Niño veneno

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Macri calificó de «irresponsable» a un fallo de la justicia entrerriana que puso freno a la aplicación de agrotóxicos cerca de escuelas rurales.

Durante la conferencia de prensa realizada ayer en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, el Presidente de la Nación volvió a embestir contra un fallo con el que no concuerda; como en otras ocasiones, el mandatario elige tomar partido por los intereses particulares de un sector en desmedro de necesidades y derechos colectivos.

La descalificación de Macri apunta al fallo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia mesopotámica. que ratificó una sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Civil II por la cual se prohibieron las fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de las escuelas rurales. mientras que las aplicaciones por vía aérea deben realizarse a más de 3.000 metros de las instituciones educativas. La decisión ratificada también ordenaba al Estado realizar estudios exhaustivos que permitan fijar pautas científicamente sustentadas e implantar barreras vegetales a 150 metros de las escuelas, lo que redundaría en una menor contaminación.

Macri y Frigerio
Macri y Frigerio, en Conferencia de Prensa en la Sociedad Rural de Gualeguaychú

En el vídeo de la Casa Rosada disponible de YouTube, puede escucharse a los 5’17» que el Presidente dice: «la otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial y productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes» «si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país  en este país, en las últimas es el de Cambiemos. Para mí es un tema central el medio ambiente», sostuvo sin que se adviertan gestos de ironía.

Como se señaló más arriba, la decisión judicial criticada por Macri fijó límites a la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales (las de los ejidos urbanos ya están protegidas explícitamente por la legislación vigente). El mandatario hizo propias las críticas de un sector de productores agropecuarios que sostienen que la prohibición dispuesta inhibiría cualquier explotación agrícola en los alrededores de un establecimiento educativo; sin embargo, desde las organizaciones demandantes explicitaron que la decisión sólo concierne a agrotóxicos, y que de ningún modo afectan a actividades como la agricultura orgánica o la ganadería.

En el fallo del Tribunal, el juez Miguel Angel Giorgio se expresó de manera contundente: » hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños -y docentes- que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están»; la ausencia de una normativa protectora no exime al Estado de su responsabilidad para con la salud de la población y -en cambio- justifica que se busque reparar la situación mediante un recurso judicial, como lo hicieron el Foro Ambiental y la AGMER (sindicato docente de la provincia).

El gobierno al servicio de la agroindustria

La acción del gobierno que encabeza el justicialista Gustavo Bordet adoptó la misma posición que reflejó Macri en su discurso.

Frente al amparo presentado por el Foro Ecologista y la AGMER, el gobierno entrerriano puso su acción al servicio de los intereses de los productores agroindustriales, desatendiendo las consecuencias para la salud de la población. La Fiscalía de Estado, que dirige Julio César Rodriguez Signes, se opuso al planteo de las organizaciones aduciendo que se trataba de un problema «individual», y que cada persona que se viera perjudicada por la aplicación de agroquímicos tenía la posibilidad de litigar por su propio caso.  En el fallo de la Cámar Civil , el juez Oscar Benedetto advirtió sobre la postura del Estado provincial, que «-lejos de brindar una propuesta conciliadora o plan de acción sobre la problemática- se ha mantenido intransigente en su postura» de considerar improcedente el planteo de las organizaciones sociales.

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo, el Fiscal Adjunto de la provincia -Sebastián Trinadori- presentó la cuenta antojadiza que esgrimen los agroindustriales y que retoma el discurso presidencial; según el fiscal, con 832 escuelas primarias y 137 secundarias en zonas rurales, la prohibición tornaría «inviable el sistema productivo entrerriano».

El argumento de Trinadori expone crudamente la visión oficial, y su adhesión por parte de la fiscalía de Estado: el único sistema productivo que el gobierno admite es el agroindustrial, sin importar los cuestionamientos que el modelo recibe por sus implicancias ambientales ni por el riesgo para la salud de las personas. Al mismo tiempo, deshecha completamente la posibilidad de desarrollo de otros modelos de producción.

Abogados repudian a Macri

La Red Ambiental de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA) difundió un comunicado en el que repudian «enérgicamente» las palabras de Macri en la conferencia de prensa. La entidad enfatizó que el fallo se refiere a la fumigación con agrotóxicos y no al uso de fertilizantes -como dijo Macri-, lo que atribuyó a la «profunda ignorancia -y falta de escucha real a los productores- del Sr. Presidente en la materia». El documento también señala que la intervención presidencial «constituye una intromisión indebida e ilegal en las atribuciones constitucionales de otros poderes del Estado, violando así la división de poderes y la forma republicana de gobierno que exige nuestra Constitución Nacional».

Lxs letradxs cuestionaron al Presidente que «se permitió opinar que el fallo carece de rigor científico. Sin embargo, son innumerables los estudios científicos –tanto nacionales como internacionales -que dan cuenta de los daños a la salud y vida de nuestros gurises, y que sirven de robusto respaldo a la sentencia. invitamos al Sr. Presidente a informarse sobre dichos estudios para emitir en lo sucesivo una opinión fundada», y reclamaron que «se retracte públicamente de sus dichos y que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en nuestra Constitución Nacional».

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