperanza y de otro comunicador popular, muestran que los lineamientos esgrimidos desde las autoridades nacionales se extienden a lo largo de todo el país.

Resistencias

El fallo del 2×1 no fue el único ataque a las libertades y los derechos que motivó una masiva expresión popular; la desaparición del joven Santiago Maldonado y el posterior hallazgo de su cuerpo fueron instancias en las que el reclamo alcanzó dimensiones importantes. A pesar de la presión de los medios, una gran proporción de la sociedad mantuvo su convicción de la responsabilidad de la Gendarmería, ya que Maldonado fue visto por última vez durante la represión de esa fuerza contra la comunidad mapuche.

También fue importante el acto en el que CORREPI presentó su Informe de la Situación Represiva Nacional, desde una mirada de la violencia estatal que integra también al gatillo fácil, otras manifestaciones de violencia institucional e incluso las que resultaron de la acción de integrantes de las fuerzas de seguridad aunque no se produjeran en el marco de operativos oficiales.

El anuncio hace apenas tres días de la recuperación de la nieta n° 127 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo es una muestra más de la vitalidad de los movimientos de derechos humanos en el país.

Con las reformas impuestas a última hora por el gobierno, y la necesidad que asume el oficialismo de restringir aún más el gasto público, permiten imaginar un 2018 en las que las restricciones al derecho a la protesta tiendan a profundizarse. Si tal es el sino del año entrante, seguramente traerá nuevas expresiones de resistencia.

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